UNA SEMANA después de que estalló el escándalo sobre posibles interceptaciones y espionajes a los magistrados de las Altas Cortes, la verificación de los hechos depende de la Fiscalía y Procuraduría en las investigaciones que ya anunciaron.

La controversia inició el miércoles 19 de junio, cuando la fiscal general, Luz Adriana Camargo, atendiendo a un llamado de los magistrados de la Sala Plena de la Corte Constitucional, acudió a una reunión extraordinaria, en la que fue informada sobre presuntas persecuciones ejecutadas por organismos de inteligencia del gobierno Petro.

Los magistrados denunciaron a la jefa del ente que muchos de ellos han sido blanco de interceptaciones telefónicas, perfilamientos, seguimientos y monitoreos constantes, lo que llevó a Camargo a iniciar investigaciones de forma inmediata, proceso que estará a cargo de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia.

“Frente a la gravedad de los hechos puestos en su conocimiento, al recibir esta semana en la Corte Constitucional la denuncia sobre presuntas interceptaciones y seguimientos ilegales a uno de los despachos de sus magistrados, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, ordenó iniciar la investigación correspondiente de forma inmediata en la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia”, decía el comunicado de la Fiscalía.

De acuerdo a una publicación de Semana, que tuvo acceso a un documento remitido a Fiscalía, el vicepresidente de la Corte Suprema, Jorge Enrique Ibáñez, aseguró que sus comunicaciones fueron intervenidas desde hace meses.

“Desde hace varios meses, mis comunicaciones, especialmente mi teléfono celular, ha sido intervenido y con base en información que he podido recaudar de varias fuentes, he llegado a la conclusión de que lamentablemente ello obedece a operaciones de órganos de inteligencia oficial que se realizan sin autorización judicial y por fuera de los marcos jurídicos de la ley estatutaria de inteligencia y contrainteligencia (uno de los cuales opera en la Presidencia de la República y la Dirección Nacional de Inteligencia), en coordinación con la DIAN y la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (UIAF)”.

Agregó el togado que “también he verificado que han sido intervenidas las comunicaciones de los magistrados auxiliares que trabajan en mi despacho (...). Es una situación absolutamente irregular y arbitraria de la cual somos víctimas (...) y no descarto que esa misma actuación se pueda estar dando en relación con otros magistrados de la Corte Constitucional”.

Ante la gravedad de las denuncias, el Senado de la República convocó al jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Ramón González, a quien se le preguntó: “¿si era cierto que estaba interceptando, perfilando y haciéndoles seguimiento a periodistas, a militares en retiro y a miembros de la oposición?”.

Pero González respondió que: “este Gobierno nunca, jamás, lo hace o lo haría, por principio y valor ético, por principio fundante de nuestro mandato”.

Por su parte, el senador de Cambio Radical, David Luna, quien citó al Congreso al director del DNI, aseguró que no era paranoia de algunos sectores que denunciaron al Gobierno por presuntas ‘chuzadas’.

“Están repitiendo los errores y crímenes del pasado. Hoy con certeza se puede hablar del peor gobierno de la historia de este país: chuzadas, corrupción y clientelismo en niveles insospechados”, dijo.

De hecho, el presidente Gustavo Petro se pronunció en torno a este tema y rechazó que desde su gobierno se estén llevando a cabo prácticas de este tipo.

“En inspección a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), se encontró que no cuenta siquiera con aparatos de interceptación de servicios de telefonía privada. Este gobierno no hace lo que sí hicieron otros en el pasado”, trinó el mandatario, mientras que desde su gobierno se anunció la apertura de una investigación a la Dirección de Tecnología y Secretaría de Comunicaciones.

Más investigaciones

Recientemente, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) manifestó preocupación por este escándalo, solicitando a la Fiscalía General de la Nación acelerar las investigaciones.

“Este fin de semana en diversos medios de comunicación fue ampliamente difundida la noticia sobre la investigación que inició la Fiscalía General de la Nación por hechos que fueron puestos en su conocimiento por los magistrados y magistradas de la Corte Constitucional, ante las presuntas interceptaciones ilegales de las que han sido objeto a través de sus celulares, correos electrónicos e información financiera”, señala la JEP.

En ese sentido, también expresó la jurisdicción que “expusieron que algunos magistrados y magistradas de la Jurisdicción Especial para la Paz también han manifestado su sospecha de ser objeto de presuntas interceptaciones ilegales”.

El pasado lunes, la Fiscalía General Penal Militar y Policial informó en un comunicado que realizó una inspección judicial en la Casa de Nariño, la sede del Gobierno en Bogotá. Los funcionarios buscaron “material probatorio y evidencia física” en el marco de una investigación por las presuntas escuchas ilegales el año pasado a Marelbys Meza, niñera de la mano derecha del presidente, Laura Sarabia.

Días más tarde, la Procuraduría General de la Nación entró en la polémica anunciando investigaciones en contra de funcionarios por determinar del DNI.

El Ministerio Público revisará si existen o no autorizaciones judiciales expedidas por órganos de inteligencia oficiales y escuchará, por resultar relevante y de interés, al magistrado Jorge Enrique Ibáñez para que, si es su deseo, narre en calidad de quejoso las circunstancias sobre las presuntas irregularidades objeto de la actuación.

Pero Inspección General del DNI en su más reciente informe comunicó al país que luego de una exhaustiva revisión no se encontraron pruebas que sugieran la participación de esta entidad en dichas actividades.

Hoy, tanto la Fiscalía como Procuraduría avanzan en las pesquisas para determinar la veracidad de los hechos y determinar responsables, siendo que ambos entes tienen, de momento, la última palabra en el polémico caso de ‘chuzadas’ a magistrados de las Altas Cortes.

Presidente desmiente las ‘chuzadas’

Un alud de reacciones se ha suscitado en medio del escándalo por ‘chuzadas’ a magistrados de las Altas Cortes. Una de ellas ha sido la del presidente Gustavo Petro, quien, tras ordenar una investigación para esclarecer este hecho, negó que este tipo de prácticas esté sucediendo en su Gobierno. Consideró que las denuncias por ‘chuzadas’ se debe a una táctica para destruir su gestión.

“Todos los cuerpos de inteligencia dicen que no ha habido interferencia ilegal. ¿Entonces de dónde surge esta noticia? En el pasado había denunciantes, confesos y capturas relacionadas con la interferencia de comunicaciones, y hoy no hay ninguna. ¿La acusación es cierta o falsa? Lo máximo que he encontrado es que la noticia sale de una cadena de WhatsApp”, afirmó el mandatario.

En declaraciones recientes, el magistrado Ibáñez, quien aclaró que no había hecho una denuncia ante la Fiscalía, sino una presentación de hechos que, a su juicio, eran irregulares.

A su vez, manifestó que esta acción es de carácter preventivo. “En algunos casos somos víctimas de hackeo y si alguna cosa ocurre, hay la necesidad de prevenir y eso fue lo que hice, prevenir”, dijo para Blu Radio.

Tampoco tardó el director de Inteligencia Nacional, Ramón González, en descalificar las denuncias por ‘chuzadas’, asegurando que todo el escándalo se debió a rumores y especulaciones.