El Consejo de Estado, en un fallo trascendental, confirmó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene la facultad para investigar la campaña del presidente Gustavo Petro por presuntas violaciones a los topes de financiación electoral. Esta decisión ratifica la responsabilidad del CNE en la primera etapa de indagación administrativa y aclara el procedimiento a seguir en caso de que se encuentren méritos para una sanción mayor.
En su auto del 20 de junio de 2024, el Consejo de Estado reiteró que, según la Constitución y la Ley Estatutaria 996 de 2005, corresponde al CNE realizar las investigaciones preliminares sobre la financiación de las campañas electorales. Este pronunciamiento despeja cualquier duda sobre la competencia de este órgano electoral en casos que involucren a altos funcionarios electos.
En la decisión del alto tribunal se lee “corresponde al Consejo Nacional Electoral adelantar las actuaciones administrativas tendientes a la investigación y posterior decisión de fondo frente a los hechos que constituyan una violación de topes de la campaña electoral; terminada esa etapa y, encontrándose mérito, se debe remitir lo pertinente a la autoridad que resulte competente, según el cargo, a efectos de dar aplicación a la sanción de pérdida del cargo”.
El tribunal subrayó que, de encontrarse pruebas suficientes de violación de los topes de financiación, el caso debe ser remitido a las autoridades competentes para la aplicación de sanciones, según el cargo. En el caso específico del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, sería el Congreso de la República quien tendría la última palabra sobre la posible pérdida de sus cargos.
En el fallo del alto tribunal administrativo se lee “le corresponde al Congreso, de ser el caso, adelantar el proceso de la pérdida del cargo de los integrantes de la fórmula a la Presidencia, puesto que el estudio que se haga sobre la violación de los topes afecta a los dos integrantes de la fórmula presidencial”.
El fallo del Consejo de Estado responde a una demanda que señalaba irregularidades en los gastos de la campaña presidencial de 2022. El demandante argumentó que se habían superado los límites permitidos, lo que debería conllevar a la pérdida de investidura del presidente y su fórmula vicepresidencial. Sin embargo, el tribunal aclaró que su competencia no abarca la decisión final sobre la pérdida de cargos, sino que se limita a la verificación inicial de los hechos.
Además, la Sección Quinta del Consejo de Estado enfatizó que cualquier decisión sobre la pérdida de investidura presidencial debe ser tramitada por el Congreso, conforme a lo estipulado en la legislación vigente. Esta etapa sería crucial, pues afectaría tanto al presidente como a la vicepresidenta, debido a que la campaña presidencial se registra como una unidad indivisible.
El magistrado del CNE, César Lorduy, también confirmó esta disposición en sus redes sociales, indicando que el fallo reafirma el papel del CNE en la investigación de los topes de financiación.