Diferentes entidades emiten alertas de distintos tipos a menos de un mes de celebrar las primeras votaciones de este año en Colombia donde se elegirán los miembros del Congreso de la Republica, los integrantes de las circunscripciones especiales de paz y se realizarán las consultas para escoger a los candidatos que irán a la primera vuelta por cada coalición.

La Fiscalía, la Procuraduría, la Fundación Paz y Reconciliación y la Misión de Observación Electoral han advertido lo que podría pasar de aquí al 13 de marzo y después de las elecciones.

Fiscalía General de la Nación

El fiscal general, Francisco Barbosa, definió la hoja de ruta para investigar y judicializar los delitos que se presenten en las etapas preelectoral, electoral y poselectoral.

“Del total de municipios del país, 258 tienen un riesgo alto en delitos electorales; en riesgo medio, 526; y en riesgo bajo, 338 municipios”, reveló el Fiscal.

Para este propósito, se contará con un equipo especializado de fiscales del Eje Temático de Protección de Mecanismos de Participación Democrática, adscrito a la Dirección Especializada contra la Corrupción; se articularán los esfuerzos de la Delegada contra la Criminalidad Organizada y la Delegada para la Seguridad Territorial; así como de la Delegada contra las Finanzas Criminales, esta última a efectos de detectar financiación ilícita de campañas o alteraciones en los informes contables que se presenten ante las autoridades competentes.

“Tendremos un comité de priorización en la Fiscalía General de la Nación permanente. Un comité directivo analizando el fenómeno electoral, de acá al fin de los comicios presidenciales. Al mismo tiempo, tendremos puestos de mando unificado itinerantes en todo el territorio nacional, organizados por los directivos seccionales para informarle al país, en tiempo real, lo que está pasando con el delito electoral en Colombia”, afirmó el Fiscal General.

Procuraduría General

La procuradora general, Margarita Cabello, como presidenta de la Comisión Nacional de Control Electoral, alertó que en 273 municipios de 20 departamentos no se ha expedido el acto administrativo que regula la propaganda electoral y la sectorización para su fijación, y advirtió que hay territorios donde se está ubicando publicidad política en infraestructura propia del Estado, por lo que llamó a los alcaldes a restablecer el espacio público y a aplicar las medidas y sanciones respectivas.

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Misión de Observación Electoral (MOE)

Según la organización hay 131 poblaciones amenazadas, con el agravante de que 49 de ellas están en riesgo extremo, 65 en riesgo alto y 17 en riesgo medio (ver infografía al final). Aunque existe un descenso frente a las elecciones de hace cuatro años, cuando hubo 170 municipios en riesgo, y frente a las regionales de 2019 (con 156 poblaciones), la MOE insta a que las autoridades electorales, en coordinación con otras instituciones, planteen estrategias para mitigar o eliminar las amenazas.

El informe advierte que las regiones con mayor riesgo son Catatumbo, en Norte de Santander; Arauca; el sur de Bolívar y la subregión del nordeste antioqueño; Chocó; la Orinoquía y la Amazonía; el Bajo Putumayo, y la costa Pacífica y Nariño. Frente al riesgo extremo pormenorizado, la MOE llama la atención por Antioquia (14 municipios), Chocó (7), Norte de Santander (7) y Cauca (4).

Por otro lado, en materia de violencia asociada a las elecciones, la MOE indica que hay 319 municipios en riesgo, nueve más frente a 2018. De ese total, 68 tienen una amenaza extrema, 130 alta y 121 media. En esa línea, pese a la firma del Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las Farc, el informe muestra que persisten riesgos por cuenta de otros grupos armados ilegales y las disidencias. En referencia con el Eln, dice la MOE, existen 91 poblaciones en riesgo por su presencia. Frente a las disidencias, los municipios ascienden a 124.

Fundación Paz y Reconciliación (Pares)

En su cuarto informe sobre violencia y dinámica electoral, la organización señaló que desde el pasado 13 de marzo de 2021, fecha que marcó el inicio del calendario electoral, hasta el 13 de febrero de 2022, se registraron 163 víctimas de violencia electoral y 124 hechos asociados, donde la mayoría han sido vinculadas con las amenazas, excluyendo los actos perpetrados contra líderes y lideresas sociales. Asimismo, se ha reportado 19 candidatos o líderes políticos que han sido asesinados en el territorio nacional durante ese mismo periodo.

No obstante, Pares informó que es una cifra menor a la registrada en las pasadas elecciones locales y departamentales del 2019, cuando fueron 230 víctimas en 177 hechos, y de ellas tres de cada diez eran personas pertenecientes a la oposición.