La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al subcontralor de Cali, Valle del Cauca, Diego Fernando Durango Hernández, por las presuntas irregularidades en el uso dado a 210 chalecos institucionales adquiridos, de los que solo se devolvieron al almacén 115, con lo que se habría presentado un detrimento patrimonial.

La Procuraduría Regional de Instrucción del Valle señaló que el hecho de que falten 95 chalecos, entregados cada uno de ellos con los logos distintivos de la Contraloría General de Santiago de Cali en 2018 a los contralores escolares, constituye un riesgo por el mal uso que podría dárseles.

El Ministerio Público sostuvo que luego de una auditoría al almacén de la Contraloría se encontraron únicamente 115 actas de recibo a satisfacción por parte de los estudiantes, por lo que, al parecer, Durango Hernández pudo omitir el cumplimiento de sus obligaciones reglamentarias, legales y contractuales como supervisor del contrato respectivo.

Asimismo, la entidad indicó que el funcionario posiblemente no organizó en debida forma el procedimiento para la devolución de los chalecos, no dio cuenta del mecanismo usado para recuperarlos al terminar el periodo escolar y no verificó la entrega de la totalidad de ellos, lo que evidenciaría una falta de control y el desconocimiento del principio de responsabilidad.

De manera provisional, la Procuraduría calificó la falta del subcontralor de Cali como grave a título de culpa grave.

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Vale recordar que antes de culminar el 2022, en fallo de segunda instancia, la Procuraduría General de la Nación confirmó el fallo contra el exsecretario de Seguridad y Justicia de Cali, Carlos Alberto Rojas Cruz, a quien le redujo su sanción de diez a cuatro meses por el incumplimiento de sus deberes durante el paro nacional de 2021, lo que produjo diversas afectaciones en la ciudad.

Al igual que la Regional de Instrucción del Valle en la primera instancia, la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento confirmó que Rojas Cruz omitió las órdenes que de manera clara le había impartido el alcalde distrital sobre el acercamiento con los líderes de las manifestaciones tendientes a mitigar futuras intervenciones violentas; sin embargo, le concedió la razón en lo ateniente a la supuesta omisión en labores de inteligencia, al tratarse de un deber que por disposición legal y constitucional le corresponde a las Fuerzas Militares.