Los comicios, además de las cifras y personas que resultan elegidas, dejan también enseñanzas sobre las debilidades y aspectos que se podrían mejorar.  En este sentido resultan valiosas las recomendaciones que presentaron las misiones internacionales que participaron en las elecciones este año en Colombia, el Centro Carter y la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea.

Los cambios en la normatividad electoral en el país no son fáciles por los intereses que tienen los diferentes sectores políticos, lo que ha llevado a dificultar alcanzar consensos en el Congreso sobre los proyectos que se han presentado en todos estos años.

Ello hace que se tenga un Código Electoral del año 1986 y por ende desactualizado en varios aspectos, mientras que la última reforma política es de 2009.

En el actual Congreso, la Registraduría Nacional y el Consejo Electoral presentaron la reforma al Código Electoral; sin embargo, no ha avanzado en su trámite por los reparos de distintas bancadas, especialmente en lo que tiene  que ver con el registro civil.

Precisamente hace pocos días el registrador nacional, Alexánder Vega, viendo la situación que se presenta con esta iniciativa de ley estatutaria, pidió al Congreso dejar su discusión para 2023 y excluir del texto todo lo que tiene que ver con el registro civil. 

No obstante, Vega advirtió que es necesario remozar la normatividad sobre el registro civil, por lo que se comprometió a presentar un proyecto de ley exclusivamente para este tema. 

En cuanto a la reforma política que radicó el Gobierno, será votada hoy en cuarto debate en la plenaria de la Cámara. Si es aprobada, quedará en tránsito para el próximo período legislativo a partir del 16 de marzo para cumplir la segunda vuelta, pues se trata de una reforma constitucional.

Se espera que algunas de las disposiciones de la reforma política alcancen a ser implementadas en los comicios regionales de octubre del 2023.

Las recomendaciones

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea presentó un informe sobre las elecciones parlamentarias, de marzo pasado, y las presidenciales, en mayo la primera vuelta y en junio la segunda vuelta.

Entre sus recomendaciones está dotar al Consejo Nacional Electoral de los recursos humanos, financieros y logísticos necesarios para aumentar su capacidad de llevar a cabo un control eficaz de la financiación de las campañas.

Así mismo aumentar la cuota mínima de candidatas en las listas hasta la paridad y, además, aplicarla a todas las circunscripciones. “Con el mismo fin, se podría exigir la alternancia de hombres y mujeres en las listas cerradas”, indicó esta Misión.

Además recomendó eliminar la inhabilitación permanente para ser candidato al Congreso o a la Presidencia para los condenados por delitos dolosos. Al respecto señaló que si se mantiene la suspensión del derecho a participar en elecciones como pena vinculada a la prisión, el período de inhabilitación debería ser proporcional a la gravedad del delito o a la duración de la condena. 

También planteó esta Misión que “con el fin de adecuar la legislación colombiana a la Convención Americana de Derechos Humanos y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, suprimir la facultad de suspender o destituir a cargos electos por faltas disciplinarias, conferida por la Constitución a la Procuraduría, que es una institución administrativa. Dicha facultad debería estar exclusivamente en manos del poder judicial”.

Así mismo, propone consolidar la legislación electoral en un número limitado de leyes, preferiblemente en un Código Electoral y una ley de partidos y movimientos políticos.

Adicionalmente recomienda seguir aumentando el número de puestos de votación para acercar las mesas a los ciudadanos, tanto en las zonas rurales como en las urbanas; y convertir la inscripción de la cédula en un proceso permanente en lugar de limitarla al año anterior a las elecciones.

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La principal falencia en las legislativas pasadas fue la diferencia de más de un millón de votos entre el preconteo y los resultados del escrutinio, lo que llevó a algunos partidos a señalar un presunto fraude.

Sobre esto, la Misión de la Unión Europea recomendó que, con el fin de garantizar la exactitud de los resultados preliminares y oficiales, sería útil introducir la doble digitación de datos como práctica habitual en ambos procesos. 

En tanto que el Centro Carter fue invitado a participar en la observación de las elecciones presidenciales de este año. Producto de este ejercicio presentó una serie de recomendaciones para mejorar el sistema electoral, entre otras, que los actores involucrados deben rediseñar la arquitectura institucional electoral, priorizando criterios técnicos y profesionales en su selección. Agregó que el organismo resultante debería tener autonomía presupuestaria y descentralización territorial.

“Se debe reformar el Código Electoral que sirva para establecer un sistema electoral que genere confianza. La reforma debería priorizar necesidades urgentes, centrándose en áreas política y técnicamente viables, y que sirva para clarificar las inconsistencias y deficiencias de la actual ley”, propone  el Centro Carter.

Señala además que la preocupación sobre la financiación de los partidos políticos exige impulsar una reforma. Se debe considerar la posibilidad de incrementar la financiación pública directa o indirecta, restringir la financiación privada, adoptar medidas para la entrega efectiva del anticipo estatal y fortalecer la transparencia y el control de la financiación de las campañas electorales.

Propone también fortalecer los procesos y capacidades del Consejo Nacional Electoral para garantizar la aplicación de la normativa de campaña, incluyendo aspectos relacionados con la lucha contra el discurso de odio y la desinformación en las redes sociales.

Qué se podría aplicar y qué no

De las recomendaciones que presentaron las misiones de observación internacional antes señaladas, hay algunas que se ve factible implementarlas, en tanto que otras podría ser más dificultoso.

Dotar al Consejo Electoral de recursos humanos, financieros y logísticos para llevar a cabo un control eficaz de la financiación de las campañas, luce complicado por los costos que significaría.

Desde hace tiempo el organismo ha pretendido en elecciones tener en los 32 departamentos tribunales seccionales de garantías y de vigilancia, sin que lo haya logrado por temas presupuestales.

La paridad de género y alternancia en las listas está en la reforma política que discute el Congreso, sin embargo, de  llegar a aprobarse, no tendría aplicación en las elecciones de octubre próximo sino a partir de 2026.

No parece viable acoger la eliminación que se propone de la inhabilitación permanente para ser candidato al Congreso o a la Presidencia para los condenados por delitos dolosos, pues es una de las principales medidas para luchar contra la corrupción.

Quitarle a la Procuraduría la facultad de sancionar y destituir funcionarios de elección popular está contemplado en el proyecto de reforma política; sin embargo, es un cambio que ha generado gran polémica, por sus implicaciones, entre las bancadas de oposición y la de gobierno, que esta última defiende la medida. 

La procuradora Margarita Cabello advirtió que se estaría dando un paso en falso para combatir la corrupción.

Mientras que sobre la reforma al Código Electoral hay consenso en el Congreso de su necesidad. No ha avanzado porque varias bancadas consideran inoportuno que salga antes de las elecciones regionales de 2023, cambiando las reglas del juego. Sin embargo, se ve viable que se discuta el próximo año y que se empiece a aplicar en los comicios de 2026.

Sobre aumentar los puestos de votación, como se propone, no habría inconveniente más allá del tema presupuestal. De hecho, en las últimas elecciones la Registraduría ha ido avanzando, pues en las de este año se dispusieron más de 10 mil puestos en todo el territorio nacional.

Sin embargo, parece que nunca será suficiente el número de puestos de votación, dada la gran extensión del territorio nacional y las poblaciones disgregadas en algunos departamentos del suroriente.