LA FISCALÍA General de la Nación informó sobre el inicio de una investigación por presuntos manejos irregulares en torno a la destinación de recursos públicos a las EPS, a través de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Esta indagación parte de un informe de la Contraloría General en el que acusa a las entidades promotoras de desviar 9 billones de pesos del sistema de salud en Colombia.
Tal información se dio a conocer la tarde de ayer (8 de abril), tras una reunión de alto nivel que sostuvo Luz Ariana Camargo, jefe del ente acusador; Carlos Camargo Assis, defensor del pueblo; Margarita Cabello, procuradora general; y Carlos Mario Zuluaga, contralor en funciones.
Haga clic aquí para seguirnos en WhatsApp
Para tales efectos, Fiscalía conformará un Equipo Especial Conjunto de fiscales, expertos y peritos de la delegada para las Finanzas Criminales, delegada contra la Criminalidad Organizada y delegada para la Seguridad Territorial.
Sobre el caso, la Contraloría denunció que 18 de las 26 EPS que operan en el país, estarían incurriendo en la anomalía entre 2020 y 2021, en rubros que en nada tiene que ver con la atención.
El documento socializado por el ente de control fiscal reveló que se habrían gastado hasta 9 billones de pesos para el pago de honorarios, multas, uniformes y la compra de inmuebles.
“La investigación de la Fiscalía General de la Nación se inicia a partir de los primeros avances de la indagación fiscal de la Contraloría General de la República”, manifestó la fiscal Camargo.
Mientras que Zuluaga indicó que “los informes que presentamos hoy dan cuenta de que hemos proferido fallos de responsabilidad fiscal por unos 3 billones de pesos en contra de IPS, hemos tenido malos manejos en relación con los recursos de la salud, específicamente de la UPC (Unidad de Pago por Capitación)”.
Como se sabe, el pasado viernes (5 de abril), en medio de una audiencia pública, La Corte Constitucional le hizo un jalón de orejas al Gobierno nacional, indicando que sus acciones habrían sido ineficientes al momento de investigar posibles actos de corrupción vinculados al sistema de salud.
En el encuentro, programado para aclarar dudas sobre el proceso de financiación del sistema, se tocó el tema de la distribución de dinero emitido por el Estado para las entidades promotoras de salud en el país.
Adicionalmente, José Fernando Reyes, magistrado que encabezó dicha mesa técnica, fue tajante al afirmar que ni la Contraloría, ni la Fiscalía han trabajado de manera efectiva para indagar y combatir las anomalías y supuesta corrupción en el sistema de salud.
Por lo mismo, hizo un llamado al Ejecutivo y a los entes de control para llevar investigar el asunto y aplicar las medidas necesarias para evitar el problema.
En el informe presentado por Contraloría, que conllevó al inicio de una investigación por parte de la Fiscalía, se presentaron algunas anomalías como anticipos que las EPS habrían girado a sus hospitales y clínicas. También se evidenció en el documento pagos hechos a Instituciones Prestadoras de Servicio (IPS) no vinculados con servicios ya prestados.
“El informe, referido específicamente a 18 EPS, se cierra en unos 10 días y por ahora se está a la espera de la respuesta que den las EPS a las observaciones de la Contraloría”, aseguró la Contraloría General de la Nación.
Crisis en las EPS
Todo este asunto se da, luego de que el Gobierno nacional anunciara la intervención de Sanitas EPS y Nueva EPS, dos de las prestadoras de servicio de salud más grandes del país. Como se sabe, ambas empresas cuentan con más de 20 millones de afiliados.
Pero también, después de la solicitud de liquidación que hiciera Compensar al Gobierno por falta de liquidez para solventar sus servicios.
Como se sabe, esta crisis en el sector salud surge, luego de que la reforma presentada por el Gobierno a principios de 2023 se hundiera la semana pasada, ya que, congresistas de oposición, aseguraron que no fue concertada y que no cumple con los requerimientos para lograr una prestación de servicio eficiente.