En Senado y Cámara hacen trámite iniciativas para regular el cannabis de uso adulto con fines recreativos, en medio de la polémica de algunos sectores políticos y sociales que consideran que, de esta forma, se dispararía el consumo y se abriría una puerta a que especialmente los jóvenes accedan a drogas consideradas más duras.
El expresidente Álvaro Uribe, quien durante su mandato impulsó prohibir el porte y consumo de la dosis mínima, que condujo a expedir el Acto Legislativo 02 del 2009, produjo en días pasados un documento a propósito de las iniciativas en este Congreso para regular el consumo adulto del cannabis, con 15 puntos en los que argumenta por qué es inconveniente para el país que se dé este paso.
Entre otras razones, el exmandatario señaló que “Colombia no criminaliza el consumo ni la dosis personal, aquí a las personas no las llevan a la cárcel por consumo ni por portar la dosis personal”. Agregó que en el país se da prioridad a la prevención y a la rehabilitación. “Sin embargo, el Estado ha quedado pequeño”.
Dijo también Uribe que “legalizar el uso recreativo para adultos afecta los derechos de los niños y de los adolescentes; esos derechos de los niños tienen que prevalecer sobre los otros derechos de acuerdo con la Constitución”.
Señaló además que la legalización ha demostrado que aumenta el número de niños y de adolescentes que se inician en el consumo. “La legalización aumenta el mercado ilegal, induce a otras drogas”, subrayó el expresidente.
Por su parte, la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, dijo que “promover el consumo de marihuana en la juventud y en los colombianos en general, no es avance, es degradación”.
Mientras que el representante conservador por Antioquia, Luis Miguel López Aristizábal, indicó que “de lo que tenemos que ser conscientes es que no podemos pretender legalizar para uso recreativo una droga que le hace mal a la sociedad, que le hace mal a nuestros jóvenes, que daña el futuro de nuestros jóvenes”.
Agregó que “no podemos legalizarla porque todos sabemos que la ley se vuelve cultura, entonces estaríamos es promoviendo una droga que le hace mal a nuestra sociedad”.
Por su parte, el presidente del Senado, Roy Barreras, dijo que “el Congreso de Colombia avanzará en la despenalización total de los usos del cannabis en el camino de la regulación de las llamadas drogas suaves. La maldición del narcotráfico se alimenta de la prohibición que generan las mafias”.
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Los proyectos
El pasado 4 de octubre fue aprobado por la Comisión Primera de Cámara el proyecto de reforma constitucional N.º 066/2022C, el cual regula el porte y consumo de cannabis.
En la iniciativa del representante por Putumayo del Partido Liberal, Carlos Ardila, y que cuenta con la firma de legisladores de distintos partidos, como elemento adicional se faculta a los municipios y departamentos para decretar y percibir tributos por actividades relativas al cultivo, procesamiento, distribución y venta de cannabis para uso de adultos.
Todo apunta a que esta iniciativa se hundirá porque no alcanzaría de aquí al 16 de diciembre, cuando finaliza el primer periodo de la legislatura, a surtir los tres debates que le faltan para cumplir la primera vuelta que requieren proyectos de reforma a la Constitución.
Mientras que el pasado 11 de octubre fue aprobado en segundo debate, en la Plenaria de Cámara, el proyecto de acto legislativo 002/2022C y 33/22S, el cual modifica el artículo 49 de la Constitución Política al regularizar el cannabis de uso adulto y se dictan otras disposiciones.
La iniciativa fue radicada por parlamentarios del Pacto Histórico y de otras colectividades integrantes de la coalición de gobierno, así como de fuerzas alternativas.
La reforma está fundamentada en la regularización del consumo, cultivo y comercialización de cannabis. Además establece que se deberá proteger a los menores de edad y a los entornos escolares, entre otros aspectos.
Este proyecto de reforma constitucional tiene tiempo suficiente para rendir de aquí al 16 de diciembre los dos debates en el Senado que le restan en la primera vuelta, y de esta forma quedaría en tránsito para el próximo año cumplir los otros cuatro debates de la segunda vuelta.
Se espera que la semana entrante sea agendado por la Comisión Primera del Senado para discutirlo en tercer debate.
Igualmente en la Comisión Primera del Senado hay un proyecto de acto legislativo, el N.º 31/22S, que presentaron congresistas de la coalición Centro Esperanza- Partido Alianza Verde, por medio del cual se habilita la regulación del uso adulto del cannabis y sus derivados.
La iniciativa está pendiente de que se rinda ponencia para el primer debate. No obstante, es claro que se hundirá pues no alcanza el tiempo para los cuatro debates necesarios en primera vuelta.
Mientras que en la Comisión Primera de la Cámara también está pendiente de ponencia un proyecto de ley para regular el cannabis de uso adulto.
El texto de integrantes de la bancada liberal en la Cámara plantea crear un marco regulatorio para la semilla, el cultivo, transporte, almacenamiento, procesamiento, transformación, exportación, empaquetado, publicidad, venta, porte y consumo de flor del cannabis y sus derivados de uso adulto.
Así mismo la incorporación de políticas de cuidado, derechos humanos y bienestar como componente esencial para la protección del usuario.
En los últimos tres congresos se han hundido cerca de una decena de proyectos de reforma constitucional para regular el uso del cannabis con fines recreativos.
El Congreso ya dio el paso de legalizar el cannabis con fines terapéuticos, que se tradujo en la Ley 1787 del año 2016, con la que se permite el acceso seguro e informado al uso médico y científico del producto y sus derivados en el territorio nacional, especialmente para el tratamiento de pacientes con enfermedades graves o terminales.
En estos años ha crecido en el país la industria del cannabis de uso medicinal, incluso con la participación de empresas del exterior.
Precisamente en febrero pasado, a través de la Resolución 227, se le brinda el estímulo, alcance, reglamentación y precisión al desarrollo de este producto medicinal en sus componentes no psicoactivos, donde se verán beneficiados los sectores de alimentos, bebidas y textiles del país, según se explica en la norma.