EL PAÍS no requiere una macro reforma al sistema de justicia, aseguró Hernando Herrera, presidente de la Corporación Excelencia a la Justicia a EL NUEVO SIGLO, quien aseveró que la delincuencia se debe a las falencias que existen en la rama jurídica.

Destacó que en el país hay más concesiones para los victimarios sobre las víctimas. Pero también puntualizó que hace falta mayor inteligencia preventiva para desarticular el crimen y bandas delictivas.

EL NUEVO SIGLO: El Gobierno anunció que volverá a presentar al Congreso los proyectos de humanización carcelaria y sometimiento a la justicia de bandas multicrimen. ¿Cree que en esta nueva legislatura esas iniciativas tienen alguna oportunidad de progresar?

HERNANDO HERRERA: Creo que el ministro de Justicia tiene la mejor de las intenciones. Desde luego, ha explicado por qué, desde el punto de vista de esa cartera ministerial, esos proyectos son relevantes. Sin embargo, más allá de lo propiamente jurídico, hay una complicación fundamental y es que el Gobierno pareciera no tener hoy en día las mayorías para efectos de impulsar esa agenda legislativa.

Eso no lo digo solo por los proyectos que atienden al sector justicia, sino por aquellos que también son reformas legales y en los cuales el Ejecutivo ha afincado sus grandes reformas que están estancadas, en especial la de la salud que no ha podido pasar el primer debate y que, además, siendo una ley estatutaria, la están tramitando indebidamente como una ley ordinaria.

Entonces, me parece que en este momento hay una sensible crisis de impulso legislativo por ese rompimiento de la coalición, lo cual hace que todos los proyectos del Gobierno tengan un futuro muy incierto.

ENS: Algunos sectores políticos están pidiendo que el Gobierno plantee una reforma judicial de amplio espectro. ¿Cómo se dice popularmente, el palo si está para cucharas?

HH: En este momento, no. Creo que el país no requiere una macro reforma a la justicia. Si hay que hacer reformas, deben ser aquellas que interesen a los ciudadanos. Al ciudadano de a pie le interesa tener una justicia de mayor acceso, más tecnológica y más flexible. Y allí deberíamos todos sentar nuestras bases fundamentales, apostarles a procedimientos ágiles, muy cercanos a lo que pasa con la tutela.

La tutela ha sido exitosa porque los funcionarios judiciales la resuelven de manera rápida, también porque es de funcionamiento flexible. También hay que señalar que parte de esta reforma va a ser en la regulación de la ley estatutaria de la administración de justicia, que la Corte Constitucional acaba de darle su visto bueno y que va a imponer múltiples impulsos de iniciativas distintas para fortalecer la rama judicial.

Criminalidad

ENS: ¿Hasta qué punto el pico de criminalidad rural y urbano que se está presentando en el país tiene que ver con deficiencias normativas en legislación penal y penitenciaria?

HH: ¿Por qué se ha disparado la inseguridad? Dijéramos que hay un fenómeno multifactorial. Lo primero es porque ha habido un descuido en el mantenimiento del orden público a nivel general. Lo segundo, porque también hace falta, tanto mayor cuerpo policial como mayor inteligencia preventiva para desarticular el crimen y las bandas delictivas.

Tercero, es que nuestro sistema jurídico penal es blando en cuanto a que le otorgan privilegios a ultranza y desmedidos al victimario, en contra de la víctima.

Cuarto, porque desde luego, el tema penitenciario tiene falencias, como, por ejemplo, el hacinamiento y que muchas de las veces no existen una rehabilitación de la persona privada de libertad, sino que las cárceles se convierten en universidades para el delito.

ENS: Procesos en Corte Suprema, Consejo de Estado, Procuraduría, Consejo Nacional Electoral y Comisión de Acusación de la Cámara… ¿Hay una excesiva judicialización de la política?

HH: Siempre que algún actor político confronta la rama judicial, se dice que la justicia está politizada. A la justicia hay que darle, desde todas las tendencias ideológicas, exceso de respeto por la independencia y por su autonomía, para que opere sin presión alguna. Para que opere tranquilamente cuando se trate de definir asuntos en materia penal, disciplinaria, electoral.

Le hemos pedido varias veces al Ejecutivo de turno, como en el pasado lo hemos hecho con otros gobiernos, es estar al pendiente de ese principio fundamental, una debida coordinación entre los poderes públicos, pero sin entrometerse en esa independencia de la rama que hace que no tenga ningún cariz político ni que sea susceptible de presiones.

Derechos

ENS: La oposición denuncia que el Gobierno quiere usar la ley de justicia y paz como marco legal para negociar con el ‘Clan del Golfo’ y otras bandas criminales. ¿Eso es posible?

HH: No es posible. Todas las personas que cometen delitos comunes y que obviamente tienen asocio con delitos graves a nivel nacional o trasnacional, se someten a un marco de acción distinta que es el sometimiento. Esto quiere decir que es bajo las condiciones que cualquier otra persona que se compromete con la justicia a dejar su negocio y desmantelar bandas, pero sin obtener privilegios en materia política. Ese es un elemento fundamental que habrá que privilegiar.

En todo caso habrá que decir que, si se trata de organizaciones de las que antes se denominaban subversivas, tiene que existir compromisos de respeto por los derechos humanos, derechos fundamentales y derecho internacional humanitario.

ENS: Tras la creación de la jurisdicción agraria, hay congresistas y expertos que plantean, a raíz de los últimos escándalos de financiación de campaña, que se active también una jurisdicción electoral. ¿Qué opina?

HH: No estamos de acuerdo y nos opondremos a eso, no porque no haya que revisar. Claro que hay que revisar la forma en la que opera el Consejo Nacional Electoral. Creo que debemos hacer una revisión a fondo de esa circunstancia, pero eso para fortalecer las cortes que hoy en día están creadas.

Entonces, si lo que se quiere, por ejemplo, es atribuirle mayores facultades al Consejo de Estado y a su sesión quinta, que operan de manera muy eficiente, entonces en eso sí estaremos de acuerdo.

En lo que no estaremos de acuerdo es en atomizar la rama por varias razones. Una de ellas es porque eso implicaría un golpe de Estado en contra de la rama judicial y porque eso implicaría romper los pilares fundamentales de la Constitución que hablan de la jurisdicciones y altas cortes sólidas e intocables.