UN NUEVO informe entregó ayer la Contraloría General sobre el uso que le dan las EPS a los dineros de salud, en el cual habla de hallazgos fiscales por $6 billones en 24 entidades, por indebida destinación de los recursos de la UPC durante el año 2020, y $5,3 billones cuya incidencia fiscal será dilucidada en indagación preliminar. Sin embargo, voces consultadas por EL NUEVO SIGLO advierten que este estudio no se puede entender a priori como si hubiera irregularidades en el manejo de esas platas porque falta claridad en el mismo y, también, hay que esperar que las empresas entreguen las explicaciones del caso.

La Contraloría General de la República explicó que adelantó una actuación especial de fiscalización que tuvo como objetivo analizar el uso y destino de los recursos de la UPC y presupuestos máximos girados por la Adres a las EPS en la vigencia 2020; asimismo, la constitución y el comportamiento de las reservas técnicas de estas empresas, utilidades y variaciones patrimoniales.

El organismo detalló que para evaluar la gestión fiscal utilizó la información de los estados financieros certificados de cada una de las EPS y registrados ante la Superintendencia Nacional de Salud, correspondientes a las vigencias 2019, 2020 y 2021.

El estudio arrojó entre otros hallazgos que las EPS pagaron servicios de salud de vigencias anteriores al año 2020 con los recursos de la UPC, por $5,4 billones, los cuales tenían una destinación específica y no podían ser utilizados para fines distintos a los previstos en la ley, advirtió la Contraloría.

Por ejemplo, indicó el organismo, la EPS S.O.S. pagó con recursos excedentes de la UPC del 2020, entre otras fuentes, deudas por $86.000 millones del periodo comprendido entre las vigencias 2003 a 2015, cuando las obligaciones ya estaban prescritas y/o las acciones judiciales habían caducado.

Producto de esta actuación la Contraloría detectó 61 hallazgos con incidencia administrativa, 37 hallazgos con incidencia fiscal por cuantía de $6 billones, que dan lugar al inicio de procesos de responsabilidad fiscal.

También, 37 hallazgos con presunta incidencia penal; 37 con presunta incidencia disciplinaria; y 24 hallazgos para la apertura de indagaciones preliminares, por cuantía de $5,3 billones.

Vale señalar que este informe de la Contraloría se suma a uno preliminar que sacó en febrero pasado, y que se está a la espera del definitivo con las aclaraciones que anunciaron las EPS.

En el mismo, con corte a octubre de 2023, reveló deudas de 26 EPS por $25 billones y además que 16 empresas no cumplen con algunos indicadores establecidos por la ley, además de lo correspondiente a reservas técnicas y pasivos administrativos.

Cambio de metodología

El exministro de Salud y director de Así Vamos en Salud, Augusto Galán Sarmiento, dijo que “no conozco la metodología de este último informe de la Contraloría, el informe de hace varios meses no era una metodología adecuada y el resultado de ese informe preliminar en donde hablaba de $25 billones adolecían de muchas fallas metodológicas. Habría que ver si fueran corregidas para este segundo informe”.

Añadió Galán, “lo que tengo entendido de este informe de hoy (ayer) es que la Contraloría está adoptando un nuevo criterio en el cual dice que los recursos de la Unidad de Pago por Capitación tienen una vigencia anual. Entonces, lo que está señalando es que con recursos del año 2020 pagaron servicios y prestaciones que adeudaban de años anteriores”.

Agregó que, si eso es así, “no es que hayan desviado la plata, porque cuando se dice que desviaron la plata es como si estuvieran pagando cosas que no debían pagar. Estaban pagando unos servicios de salud, por lo que entiendo de ese informe de la Contraloría, de deudas atrasadas de servicios de salud de años anteriores”.

Galán enfatizó que “el problema de fondo no lo está solucionando este informe de la Contraloría, este informe no está diciendo si la Unidad de Pago por Capitación es suficiente o no es suficiente, y seguramente ese no es el objetivo de esta evaluación. Pero entonces, no se dilucida y no se aclara el argumento de fondo: que los recursos de la Unidad de Pago por Capitación han venido siendo insuficientes y los de presupuestos máximos a lo largo de los años, que se ha agravado del 2022 para acá”.

Advirtió que “habría que aclarar y vamos a ver porque parece que el informe de la Contraloría invoca un concepto del Consejo de Estado sobre la vigencia anual de la Unidad de Pago por Capitación, eso es nuevo en la discusión dentro del sistema de salud”.

El exministro dijo que en esta situación queda la pregunta: “Si pagaron unas deudas de prestación de servicios a IPS con recursos que ahora se dice que no podían haber utilizado, que eran recursos de 2020 y no los podían utilizar en deudas del 2019 y 2018, ¿entonces las IPS, o sea las clínicas y hospitales, tienen que devolver esa plata?”.

Por su parte, Jaime Arias, exministro de Salud, dijo que “me parece que no hay claridad en este momento, no la veo, trato de entender y hablo con gente que sabe de las finanzas del sector. No hay claridad en lo que se está diciendo. Eso no está bien de parte de la Contraloría ni del Ministerio ni de la Superintendencia, ni de las EPS. A la población hay que darle claridad porque esos son los dineros de los impuestos y de las contribuciones”.

Indicó que “me parece que estas noticias son alarmantes, por un lado, pero además pueden estar distorsionando la realidad económica del sistema” porque “hay una confusión total en las cuentas del sector salud. Alguien tiene que salir a aclarar eso”.

Frente a los que señalan que estos informes que revelan presuntos manejos equivocados de la plata de la salud muestran la necesidad de una urgente reforma, Arias dijo que son dos temas diferentes, “entre otras cosas porque el gran problema de la salud es económico y estas cuentas que están saliendo no aclaran el problema económico”.

Hay que esperar explicación de EPS

Mientras que Fabio Aristizábal, exsuperintendente Nacional de Salud, dijo que “creo que deberían esperar a que haya una respuesta oficial de cada una de las EPS del informe que está entregando el contralor. Sería bueno conocer cuál es la respuesta detallada a esos hallazgos porque, en mi opinión, puede haber varios criterios que no son iguales o no son similares, las fuentes que están utilizando, el análisis que están haciendo”.

Añadió que hay que esperar cuál es la respuesta de las EPS “para que nos digan si realmente se utilizaron o no utilizaron bien los recursos de la Unidad de Pago por Capitación”, pues, subrayó, “me niego a creer que haya un desvío de esa magnitud de recursos, que muchos de ellos deben tener una explicación o no aparecen o están en fuentes distintas, o la casilla o el reporte que analizó la Contraloría no es el mismo que reportó la EPS”.

Consideró Aristizábal que aquí va a quedar en evidencia que los recursos que hoy está generando el sistema son insuficientes, “producto de muchas cosas: de un aumento en la consulta de los usuarios; un aumento en la demanda; un aumento en las coberturas que tenemos en el sistema de salud colombiano, cada vez metemos más servicios; un aumento probablemente también en los costos”.

Dijo que el problema de la salud en Colombia no es de leyes ni de reformas, “acá tenemos un problema de comportamiento de todos los actores. El Gobierno se ha concentrado en un solo actor y ha culpado de todo a las EPS, pero no se ha puesto a pensar qué está pasando con los otros actores. Qué pasa con los medicamentos que reclama el usuario que no necesita; qué pasa con esos carteles que hemos descubierto en Colombia, qué pasa con esos hospitales que facturan pacientes que no vieron o tratamientos que no hicieron”.