En el marco de las elecciones legislativas que tuvieron lugar el pasado 13 de marzo de 2022, la Misión de Observación Electoral (MOE), con el apoyo del Departamento de Investigaciones de Conflicto y Paz de la Universidad de Uppsala (Suecia), desarrollaron la “Encuesta sobre experiencia de campaña y violencia política a candidaturas al Congreso 2022”, que fue contestada por 512 candidatos.

La encuesta indagó a las candidaturas si experimentaron alguna de las 12 diferentes formas de violencia, acoso, o intimidación que van desde el ataque físico, la amenaza, la destrucción del patrimonio electoral, el acoso sexual, hasta la remisión de mensajes agresivos por mensajes de texto, redes sociales y/o personales que experimentaron en esta campaña.

De acuerdo con Juan Diego Duque, candidato a PhD del Departamento de Estudios de Paz y Conflicto de la Universidad de Uppsala y coautor de la encuesta, los resultados de la misma dejan ver que “la violencia política que sufren las candidaturas es generalizada. De hecho, para las elecciones legislativas de 2022, el 83% de las personas encuestadas afirmó haber sufrido al menos algún tipo de las 12 formas de violencia sobre las que se indagó”.

En particular, llama la atención que el 71% de las personas encuestadas señalaron que son los espacios digitales en los que se encontraron las mayores manifestaciones de violencia política en forma de comentarios agresivos y ciberacoso. En lo referente a la violencia física, una de cada tres candidaturas afirmó haber sido víctima de ataques físicos y amenazas durante el desarrollo de la campaña de 2022.

Polarización

La MOE considera pertinente señalar que en un ambiente de alta polarización, como el del último proceso electoral, no se encontraron diferencias significativas en las diferentes expresiones de violencia sufridas entre las candidaturas que se identificaron como oposición, independientes o de gobierno frente a la administración de Iván Duque, lo que demuestra que la violencia la sufren candidatos y candidatas de todas las filiaciones políticas.

Otro de los resultados que arrojó esta encuesta es que aunque la violencia es generalizada, ya que afecta a la mayoría de las candidaturas, esta ha perturbado de manera particular a poblaciones históricamente subrepresentadas en la política como las mujeres. Así, el estudio revela que en las manifestaciones de violencia reportadas por las mujeres se refuerzan los estereotipos y roles tradicionales de género, haciendo énfasis en que ellas no pertenecen a las esferas de poder.

Como lo asegura Viviana Sarmiento, profesional especializada en género de la MOE y una de las coautoras del estudio, “las mujeres afirmaron más que los hombres que los comentarios ofensivos que recibieron durante la campaña de 2022 usualmente se referían a su rol en el hogar (24% mujeres vs. 12% hombres), a su trayectoria profesional (39% vs. 22%), a su apariencia física (28% vs. 22%) y a su vida sentimental o sexual (20% vs. 14%)”.

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En este sentido, la MOE y la Universidad Uppsala también ven con preocupación “el hecho de que una tercera parte de las mujeres encuestadas, especialmente las candidatas entre los 25 y 45 años, que se lanzaron al Congreso, manifestaron haber sido agredidas y violentadas sexualmente durante su campaña electoral, a través de comentarios ofensivos y mensajes con contenido sexual o siendo víctimas de actos de acoso sexual”.

Violencia

Un tercer hallazgo que se desprende de este estudio es que las candidaturas que se autorreconocen como afros e indígenas y las candidaturas de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) son las que reportaron un mayor nivel de violencia física y amenazas contra su vida por parte de grupos armados. Lo anterior obedece a que estos grupos poblacionales viven, en su mayoría, en zonas de conflicto armado en donde la disputa territorial entre grupos armados es frecuente y en las que el liderazgo social y político es sinónimo de alto riesgo.

Así, la encuesta da cuenta de que estas poblaciones reportaron mayores niveles de inseguridad en la campaña y afirmaron que grupos armados ilegales impidieron “mucho” la movilidad de sus campañas (45% grupos étnicos y 61% Citrep) y que el asesinato de líderes sociales afectó “mucho” su actividad proselitista (60% grupos étnicos y 72% Citrep).

Como lo señala Luisa Salazar, del Gender Hub de la Universidad de los Andes y coautora del estudio, “las candidaturas de Citrep están especialmente afectadas por la violencia física en comparación con el resto de las candidaturas. El 47% de los candidatos y candidatas a las curules de paz reportaron esta situación, frente al 27% del resto de candidaturas. Y en cuanto a los actos de intimidación, estos fueron reportados por el 70% de las candidaturas Citrep versus el 49% del resto de candidaturas”.

Recomendaciones de la MOE

De otro lado, la directora de la MOE, Alejandra Barrios, volvió a decir que la jurisdicción Contenciosa Administrativa es la competente para conocer sobre todos los procesos electorales. Esto ha hecho que, erradamente, se entiendan los actos electorales como una subespecie de los actos administrativos.

Sin embargo, como ya lo ha indicado el mismo Consejo de Estado, el acto electoral no responde a la lógica del acto administrativo, toda vez que el primero es producto del ejercicio de la función electoral y el segundo de la función administrativa. Mientras que la función administrativa busca satisfacer las necesidades públicas, la función electoral tiene como propósito concretar la democracia participativa, así como organizar y legitimar el poder soberano radicado en el pueblo.

Al mismo tiempo, Barrios hizo un llamado a separar las discusiones sobre las reformas política y de arquitectura institucional, pues si se tramitan juntas probablemente no se llegue a los consensos necesarios para su éxito, ni serán aprobadas para las elecciones del otro año. Según lo expuesto por Barrios, hoy el CNE no tiene capacidad de vigilar a las organizaciones políticas especialmente por su origen partidista, pues los magistrados responden es a los intereses de su partido. La MOE solicita aclaración en las funciones administrativas y de las funciones jurisdiccionales electorales, y dar el debate sobre el avance en la creación de una Corte Electoral. 

En cuanto a las recomendaciones, la MOE destaca la necesidad de establecer periodos institucionales dentro de la autoridad electoral, una conformación escalonada, que haya interdisciplinariedad de sus integrantes y que estos sean al menos siete personas, en una conformación paritaria.