La compra de tierras generó polémica en el país en el transcurso de los últimos días. Mientras que por el lado de los ganaderos al parecer hay tranquilidad, otros sectores y otras voces aún manifiestan resquemor y dudas al respecto.

Al inicio de la semana el primero que hizo un anuncio al respecto fue el propio presidente, Gustavo Petro, quien sugirió reformar el Marco Fiscal.  “Debemos aceptar que hay que hacer un esfuerzo presupuestal para comprar las tierras, que ese esfuerzo no debe ser subsumido por un crecimiento del precio de la tierra que harían sus poseedores, dado que está concentrada su propiedad de una manera horrorosa”, enfatizó.

Para avanzar en este propósito, el mandatario hizo referencia a la implementación de “instrumentos como el Catastro Multipropósito y ojalá un incremento del impuesto a la tierra de gran posesión fértil pero improductiva”.

Además, Petro planteó la posibilidad de priorizar la compra de la tierra como inversión pública del país.

Para tal fin, manifestó que “comprar la tierra significa no agredir a la persona tenedora de la tierra hoy, independientemente de su historia, porque la historia de la tierra de Colombia –de la tierra fértil– es una historia ensangrentada, es una historia violenta, pero independientemente de esa historia de violencia, lo que nosotros les proponemos hoy es que se la compramos, les compramos la tierra a precio de mercado. Eso debe ser una condición de paz”.

La ministra en el Congreso

Luego la ministra de Agricultura, Cecilia López, estuvo en un debate de control político ante la Comisión Quinta, donde explicó cómo avanza el proceso de compra de tierras.

“Dentro de lo que tiene que ver con la compra de tierras entra la propuesta que hizo Fedegán, que se va a manejar con filigrana, vamos a mirar las tierras que ellos nos ofrezcan y después el Instituto Agustín Codazzi tendrá que mirar los rangos de precios”, detalló la ministra.

Recalcó que este proceso será estricto en cuanto a la transparencia para definir los precios de las hectáreas y que una vez concluida esa etapa se llevará a esa región un paquete integral de desarrollo con todo lo que se necesita para producir.

“Debemos estimar cuánto vale la tierra, cuánto vale el apoyo para que produzca y esas cifras las estamos refinando. Vale mencionar que estamos recibiendo ofertas de donaciones de tierra, pero debemos analizar si es productiva o no”, añadió.

Sobre el componente de titulación precisó que se avanza en el proceso de entrega de títulos de las 641 mil hectáreas para comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas.

De las tierras de la Sociedad de Activos Especiales reveló que desde el Ministerio se ha trabajado con la entidad y que se espera que pronto haya un traspaso de terrenos que están en manos de distintas personas y pasen a organizaciones campesinas.

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El ministro de Defensa

Algunos de los participantes de este mismo debate dijeron que no recordaban la presencia de un ministro de Defensa dentro de la Comisión Quinta y que esto demostraba lo grave de la  situación que se vive en la actualidad.

En cuanto a las invasiones, el ministro Velázquez dijo que "les he pedido que logremos un espacio de conciliación que le permita al Gobierno desarrollar su proyecto de tierras. Es muy difícil avanzar de manera ordenada, como se ha pretendido, desde el Minagricultura y la Agencia de Tierras para adelantar los procesos de titulación cuando hay ocupaciones permanentes, ya que hacen que los esfuerzos del Gobierno se desenfoquen".

Del mismo modo, el alto funcionario recordó que es la Ley y no una orden del Gobierno la que dispone que dentro de las 48 horas siguientes a la ocupación de un predio la Policía, a solicitud del afectado, debe intervenir para conseguir el desalojo.

Reacción de la SAC

Dentro del mismo debate estuvo Jorge Bedoya, presidente de Sociedad de Agricultores de Colombia, quien afirmó: “Lo que no podemos acompañar es que a punta de violar la Constitución y la Ley se busque hacer una reforma agraria. Yo estuve en Caldas hace algunas semanas, cinco horas hablando con los productores de alimentos de ese departamento y todos están asustados por la invasión de tierras”.

