128 años debatiendo la jurisprudencia en el país: Augusto Trujillo | El Nuevo Siglo
Augusto Trujillo, presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.
Foto: Manuel Ignacio Pabón Rincón
Jueves, 29 de Septiembre de 2022
Redacción Política

La Academia Colombiana de Jurisprudencia ha transitado por tres siglos desde su creación en 1894, siendo no solo testigo sino protagonista de la historia misma del país, pues 12 de sus miembros han sido presidentes de la República, entre ellos Enrique Olaya Herrera, Eduardo Santos, Carlos Lleras Restrepo, Alfonso López Michelsen y Belisario Betancur.

Dicha corporación ha fijado su posición sobre la situación del derecho y del país, con importantes aportes a las políticas públicas, siempre en defensa del Estado social de derecho.

EL NUEVO SIGLO conversó con Augusto Trujillo, presidente de la Academia, sobre la situación de la jurisprudencia en Colombia.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cuál ha sido el mayor aporte de la Academia en estos 128 años de funcionamiento?  

AUGUSTO TRUJILLO: Son 128 años pensando en derecho, debatiendo la jurisprudencia, apoyando el funcionamiento de las instituciones y también, cuando es preciso, incidiendo en la realidad contextual con opiniones y con puntos de vista que son orientadores para la comunidad jurídica y el país. Somos eventualmente críticos con las cosas que pasan y que no apuntan en la dirección correcta que se supone debe ser la que se maneja en un estado de derecho.  

ENS: ¿Desde la Academia cómo ven la situación de la jurisprudencia en Colombia?

AT: La jurisprudencia en Colombia ha sido enriquecida desde que viene operando lo que se conoce como la constitucionalización del derecho. En la medida en que esto pasa y los derechos se vuelven norma jurídica, hay un incremento en el activismo del juez que convierte el derecho no solo en lo que siempre ha sido, un instrumento de regulación, sino también en un instrumento de cambio, y la jurisprudencia en Colombia ha venido transitando en esas dos líneas con más responsabilidad. Me parece que el manejo que le han dado las cortes a la jurisprudencia es adecuado, consecuente con la independencia judicial, con la constitucionalización del derecho y con el funcionamiento del estado de derecho.

ENS: ¿Cómo ve el manejo de la ética desde las facultades de derecho en Colombia?

AT: En general yo creo que ese problema se inscribe en un marco más grande, que es el de la educación en Colombia. Me parece que ese es un punto en el cual tenemos dificultades, problemas y eso tiene que ver con el comportamiento ciudadano en general, con la visión que el ciudadano corriente tiene frente a las instituciones. Creo que en Colombia las instituciones no funcionan de manera óptima, pero funcionan más que en otros países, que en Venezuela, Nicaragua; así que funcionan así sea de manera irregular pero frente a la opinión general hay una impunidad muy alta. Todo esto relativiza la percepción del ciudadano frente a lo que son sus instituciones y en particular las de justicia. Eso frente al estudio del derecho también incide; parece que a nosotros nos falta una ética pública que genera esas actitudes de insatisfacción que habría que corregir. Tiene que haber un proceso donde los gobiernos, las instituciones educativas, casi que el país todo se ponga en el plan de empujar un nuevo proceso en donde la gente recupere la ética pública que tuvo en el pasado y que ahora parece no existir.

ENS: ¿Cuál es la crítica que usted hace a las instituciones en el país?

AT: Un podría decir que este es un país de juristas. Colombia nació en medio del derecho y sigue funcionando en medio del derecho; desde el punto de vista de esa mirada general parece que las cosas están relativamente bien. Lo que no está bien es la relación que existe entre esas instituciones y la comunidad. Hay instituciones que son teóricas, entonces no funcionan bien; o que no son tan teóricas, pero que tampoco funcionan bien porque no están suficientemente conectadas con la realidad. Me parece que en el país es preciso reconectar las instituciones con la realidad contextual, de manera que la vida cotidiana se sienta suficientemente interpretada por las instituciones y así funcionan mejor ambas cosas.