Luego de la reunión con el presidente Gustavo Petro, el exmandatario Álvaro Uribe presentó 17 reparos sobre el proyecto de reforma a la salud, que en los últimos días causó polémica por varios de sus artículos.

En un documento llamado "Sistema de Salud: ajustes sin desbarajuste. Primer borrador para contribuir a la discusión", el también exsenador expuso primero algunos puntos favorables del actual sistema.

Uno de ellos es sobre el pago a la salud: "El Estado y los empleadores pagan la mayor parte, el trabajador la cotización mínima y los compatriotas informales casi no pagan. Sin importar el nivel económico todos tienen derecho a los mismos servicios".

También destacó que "desde el Gobierno anterior se emprendió una lucha eficaz contra la corrupción", por las irregularidades denunciadas en hospitales y EPS.

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Sobre el proyecto que presentará el ministerio de Salud en marzo al Congreso, advirtió Uribe que "llevaría a que las personas para acceder a la salud tendrían que acudir a fondos regionales, organismos de monopolios burocráticos estatales".

"Lo anterior puede llevar a unos costos impagables por la explosión burocrática. Sin EPSs se debilitaría la racionalidad para utilizar el servicio. Además, en un monopolio estatal aumentaría el peligro de crecientes influencias politiqueras para obtener citas, acceso a especialistas, a procedimientos y cirugías", explicó.

Señaló el exmandatario que el sistema que propone el gobierno Petro se quedaría sin recursos con el paso del tiempo: "Obligaría a las personas a pagar más de su bolsillo o a quedarse sin servicio".

Otro punto importante que expuso Uribe fue sobre los contratos de los trabajadores de salud, para la cual propuso que se le hagan ajustes al convenio sindical: "Esta forma de contratación, tanto en el sector privado como en el público, supera tensiones entre capital y trabajo, entre empleadores y funcionarios, permite que quienes trabajan sean los beneficiarios de la tercerización, en definitiva es un instrumento solidario para profundizar y no eliminar. Aquello que no debería permitirse es el abuso que puede producirse cuando la organización sindical apela a terceros trabajadores para cumplir con sus obligaciones de un contrato sindical".

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