Gobernador del César con casa por cárcel | El Nuevo Siglo
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Miércoles, 18 de Agosto de 2021
Redacción Web

Medida de aseguramiento con detención domiciliaria contra el gobernador del César, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, ordenó el Tribunal Superior de Bogotá por presuntas irregularidades en la contratación del Plan de Alimentación Escolar (PAE) de ese departamento en 2015, cuando se desempeñaba por primera vez en el cargo.

En ese sentido, el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Julio Ospino, le imputó los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. 

El alto tribunal argumentó que el contrato celebrado entre la Gobernación de César y el Consorcio de Alimentación Escolar A Salvo, generó un peculado cercano a los $3.000 millones porque se presentaron sobrecostos en algunos de los productos alimentarios. 

Un ejemplo de lo anterior son los precios presentados por el hígado, el cual fue facturado en ese entonces por $65.406 el kilo, cuando las cotizaciones de la Fiscalía no superaban los $15.000. 



Además, Ospino indicó que en las investigaciones se identificaron, por lo menos, nueve inconsistencias como falta de estudios previos, prepliegos amañados y deficientes, y supuestas omisiones de los requisitos de ley en distintas etapas del proceso de contratación, evaluación y liquidación.

Por tal razón el pasado mes de julio, solicitó la detención preventiva de Monsalvo Gnecco mientras el proceso avanza, ya que considera que la "recaudación probatoria está en riesgo".

Así las cosas, Gnecco vuelve a los estrados judiciales por presuntas irregularidades en un contrato de alimentación escolar por más de $17 mil millones, luego de que a comienzos de 2021, la Corte Suprema lo absolviera por presunto corrupción al sufragante.

Este último caso se remite a hechos que tuvieron lugar entre agosto y octubre de 2011 en un territorio en Valledupar llamado 'Tierra Prometida', donde Monsalvo presuntamente firmó un documento con líderes comunales en el que se comprometía a incluir a la invasión en proyectos de construcción de vivienda a cambio de votos. 

Este compromiso notariado había sido suscrito el pasado 16 de octubre de 2011, por ocho líderes comunales y por el entonces aspirante, quien además ganó las elecciones regionales.