"La Constitución Nacional en el artículo 65 habla de la protección especial que debe gozar la producción de alimentos en Colombia, porque la violación a los derechos a la vida, al trabajo y a la propiedad privada que se comete con la invasión de tierras debe tener una respuesta efectiva por parte del Estado y eso se llama judicialización”, agregó.

“¿Si invaden esta comisión vamos a esperar 48 horas? No. Lo que sucede es que durante ese tiempo al campesino le queman el cultivo, le matan los animales y el dueño del predio tiene que ir hasta la Policía y ¿quién le cuida el predio mientras tanto? Por eso no podemos permitir que el Estado no responda ante la comisión de un delito”.

Acuerdo entre Fedegán y el Gobierno

Precisamente este acuerdo que se presentó al finalizar la semana generó todo tipo de opiniones, comenzando por la ministra de Agricultura, quien lo calificó de histórico.

“Ya tenemos el primer componente, que es la titulación; lo de la Sociedad de Activos Especiales está andando y hoy se inicia la compra de tierras con el ofrecimiento de Fedegán. Agradecemos a su presidente (José Félix Lafaurie), quien ha hecho una labor extraordinaria y reconocemos que es una señal para el sector privado que sí cree que la reforma agraria es una realidad", declaró López.

De igual manera, desde el gremio ganadero señalaron que el acuerdo nacional agrario establecido entre Fedegán y su junta directiva con el Gobierno Nacional tiene el gran propósito de suministrarle en venta los 3 millones de hectáreas que se requieren para cumplir el punto 1 del acuerdo de La Habana. “Agradezco al Gobierno y especialmente a la ministra de Agricultura los espacios de diálogo con los ganaderos colombianos que antecedieron el acuerdo”, señaló Lafaurie.

Respecto a este acuerdo, Jorge Bedoya le dijo a EL NUEVO SIGLO que “el anuncio del acuerdo es muy positivo, pero hay que esperar para conocer cuáles son los términos del mismo, porque la gente se preguntará, más allá de lo bondadoso, de cuándo, cómo es, cuánto es, eso genera mucha inquietud. Es muy buen anuncio, pero se deben precisar los términos”.

Asimismo, el exministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo le expresó a EL NUEVO SIGLO sus dudas al respecto. “Me parece un acuerdo muy extraño. En primer lugar, quedan muchas cosas por aclarar, no entiendo bien cómo se le da un privilegio a un gremio privado para ser el interlocutor de toda la política de tierras. No se entiende tampoco si los únicos vendedores van a ser los de Fedegán o cualquier otro colombiano que quiera vender pueda hacerlo".

“No queda claro si los tres millones de hectáreas van a ser solo las tierras ganaderas o de tierras no ganaderas. No se entiende tampoco cómo se va a verificar la limpieza de los títulos de las tierras que se vendan. No se aclara tampoco si los baldíos ocupados van a ser parte o no de esas operaciones financieras. En fin, es un acuerdo muy general con un grupo encabezado por el señor Lafaurie que antes se oponía al acuerdo de paz y ahora aparece como el gran promotor del punto número uno de ese acuerdo".

“Primero dijeron que había que reformular el Marco Fiscal a mediano plazo porque este programa valía 60 billones de pesos, que había que endeudarse más, ahora parece que esa preocupación se ha diluido con la presencia de Fedegán”, remarcó Restrepo.

Quien fuera asesor externo de la Oficina del alto comisionado para la Paz, y creador del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional, Alejo Vargas, le dijo a este diario que “tienen cierta razón quienes piden claridad en el sentido de que las tierras que se ofrecen no tengan problemas en lo que tiene que ver con la titulación, para que no vaya a haber controversias posteriores”.

“Es una decisión razonable porque de alguna manera es evitar que el Gobierno se vea obligado a tener que acudir a medidas como la expropiación, en algunos casos. Con esta decisión me parece que se le da una salida por la vía concertada y de acuerdos a un tema que es prioridad del Gobierno y que responde a una necesidad muy importante de un sector muy grande del campesinado”, concluyó.