Por Gabriel Sonny Cubillos

Periodista de EL NUEVO SIGLO

El alto impacto que tiene la operación minera obliga a que los municipios también decidan sobre esta actividad en sus territorios, señaló el ambientalista Rafael Colmenares, quien destacó el reciente fallo del Consejo de Estado, el cual suspendió de manera provisional el decreto que prohibía a las entidades territoriales tomar determinaciones sobre el particular.

Añadió que con mayor razón la voz de los municipios debe ser escuchada si se tiene en cuenta que la Constitución Política los faculta para ordenar el territorio.

La Sección Tercera del alto Tribunal señaló en este fallo que “el Despacho estima que al impedir, vía reglamento, que en los planes de ordenamiento territorial se incluyan disposiciones relacionadas con la actividad minera, le restaría uno de aquellos aspectos propios de esos actos, entendidos como el conjunto de directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas que debe adoptar cada municipio para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo”.

EL NUEVO SIGLO: ¿Qué opinión tiene de este fallo del Consejo de Estado?

RAFAEL COLMENARES: Pues es bienvenida la decisión del Consejo de Estado en tanto que es un reconocimiento de que las entidades territoriales sí tienen la potestad de prohibir la minería en sus territorios, lo cual es coherente con la Constitución en cuanto a que son los municipios los entes que deben ordenar el territorio. La actividad minera implica un impacto muy grande en un territorio y obviamente tiene que ser objeto de regulación por parte de los municipios.

ENS: ¿Ha tenido respuesta del Gobierno la solicitud de organizaciones ambientalistas de acudir a una especie de moratoria en la entrega de títulos mineros mientras se estudia cuáles de las que se han adjudicado no cumplen la normatividad? 

RC: Hemos hecho esa solicitud pero infortunadamente el Gobierno nacional no ha dado ninguna respuesta a esta campaña, incluso, cursa una acción popular en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que han impulsado varias organizaciones. El 28 de julio pasado hubo una audiencia de pacto de cumplimiento donde se expuso cómo después de la reapertura de la ventanilla de la sección de solicitudes de títulos mineros, hecho ocurrido el año pasado, se continuaron expidiendo títulos u otorgando concesiones en zonas que incluso el propio Gobierno había declarado como por fuera de la minería provisionalmente. En zonas de grupos étnicos, también algún parque nacional.

Incluso hay unos estudios contratados por la propia Agencia Nacional Minera que aluden a que hay una gran cantidad de títulos expedidos en condiciones de ilegalidad.

El Gobierno representado en esa audiencia de pacto de cumplimiento por dos agencias y dos ministerios, el de Minas y el de Medio Ambiente, sencillamente dijo que no tenía ningún ánimo de ni siquiera discutir este punto de vista, mucho menos de llegar a una especia de pacto de cumplimiento, lo cual pues es una respuesta clara de que frente a todas las iniciativas desde la sociedad civil clamando por esa moratoria minera, el Gobierno tiene completamente los oídos sordos frente a ese clamor.

Código Minero

Algunos consideran que un nuevo Código Minero permitiría una mejor convivencia de la actividad extractiva y el medio ambiente. Sin embargo, Colmenares dijo al respecto que “pienso que el problema no es la antigüedad del Código Minero, pues tampoco es tan antiguo, es del año 2000, el problema mayor es el enfoque de ese Código, que estableció que la minería era una actividad de interés social y de utilidad pública. Es darle un estatus que ni siquiera tiene la producción de alimentos en Colombia”.

Añadió que sobre ese estatus, que consideró sobredimensionado, que le dieron a la minería “pues se monta toda una cascada de normas que conducen es a privilegiar esta actividad sobre otras, incluso afectando derechos humanos fundamentales como el derecho a la vida, a la salud, al agua. Entonces lo que se debería hacer es reducir la actividad minera a sus justas proporciones y por otro lado, más bien, la normatividad debe poner por encima de los intereses de las empresas mineras, pues los derechos humanos y la seguridad y la soberanía alimentaria y la preservación del suelo. Lo que se debe hacer es un cambio sustancial del enfoque de regulación de esta actividad”.