Con el objetivo de combatir la criminalidad en Colombia, los ministerios de Defensa, Interior y Justicia radicarán en las próximas semanas un proyecto de ley que modificaría algunas normas establecidas en el Código Penal, el Procedimiento Penal y el Código de Policía.
A través de un borrador conocido y revelado por Revista Semana, el Gobierno establecerá nuevas medidas para que se amplíe el número de meses de condena para que los delincuentes cumplan dicha orden en los establecimientos carcelarios del país.
Uno de los actos delictivos más recurrentes en el país es el hurto con arma de fuego, arma blanca o elementos menos letales que afecten la integridad de los ciudadanos. De acuerdo con cifras de la Policía Nacional, en lo que va del año se presentó un incremento en el índice de los homicidios con un 15,3 %, de estos, el 32% fueron durante atracos.
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Igualmente, se reportó que el 22,8% de los robos fue a personas, seguido del robo de celulares (18%), las lesiones personales (41,3%) y la extorsión (23,7%), siendo Bogotá la capital más afectada por esta situación.
Sin embargo, el proyecto busca que se amplíe la condena a 72 meses de prisión para quien incurra en el delito de intimidación o amenaza con arma de fuego, armas, elementos o dispositivos menos letales y arma blanca.
En cuanto al delito de hurto, los ministerios aseguraron que dependería del objeto robado en cuestión. Si este no supera los cuatro salarios mínimos legales vigentes mensuales del valor comercial, podría cumplir una pena entre 18 a 36 meses de cárcel. Pero, si el objeto hurtado está con un valor comercial entre los cuatro y ocho salarios mínimos, tendrá una condena entre 24 a 28 meses, respectivamente.
Frente al porte de armas, el Gobierno contempla la regularización de elementos menos letales, ya que tuvo en cuenta la solicitud expresa por la Federación Colombiana de Tiro Deportivo, indicando que la práctica de este deporte no pueda afectarse con esta medida.
Sin embargo, se establece que quien esté con un arma blanca en las calles y espacios públicos del país, estaría expuesto a una pena por tres años de prisión, excepto si lleva una autorización válida para el porte de este.
Finalmente, las carteras expresaron que la modificación al Código de Procedimiento Penal se enfocará en que las autoridades judiciales verifiquen cuál fue el armamento usado por el delincuente, y así eliminar cualquier impedimento que derive en la libertad inmediata del procesado.