El próximo 21 de abril la Corte Internacional de Justicia de La Haya (Países Bajos) dictará sentencia por una de las dos demandas que Nicaragua impetró contra Colombia por el diferendo limítrofe marítimo que se inició en 2001, que tiene que ver con un supuesto incumplimiento que alegan los centroamericanos de un fallo de 2012. El equipo jurídico nacional se ha mostrado optimista de que la decisión sea favorable a nuestros intereses. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó el pasado miércoles que fue notificado por parte de la Corte Internacional de Justicia sobre la fecha del fallo, en el caso relativo a las supuestas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el mar Caribe, iniciado por Nicaragua contra Colombia en 2013. 

Explicó la Cancillería que las decisiones de los jueces se conocerán el próximo 21 de abril en el Palacio de la Paz en La Haya, a las 10 de la mañana (hora de Países Bajos; 3 de la mañana, hora Colombia). 

La Corte Internacional de Justicia examinará las reclamaciones nicaragüenses según las cuales Colombia supuestamente habría violado el derecho internacional, por no haber dado aplicación al fallo del 19 de noviembre de 2012 de este Tribunal, como consecuencia de las operaciones de la Armada Nacional en el mar Caribe; así como por la expedición del decreto que estableció la Zona Continua Integral en el Archipiélago.  

En el marco de este proceso Colombia contrademandó a Nicaragua mediante dos reclamaciones, según las cuales, en cuanto a la primera, ha violado los derechos de pesca artesanal de los habitantes del Archipiélago, en particular de la comunidad Raizal, para acceder y explotar sus bancos de pesca tradicionales. 

Y la segunda porque Nicaragua expidió un decreto que nuestro país considera es contrario al derecho internacional, relacionado con los puntos y líneas de base a partir de los cuales mide sus espacios marítimos en el mar Caribe, buscando adjudicarse de forma unilateral áreas marinas en detrimento de Colombia. 

Los más recientes desarrollos en el trámite que hace la Corte Internacional de Justicia de esta demanda fueron las audiencias orales en La Haya, entre el 20 de septiembre y el 1 de octubre de 2021. 

En esa oportunidad los abogados de Colombia centraron sus argumentos en defender los derechos de pesca tradicionales de la comunidad raizal; así como evitar que Nicaragua limite los derechos de Colombia en el mar Caribe. 

Igualmente, los abogados reiteraron un argumento que Colombia ha defendido, acerca de la implementación del fallo que emitió en 2012 esta Corte, como es que el caso trata sobre los derechos y libertades de ambas partes en el área, no sobre el cumplimiento o ejecución de esa sentencia, por lo cual Nicaragua tiene la carga de probar cada violación alegada. 

Además, Colombia en dichas audiencias orales resaltó la importancia de la protección del medioambiente marino así como de asegurar la continuidad de la interdicción del tráfico ilícito de estupefacientes en el mar Caribe. 

El fallo del 2012 

El litigio en la Corte Internacional de Justicia inició en 2001 por la demanda que presentó Nicaragua buscando que se declarara inválido el tratado Esguerra-Bárcenas de 1929 que firmaron las dos naciones, y que por ello se declarara la soberanía de los ‘nicas’ sobre todas las islas y cayos del Archipiélago de San Andrés y Providencia, que son 10 en total: San Andrés, Providencia, Santa Catalina, Alburquerque, Cayos del Este-Sudeste, Roncador, Quitasueño, Serrana, Serranilla y Bajo Nuevo.  

El 19 de noviembre de 2012, la Corte Internacional de Justicia resolvió la controversia planteada por Nicaragua en 2001, con un fallo en el cual si bien reconoció la validez del tratado Esguerra-Bárcenas, y por esa vía la soberanía de nuestro país sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia, el país centroamericano no salió con las manos vacías. 

La Corte rechazó la posición tradicional de Colombia según la cual el tratado efectuaba una delimitación marítima, por lo que concluyó que a ella le correspondía determinar la extensión de los espacios marítimos de los dos países y fijar la frontera marítima entre las islas colombianas y la costa nicaragüense. 

Como consecuencia la Corte procedió a hacer la delimitación marítima con la cual Nicaragua ganó cerca de 75 mil kilómetros cuadrados de mar que hasta entonces eran aguas colombianas. 

De igual forma, en esa oportunidad la Corte adoptó una decisión sobre la extensión de las zonas económicas exclusivas de ambas partes, hasta las 200 millas medidas desde la costa de Nicaragua. 

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Sin embargo, Colombia ha sostenido que la implementación del fallo del 2012 depende de un acuerdo entre las dos naciones que debe ser ratificado por el Congreso colombiano, dado que el mismo implica la modificación de límites del territorio nacional. 

Como consecuencia, desde entonces los barcos de Nicaragua hacen presencia en la zona afectada por el fallo de la Corte realizando explotación pesquera o patrullaje; igual las patrulleras de la Armada colombiana en desarrollo de ejercicio de soberanía y operaciones de interdicción contra el narcotráfico. También protegiendo los derechos de los pescadores raizales del archipiélago.  

En ese escenario no dejan de producirse controversias y tensión, que afortunadamente no ha pasado a mayores. 

Chance de Colombia en nuevo fallo 

La semana pasada la Cancillería advirtió que “hasta tanto no se conozca el fallo (el 21 de abril), el equipo jurídico de Colombia no se pronunciará al respecto”. 

Sin embargo, buscando anticipar las posibilidades que tiene Colombia frente a las pretensiones de los nicaragüenses, vale señalar que en septiembre pasado, en la segunda jornada de alegatos en la Corte Internacional de Justicia por la demanda que impetró la nación centroamericana por las supuestas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el mar Caribe por parte de nuestro país, la defensa de Colombia consideró que Nicaragua no tiene un caso serio. 

En esa oportunidad el exmagistrado de la Corte Constitucional Manuel José Cepeda, quien funge como coagente del país en este proceso, dijo en su exposición que “Nicaragua no ha logrado demostrar, caso por caso, que Colombia ha violado los derechos soberanos de Nicaragua”. Añadió el jurista que “tan precarias pruebas, tantas distorsiones de lo ocurrido hacen pensar que ni en 2013 ni ahora Nicaragua tiene un caso serio". 

Hay que recordar también la apreciación sobre el particular que le dio a EL NUEVO SIGLO hace un tiempo Rafael Nieto Navia, eminente profesor de Derecho Internacional. 

“Hay dos demandas pendientes para decisión de la Corte. Una que se refiere a la ampliación de la plataforma continental, 250 millas más”; la “otra demanda es la del incumplimiento. Yo pienso que esa del incumplimiento no tiene ningún futuro”, conceptuó Nieto Navia. 

Agregó, sobre la demanda de la ampliación de la plataforma continental: “Creo que esa tampoco tiene futuro”. 

Segunda demanda 

Es probable que, durante el próximo semestre, en la Corte Internacional de Justicia se inicie la fase oral de la otra demanda de Nicaragua contra Colombia buscando extender su plataforma continental, pues ya finalizó la etapa escrita. 

Como están las cosas, el fallo definitivo en este proceso solo se conocería en 2023. 

La nación centroamericana pretende la delimitación de la plataforma continental con Colombia más allá de las 200 millas náuticas desde la costa nicaragüense.