Los crímenes y amenazas contra líderes sociales en Colombia no tienen un solo responsable a nivel nacional; por el contrario, responden a múltiples actores. Sin embargo, sí hay similitudes en los hechos de violencia debido a los temas sobre los cuales trabajan los líderes.

Estas fueron algunas de las conclusiones de un trabajo investigativo hecho en tres regiones del país (Urabá, Cauca y Caquetá) por un programa de investigación de la Universidad Externado de Colombia y supervisado por la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), que se presenta este miércoles.

Las amenazas y acciones no se centran en un tipo específico de líder, sino en la cualidad de serlo; y se generan cuando los intereses de los líderes se traslapan o inciden en ciertas dinámicas criminales que existen en diferentes regiones (minería, narcotráfico, tenencia de la tierra, entre otros), “en donde el Estado a través de sus instituciones tiene una presencia bastante precaria, y en algunos casos, cooptada”, cita el informe.

Entre otros motivos de ataques, están la defensa del medio ambiente, la implementación de los acuerdos de paz y la sustitución de cultivos ilícitos.

Carlos Montoya Cely, investigador de Pares, aclaró que, aunque el trabajo de campo se realizó entre noviembre y diciembre de 2017 y enero de 2018, y si bien la problemática ha tomado mayor visibilidad desde la semana pasada debido a la escalada de violencia presentada, es un tema que ha estado presente incluso desde antes de la firma del acuerdo de paz, el 24 de noviembre de 2016.

Hasta la semana anterior y desde entonces, Pares había reportado 157 homicidios contra líderes sociales.

Montoya señaló que los casos analizados tienen unas “características particulares,” que complejizan el fenómeno frente a los hechos de victimización que se habían reportado con anterioridad en el país.

“Colombia tiene antecedentes de violencia política o relacionada hacia estos hechos bastante amplia, lamentablemente, como el caso de la Unión Patriótica, por ejemplo; pero el fenómeno que se evidencia hoy en día tiene tres características particulares: la periodicidad de los hechos violentos y los perfiles de las víctimas y victimarios”, le detalló el investigador a la Agencia Anadolu.

Primero, cada tres días desde la firma de la paz, están matando un líder social y cada día y medio hay algún tipo de agresión.

Segundo, los perfiles de los líderes sociales: líderes comunales, presidentes de juntas de acción comunal, de organizaciones sociales que tienen pretensiones de participar en política; líderes que están denunciando, promoviendo o protegiendo espacios relacionados con el medio ambiente; y líderes que está en mesas de víctimas pero que también están relacionados con asuntos y derechos de restitución de tierras.

Además, los perfiles de las víctimas se acomodan a dinámicas y lógicas propias de los territorios: “si bien hace unos años la violencia era generalizada contra una organización o movimiento, hoy en día, de acuerdo con las dinámicas territoriales, los liderazgos se vuelven objeto de victimización, independientemente de su filiación política”, agregó.

Y tercero, el caso de los victimarios, que es mucho más complejo. “A los líderes no los está matando una sola organización armada ilegal. Los victimarios también responden a unos factores territoriales”, asegura Montoya.

La hipótesis desde Pares, “es que en la medida en que las organizaciones criminales están detrás de estos homicidios, pareciera que es un servicio criminal que prestan, mas no una actividad que está dentro de su organización”.

Lo que señala el investigador es que mientras anteriormente los paramilitares infiltraron las universidades en el norte del país con la intención de señalar los liderazgos que pudiesen manifestarse o tener simpatía con ideas de izquierda, “en este caso lo que hemos encontrado es que la organización ilegal no está pensando a qué líder social asesinar, sino que presta un servicio criminal, en la mayoría de los casos, una oferta sobre acciones de sicariato o amenaza, personas que los contratan para violentar contra líderes sociales, incluso desde la legalidad… algo más complejo”.

Otro de los hallazgos del documento señala que no se puede hablar de una “sistematicidad” en las agresiones a los líderes sociales a nivel nacional, “dado que no hay un plan maestro claro orquestado por un grupo armado específico, una regularidad en las acciones violentas, ni un único patrón de violencia para todos los hechos victimizantes que han enfrentado los líderes sociales”. En cambio, hay violencia selectiva contra ciertos grupos específicos de la sociedad civil.

“Si bien no existe sistematicidad desde la perspectiva jurídica, sí se podría llegar a afirmar que hay una victimización constante, orientada a ciertos tipos de liderazgos y temas en común que defienden los líderes, quienes han sido objeto” de hechos violentos perpetrados por diversos tipos de actores, “cada uno con intereses particulares”, aclara el documento.

En palabras de Andrés Macías, investigador, docente y tutor del proceso investigativo del Externado, “legalmente no sería correcto hablar de una sistematicidad de acuerdo a la definición de sistematicidad de crímenes de lesa humanidad que tiene la Corte Penal Internacional, pero sí puede haber una sistematicidad cuando los ataques ocurren por acciones que van en contra de los intereses de las organizaciones criminales”.

