La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó mediante un comunicado su preocupación por las violaciones de los derechos humanos que se vienen presentando desde el inicio de las protestas sociales.
La CIDH advirtió que en al menos mil de las manifestaciones que se han presentado desde el pasado 28 de abril se habrían presentados casos de "fallecimientos, desapariciones, personas heridas y agresiones sexuales como consecuencia del uso desproporcionado e ilegítimo de la fuerza.
Del mismo modo la corte declara extrema preocupación por la pérdida de vidas humanas y cita las cifras de la Fiscalía y la sociedad civil, que hasta el momento han reportado 43 y 51 muertes, respectivamente, dentro de las manifestaciones, que se han registrado en ciudades como Bogotá, Cali, Pereira, Popayán y Yumbo.
El texto también añade que "La Comisión Interamericana encuentra extremadamente grave las denuncias sobre 132 personas que permanecen desaparecidas y respecto de las cuales la Fiscalía General de la Nación mantiene activado el mecanismo de búsqueda urgente. Resulta alarmante que con el correr de los días estas personas continúan desaparecidas, máxime cuando algunas de las 276 que habrían sido reportadas como desaparecidas aparecieron sin vida, como el líder Cristian Torres, el 14 de mayo en la ciudad de Leiva, Nariño".
La comisión resalta las denuncias de 87 actos de violencia sexual cometidos presuntamente por agentes de la fuerza pública en contra de mujeres manifestantes, como el caso de la adolescente que denunció haber sido víctima de violencia sexual por varios agentes de la fuerza pública en Popayán.
"Sobre este punto, la Comisión recuerda que la protesta social es legítima en tanto se desarrolla en forma pacífica y que las fuerzas de seguridad tienen la obligación de permitir el desarrollo de las manifestaciones y de aislar a los manifestantes que recurren a la violencia", afirma el texto.
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Por otro lado, La Comisión critica el uso de armamentos antidisturbios, como las aturdidoras, gases lacrimógenos, entre otros usados por parte de la Fuera Pública de manera directa sobre los manifestantes de manera indiscriminada, así mismo la CIDH reitera rechazo por la estigmatización de la protesta social, específicamente en el caso de los indígenas, en el Valle del Cauca, donde las manifestaciones se salieron de control, otorgando los desmanes a la minga.
Para la CIDH, cuando la protesta se prolonga y se presenta una perturbación de la vida cotidiana, que afecta otros derechos de la ciudadanía, el Estado debe facilitar todos los mecanismos de diálogo posibles, teniendo el uso de la fuerza como último recurso, pero le resalta que los manifestantes deben permitir la circulación de insumos y provisiones esenciales.
La CIDH sostiene que el Estado debe "tolerar que las manifestaciones generen cierto nivel de perturbación de la vida cotidiana, por ejemplo, con relación al tráfico y las actividades comerciales, a fin de no privar de su esencia al derecho de reunión pacífica" y que su dispersión forzosa solo aplica "en casos muy excepcionales, mediante una orden expresa y fundamentada en un riesgo grave para la vida o la integridad física de las personas, cuando se haya intentado el diálogo y no fueran posibles otras medidas menos lesivas para proteger esos derechos".
Finalmente el texto reitera que por ningún motivo es tolerable los ataques contra ambulancias y misiones médicas y pide concertar con los manifestantes la creación de corredores que garanticen el ejercicio simultáneo de derechos involucrados, como el acceso a alimentos, salud y aprovisionamiento de personal e insumos médicos que se requieren en el contexto actual de la pandemia.