Tras varios días desde su radicación en el Congreso por parte del Gobierno nacional, inició la discusión del proyecto de ley que pretende fortalecer la seguridad y convivencia ciudadana en el país, que cuenta con mensaje de urgencia por parte del presidente Iván Duque y contempla castigos a quienes cometan todo tipo de hurto y a quienes reincidan en su actuar criminal.

Pese a que el proyecto generó bastante expectativa, lo cierto es que en su primer y tercer debate en las comisiones Primeras de Senado y Cámara hubo cierta división sobre el objetivo principal de esta proposición, así como algunos puntos como la protesta social y la falta de elementos preventivos en el Código Penal.

Al inicio de la discusión, el representante Luis Alberto Albán, quien presentó proposición para archivar el proyecto, indicó que el debate no se trata de un tema de “percepción” sino que es una realidad que no solo se centra en el área urbana sino en las zonas rurales.

“Reconozco que en efecto existe un problema de inseguridad en el país, pero las cifras van en aumento. Como se ha advertido, los asesinatos a líderes sociales y el incumplimiento de los acuerdos de paz han traído consigo consecuencias que agravan situaciones socioeconómicas ya instauradas en las zonas apartadas del país”, explicó.

Populismo punitivo

A su vez, la representante Juanita Goebertus (Alianza Verde) expresó que la iniciativa no ha contado con el tiempo suficiente para dar un debate profundo, por lo que considera que la proposición tiene como eje transversal un enfoque de populismo punitivo.

“El proyecto de ley de seguridad ciudadana del Gobierno, tramitado a patadas, no mejora la seguridad, es una muestra de populismo punitivo, criminaliza la protesta social y genera un riesgo inmenso de aumento de abusos policiales y justicia por mano propia”, expresó.

En la misma línea, la congresista sostuvo que aunque “la iniciativa envía un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, lo que vemos es que acrecienta la crisis en las cárceles, congestiona más el sistema judicial y propone unas medidas de legítima defensa que no miden la proporcionalidad y privilegia la propiedad privada por encima de los derechos humanos”, añadió.

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En respuesta, el representante ponente, Juan Manuel Daza (Centro Democrático), destacó que es un proyecto que busca el fortalecimiento de la seguridad ciudadana como respuesta al clamor de la sociedad.

“A diferencia de lo expuesto por los anteriores congresistas, se trata de un proyecto que contempla modificaciones al código penal, de procedimiento penal; código de seguridad y convivencia ciudadana y al código de extinción de dominio, por lo que se pretende es brindar herramientas que permitan un cambio estructural para garantizar el cumplimiento de condenas y, a su vez, la reducción en los casos de inseguridad”.

De igual manera, el congresista señaló que la proposición está “siendo coherente con bajar multas a quien cometa por primera vez una contravención, pero también drásticos con quienes reinciden; debemos hablar siempre de derechos sin olvidar los deberes”.

Sin embargo, el parlamentario Juan Peinado, criticó que la proposición “no cuenta con elementos preventivos, lo cual genera un retroceso en materia penal. El Estado no puede renunciar a la defensa de los derechos de los ciudadanos”.

Por su parte, el senador Temístocles Ortega hizo un llamado al Gobierno para que no se utilice el Código Penal “como respuesta a la problemática social del país, esta práctica recurrente y sin estudios técnicos no garantiza los derechos humanos”.

Cifras alarmantes

De otro lado, el representante Edward David Rodríguez (Centro Democrático) expresó que cifras como el incremento de hurtos en Bogotá de hasta un 153% y una reincidencia del 21%, según el Inpec, envía una señal de alerta al Gobierno nacional para garantizar la protección y la seguridad en el espacio público y privado de todos los colombianos.

“Aquí la realidad es que la justicia no está operando, por eso bienvenido este proyecto de ley que tiene como eje central que se acabe de una vez por todas ese injusto procedimiento que permite la impunidad”, mencionó.

Cabe destacar que de los 51 puntos que posee el articulado, solo 22 fueron aprobados por ambas comisiones. Mientras que los 29 restantes, serán discutidos en una subcomisión asignada por las mesas directivas de cada comisión, donde se determinará si se mantienen o no en el proyecto de ley.

Se espera que esta subcomisión de Senado y Cámara presente su informe en la siguiente sesión conjunta que se realizará en los próximos días.