Giovanni Quintero, uno de los investigadores que participó en el estudio, señaló que de acuerdo a cada región cambian los actores criminales, “pero en común están los grupos paramilitares (como el Clan del Golfo, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el Clan Úsuga, los Urabeños); algunas disidencias de las Farc-EP, así como bandas no identificadas que tienen un interés en mantener economías ilegales y el control de las rutas del narcotráfico”.

En cuanto a las regiones, se puede destacar lo siguiente:

En Caquetá, además de la sustitución de cultivos, la minería, la explotación petrolera, la tala ilegal de madera y el tráfico de la misma generan muchos riesgos para los líderes. Además, se está presentando reclutamiento forzado por parte de las disidencias de las Farc.

En Cauca es el narcotráfico en casi un 100% el principal factor de riesgo. Además, en estas dos regiones, la problemática ha surgido a raíz de la desaparición en el territorio de las Farc tras los acuerdos de La Habana, “lo que ha generado la disputa por el control territorial por parte de los diferentes Grupos Armados Ilegales”.

Entre tanto, en Urabá, se observa como principal riesgo para los líderes, en su mayoría afrodescendientes, el reclamo de sus derechos, a través del proceso de restitución de tierras.

Un caso que resalta el documento es el de José Antonio Saldarriaga, un líder social, dirigente ambiental y campesino e integrante de la Mesa Departamental para la Defensa del Agua y el Territorio del Caquetá, que ha sido objeto de amenazas recientes “por su férrea oposición a la presencia de las multinacionales petroleras” en la región, espacialmente en el municipio de Valparaíso.

Este hombre, detalla la investigación, ha sido reconocido “por su importante liderazgo en contra de la exploración minera por parte de la empresa Emerald Energy”. Según declaraciones dadas a medios locales por este líder social, ha sido amenazado desde que emprendió la lucha contra las empresas minero-energéticas, situación que ha empeorado desde noviembre de 2017, por considerarlo como una “piedra en el zapato para el proyecto extractivista”.

Concretamente, “Saldarriaga afirmó que fue objeto de amenazas por parte del gerente corporativo de Emerald Energy, el coronel retirado Luis Miguel Angarita (…)”, quien le dijo que “se cuidara” porque algo le podía pasar: “que yo era un aparecido y que nada tenía que hacer acelerando a las comunidades; me dijo que algo grave me podía ocurrir si seguía en eso”.

Otros casos similares registrados por la investigación tienen que ver con empresarios del Bajo Atrato chocoano y el Urabá Antioqueño, quienes, según unos 50 líderes de la región, “se quieren quedar con sus tierras a cualquier costo, incluso haciendo alianzas con grupos al margen de la ley como miembros del Clan Úsuga que delinque en esta región del país”.

Frente a estos casos, Montoya señala que es importante aclarar que dentro de los territorios, las mismas poblaciones han comenzado a identificar y visibilizar cuáles son sus posibles riesgos. “La recomendación está en reconocer y entender que el lenguaje que se trabaja a nivel territorial debe llamar la atención, no solo para señalar si las personas fueron victimizadas, sino para que ellas mismas generen protocolos que les permitan blindarse de estos señalamientos en caso de que no lo estén haciendo”.

El investigador aclara, sin embargo, que “aunque los responsables directos se determinan de acuerdo a las instancias judiciales y luego de una investigación y fallo judicial, el que haya un señalamiento territorial de las acciones directamente a un sector, llama la atención para comenzar a generar unos protocolos de seguridad”.

A nivel general, resalta Quintero, se puede concluir que falta “mucha institucionalidad en las regiones, que es necesario descentralizar la política antidrogas y de seguridad”, y que el nivel de protección estatal que se ofrece no es el adecuado.

Igualmente, se constató que hay casos en regiones, en las que los líderes están siendo estigmatizados por los mismos gobiernos locales, lo que conlleva a que los asesinen.

“En Caquetá, el Gobernador y los alcaldes de las principales ciudades son del Centro Democrático, y una de las razones por las que más han asesinado líderes, dicen allá, se debe a que son calificados como personas que estarían buscando tomar el control de ciertas zonas estratégicas o diciendo que hacían parte de las Farc”, explicó.

Además, a pesar del periodo de análisis, la dinámica se mantiene y ha empeorado. Tanto así que se estaría intentando “revivir” el ‘Bloque sur’ bajo el mando de alias ‘Gentil Duarte’, un disidente de las Farc.

El documento concluye con una serie de recomendaciones dirigidas al Estado colombiano y a la sociedad civil, sobre prevención, promoción y atención frente a amenazas y hechos violentos.

Montoya indica que lo que aporta la investigación es una claridad sobre las dinámicas regionales de víctimas y victimarios, para tomar acciones concretas. “Lo que hay que comenzar a entender es, de acuerdo a los territorios, ¿cuáles son las acciones que se deben ejercer desde la institucionalidad para proteger a los líderes sociales?”.