La Plenaria de la Cámara aprobó en tercer debate el proyecto de ley orgánica que permite que Bogotá y los municipios aledaños de Cundinamarca puedan planear su desarrollo de manera articulada con visión de largo plazo.

De acuerdo con la ponente, Juanita Goebertus (Alianza Verde), la iniciativa tiene como finalidad garantizar la formulación y ejecución de políticas públicas, planes, programas y proyectos de desarrollo sostenible, así como la prestación oportuna y eficiente de los servicios a su cargo, promoviendo el desarrollo armónico, la equidad, el cierre de brechas entre los territorios y la ejecución de obras de interés regional.

“Hace 4 años empecé a aprender de este tema y me comprometí en campaña a sacar adelante un mecanismo de integración entre Bogotá y Cundinamarca. Un paso más cerca de hacerlo realidad”, señaló la congresista en sus redes sociales.

¿Nuevos impuestos?

No obstante, la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) en Bogotá, hizo una alerta frente a algunos aspectos del articulado, en especial sobre el posible aumento de impuestos y otras cargas tributarias a los habitantes de esta región.

El artículo que provocó la preocupación de este gremio es el número 43 que, para la organización, autorizará al Distrito capital, al Departamento de Cundinamarca y a los municipios que se asocien a la Región Metropolitana para imponer sobretasas hasta del 5% a los impuestos de su propiedad o de su administración como los impuestos prediales y vehiculares.

“Con mucha preocupación vemos algunos apartes de este proyecto de ley, pues no tiene sentido y es sobre todo inconstitucional pensar que por el solo hecho de crear una organización administrativa del territorio incremente lo que un ciudadano debe pagar por impuestos”, expresó Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá Cundinamarca.

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Adicionalmente, señaló que “Bogotá es la ciudad que más tributa, que aún no ha alcanzado niveles de recuperación que se compare a los de prepandemia y, más aún, teniendo en cuenta que impuestos como el predial han incrementado de manera progresiva e inconsciente desde hace por lo menos 10 años, convirtiéndose en un impuesto que puede ser confiscatorio”.

El director de Fenalco pidió el retiro de este punto en el texto para que el proyecto pueda seguir su curso sin ningún impedimento.

Discordia entre bancadas

Durante el debate, el representante Jorge Gómez señaló que aunque la Corte Constitucional haya mencionado que el proyecto “no interfiere con las autonomías municipales, la realidad es que sí lo hace. Sigo insistiendo en que aquí hay un retroceso democrático en la participación de la ciudadanía a través de los concejales”, sustentó

A su vez, la congresista María del José Pizarro manifestó que la ponencia “es una entrega o una cesión a los gremios privados que controlarán las agencias metropolitanas en el futuro. Este es un modelo neoliberal de integración que se ha llevado al ejercicio de las competencias metropolitanas y estos modelos están en manos del clientelismo y la politiquería”.

Sin embargo, el representante Rubén Molano (Centro Democrático) enfatizó en que “llevamos 70 años esperando la integración entre Bogotá y Cundinamarca, y por cuenta de algunos debates políticos bastante intrascendentes, no hemos podido encontrar un esquema de gobernanza que permita el desarrollo de la región”.

Por su parte, el parlamentario Rodrigo Rojas dijo: “Aquí no estamos creando un beneficio para las grandes empresas, se están beneficiando a cerca de 25 mil vehículos de transporte público de pasajeros por carretera intermunicipal”.

De otro lado, el ministro del interior, Daniel Palacios, mencionó que el Gobierno nacional se comprometió a que, en los próximos 10 años, junto con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), se destinarán más de $700 mil millones para poder ejecutar los planes de desarrollo regional de Bogotá y Cundinamarca.

En la última semana del periodo legislativo, el proyecto tendrá su debate final en la Plenaria del Senado y, de llegar a aprobarse, pasará a conciliación entre ambas células y luego será sancionado por Presidencia.