En todo Estado moderno, una de las herramientas claves para la toma eficiente de decisiones sobre políticas públicas es, precisamente, la oportunidad de contar con información pormenorizada, veraz y oportuna. De hecho, esta es una prerrogativa esencial en los países que componen la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que es una instancia que reúne a una serie de naciones comprometidas con la implementación de las mejores prácticas de gobierno. Colombia, de hecho, hace parte de ese bloque.

En atención a lo anterior resultan destacables dos procesos de recolección de información de primer nivel que se están llevando a cabo en estos momentos en nuestro país.

De un lado, esta semana arrancó el Censo Económico Nacional Urbano (CENU) 2024, sin duda uno de los ejercicios estadísticos más importantes de las últimas décadas, toda vez que permitirá al país contar con una radiografía muy precisa sobre las dinámicas productivas en capitales, ciudades intermedias y municipios a lo largo y ancho del territorio.

Contar con este mapa cuantitativo y cualitativo de las estructuras económicas es vital para ajustar el énfasis y los objetivos de las políticas multidisciplinarias, tanto públicas como privadas, a nivel local y regional, que se activan desde los distintos niveles de los gobiernos nacional, departamental y municipal.

Para ello se censará durante los próximos meses a empresas, establecimientos, viviendas con actividad económica visible e incluso vendedores de calle ubicados en las zonas urbanas del país. La idea es hacer una caracterización muy precisa de sectores como la industria manufacturera, comercio, servicios, construcción, transporte, administración pública y defensa, actividades de seguridad social de afiliación obligatoria, así como de los servicios financieros, de seguros y públicos domiciliarios, entre otros.

Es un ejercicio estadístico de alta complejidad. Es más, desde 2019 el DANE se viene preparando para este desafío, que será clave para una mejor focalización de la política socioeconómica del país en los próximos años.

De otro lado, también en la última semana el Ministerio de Salud activó la Fase II de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, que corresponde a la recolección de la información en las seis grandes regiones del país (Atlántica, Oriental, Central, Pacífica, Orinoquía y Amazonía, y Bogotá). Es decir, que se abarcará a todos los departamentos y se llegará a zonas urbanas y rurales de 313 municipios. 

La primera versión de esta encuesta se llevó a cabo en 1986 y desde entonces se realiza periódicamente. A partir de 1995 se activa casi cinco años y ya lleva ocho versiones, con excepción de 2020, cuando se aplazó por la crisis pandémica. De hecho, Colombia ocupa el primer lugar en América Latina en cuanto a este tipo de ejercicios estadísticos claves para medir y valorar los cambios demográficos de la población colombiana ocurridos durante los últimos cinco años y realizar un análisis actualizado sobre los conocimientos, actitudes y prácticas en salud sexual y salud reproductiva de mujeres y hombres en edad fértil, con el fin de orientar las políticas públicas del país relacionadas con demografía y salud.

Como se dijo al comienzo, estas dos encuestas son determinantes para una mayor eficiencia de las políticas públicas, un asunto urgente en los Estados modernos.