En tercer debate realizado en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, fue aprobado el Acuerdo de Escazú (Proyecto de Ley 109 de 2022), por 14 votos a favor y tres en contra.
La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, dijo ante la comisión legislativa que “Escazú le dará poder público a la sociedad y haré cambiar la mentalidad que viene imperando sobre la participación ciudadana”.
“¿Cuál es la mentalidad que tenemos que cambiar? El desarrollo debe ser en acuerdo, en concertación social, no puede ser una imposición; que el territorio no es una mancha en un mapa, que allí hay gente, que allí hay ecosistemas, que allí hay vida y que hay que trabajar conjuntamente”, expresó la ministra Muhamad.
La alta funcionaria, quien estuvo acompañada en el debate por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, sostuvo que “con esto ratificamos nuestro compromiso con la Democracia Ambiental, el acceso a la información y la protección de defensoras ambientales”.
Protección
A su turno, Francisco Canal, viceministro de Ordenamiento Ambiental del Territorio, dijo que la ratificación del Acuerdo de Escazú será la mejor oportunidad “para avanzar hacia la protección de estos derechos, para cumplir la promesa que hay en nuestra Constitución en torno a la importancia de la participación ciudadana y el vivir en un medio ambiente sano”.
Por su parte, la representante por el Partido Verde, Carolina Giraldo, indicó que con este tratado internacional se espera que Colombia no entre en inseguridad.
“Éste es un tratado internacional, como tantos otros que ha suscrito Colombia, y esperemos que el ordenamiento jurídico de Colombia no entre en inseguridad con el Acuerdo de Escazú; en cambio, sí entra en mayores garantías para la seguridad de nuestros líderes y lideresas ambientales”, señaló Giraldo.
En ese sentido, no prosperó la petición del representante Luis Miguel López de archivar la iniciativa, argumentando que genera dudas en el sector productivo y en la academia.
El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, hace énfasis en derechos como el acceso a la información ambiental, la participación pública en procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia ambiental. Esta iniciativa es pionera en el mundo en establecer disposiciones específicas sobre protección para los defensores ambientales.
Fue firmado por 25 naciones de la región durante los años 2018 y 2019. Colombia lo suscribió el 11 de diciembre de 2019, como parte de los compromisos asumidos en el marco de la Mesa de Ambiente liderada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En total, 13 países lo han ratificado, entre estos Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, México, Panamá y Uruguay.
El trámite para la ratificación en Colombia se inició en el Congreso de la República en el año 2021, y en 2022 se han llevado a cabo tres debates en el Senado, donde ha venido haciendo tránsito con apoyo mayoritario.
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¿Qué sigue?
El proyecto ahora se votará en plenaria, luego de que transcurran ocho días calendario; después se hará la conciliación del texto entre los dos proyectos de ley (Senado y Cámara), antes de pasar a sanción presidencial.
En ese mismo sentido, el Gobierno nacional identificó la necesidad de reactivar la Mesa Intersectorial para la Democracia Ambiental, un espacio que contribuirá a la articulación con las carteras firmantes del Proyecto de Ley Acuerdo de Escazú: la Cancillería y los ministerios de Justicia, Interior, Cultura, Tecnología y Ambiente. Esta acción propiciará un diálogo con las organizaciones de la sociedad civil, la academia y demás actores interesados en este hito normativo.
El proyecto es apoyado por la sociedad civil, a través de organizaciones medioambientales y académicas a las que se han sumado la Alianza Nacional del Acuerdo de Escazú (liderada por Ambiente y Sociedad, Universidad del Rosario, la Clínica Jurídica de la Universidad de Los Andes, entre otras organizaciones).