Al tiempo que el Gobierno autorizó el incremento salarial que le corresponde a los congresistas este año, del 7,26 %, lo que deja su emolumento mensual en $37’900.000, la reducción que se buscaba con una reforma constitucional se hundiría, pues no alcanzaría a surtir los dos debates que le restan en Cámara en este periodo que fenece el 16 del presente mes, para cumplir la primera vuelta.

Vale anotar que si eventualmente el Gobierno decidiera llamar a extras al Congreso, a partir del 16 de diciembre próximo, no se podría hacer nada para salvar la iniciativa que reduce el salario de los congresistas, pues en este periodo especial no es posible tramitar reformas constitucionales.

En este nuevo Congreso fueron radicados desde el principio cuatro proyectos para bajar el salario de los legisladores o hacer que crezca de forma moderada, atándolo al IPC anual.

Esta cascada de iniciativas se explicaría porque se produjo un drástico cambio en la conformación del Congreso por el crecimiento de las fuerzas de izquierda y alternativas, en desmedro de los partidos tradicionales, las cuales usualmente han criticado los beneficios de los parlamentarios, como los altos salarios.

Esto sumado a que en el pasado Legislativo se hundieron varias iniciativas de autorreforma, como la reducción del receso después de diciembre, limitar el número de periodos y la rebaja del salario de los ‘Padres de la Patria’, en un momento en que por la pandemia muchos ciudadanos la pasaban mal económicamente. 

Esto dejó un mal sabor de boca en la mayoría de los colombianos que piden cambios en el Congreso, como se ha visto reflejado en varias encuestas, en donde aparece como una de las instituciones con baja calificación.

El proyecto de reforma constitucional N.º 10 Senado fue radicado el pasado 29 de julio por las bancadas en Senado y Cámara del Centro Democrático, con el objetivo de disminuir el número de miembros del Congreso y hacer una reducción salarial a los congresistas.

La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, autora y ponente de este proyecto, explicó que fue modificado producto de un acuerdo que logró con senadores de diferentes partidos, incluidos los de la bancada de gobierno.

Como consecuencia fueron retirados de esta reforma los artículos 1 y 2, que hacían referencia a reducir la cantidad de congresistas y al inicio del periodo de sesiones, respectivamente.

La razón por la cual el artículo primero fue retirado es que la disminución del número de congresistas sin una consulta previa “podría afectar las curules especiales de los pueblos indígenas y afrodescendientes, lo que reduciría el derecho constitucional que se adquirió en 1997”, afirmó la senadora Aída Quilcué.

En tanto que se retiró el artículo segundo, puesto que la Comisión Primera ya había aprobado un proyecto de Cambio Radical que reduce el receso legislativo.

Entonces, según lo aprobado en los dos debates en Senado del proyecto de reforma constitucional que radicó el Centro Democrático, el emolumento de los congresistas no será superior a 23 salarios mínimos mensuales a partir del 2026, además de que este no será tomado en cuenta para definir los salarios de los demás funcionarios públicos.

En un artículo transitorio el proyecto también establece que los congresistas y los altos mandos del Estado tendrán un gravamen del 20 % al salario del año 2022 a 2026, impuesto que en época de pandemia se conoció como “impuesto solidario”.

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Qué pasó en Cámara

Si bien en el anterior Congreso las iniciativas para reducir el salario de los congresistas o congelarlo se hundieron por falta de trámite, debido a que no hubo consenso entre las bancadas y voluntad política para sacarlas adelante, en esta oportunidad el argumento es que en la Comisión Primera de la Cámara, donde espera tercer debate la iniciativa del Centro Democrático, hay una gran cantidad de proyectos que se están tramitando, la mayoría de cosecha del Gobierno.

En ese sentido, el representante Jorge Alejandro Ocampo, uno de los ponentes para el tercer debate de este proyecto, explicó a EL NUEVO SIGLO que “ya pasamos la ponencia pero aún no nos han asignado fecha de discusión”. 

Agregó el parlamentario del Pacto Histórico, de la coalición de gobierno, que el proyecto "llegó muy tarde de Senado. Los ponentes nos pusimos de acuerdo en tres días, no nos demoramos nada. En Cámara rapidito nos pusimos de acuerdo con la ponencia del proyecto". 

Dijo también el representante por el Valle que "lo que pasa es que la Comisión Primera (Cámara) tiene por ahí unos 80 proyectos. Ese es el acto legislativo que más tarde llegó.  Por ejemplo, los actos legislativos que eran de nosotros para el Senado, los pasamos todos. Solo nos queda la reforma política que se tenía que hacer ayer (martes) en plenaria. En Comisión Primera hemos corrido, a mi parecer llegó tarde de Senado a Cámara”.

En tanto que la representante Adriana Arbeláez Giraldo, también ponente para tercer debate del proyecto que reduce a 23 salarios mínimos mensuales a partir del 2026 el ingreso de los congresistas, dijo a este Diario que “ha habido una ardua e intensa agenda” en la Comisión Primera de Cámara, especialmente por la agenda que presentó el Gobierno.

"Casi que ha sido imposible discutir proyectos de iniciativa de los congresistas. Los pocos proyectos que se han discutido en la Comisión Primera que tienen que ver con iniciativa de los congresistas, son proyectos que venían algunos de atrás, y por ser proyectos que por tiempos se iban a hundir, pues se les dio prioridad”, indicó la parlamentaria de Cambio Radical, partido independiente del Gobierno. 

Concluyó Arbeláez que “la verdad en una Comisión como la Primera hemos tenido una agenda que el Gobierno la ha ocupado bastante. Hemos debatido proyectos muy importantes que tienen que ver con reformas estructurales”.

Por su parte, el senador Jota Pe Hernández, de la Alianza Verde, destacó que “mi proyecto es el único que se mantiene vivo, más de 100 congresistas lo apoyan y su primer debate se dará en el primer semestre del año 2023”.

Añadió que “el proyecto que presentamos es el más viable, el que toma menos tiempo para aprobarse ya que solo necesita de cuatro debates y no de ocho, como los demás proyectos que modifican la Constitución”. 

Explicó que “el de nosotros lo que hace es modificar la Ley 4 y eliminar una prima especial de servicios que reciben mensualmente los congresistas. El proyecto de nosotros no se ha debatido porque la agenda de la Comisión Primera (Senado) en este primer semestre giró en torno a las necesidades del Gobierno”.

Donaciones

En agosto pasado el anterior gobierno autorizó el incremento del 2,61 % en el salario de los congresistas correspondiente al año 2021. Como consecuencia, pasó de $34.418.133 a $35.316.133.

En esa oportunidad, varios parlamentarios plantearon no cobrar el incremento. Sin embargo, este Diario conoció que se pueden contar con los dedos de una mano quienes lo materializaron.

Un congresista que pidió reservar su nombre le dijo a este Periódico que algunos han preferido donar directamente parte de ese incremento a obras sociales.

Qué pasó con la autorreforma

En el primer periodo del Congreso el único proyecto de autorreforma que salió adelante, por lo menos en su primera vuelta, es la reforma constitucional que recorta el receso legislativo, iniciativa de Cambio Radical que cuenta con el respaldo del Partido Conservador y otras fuerzas políticas.

La iniciativa hace que el segundo periodo de la primera, segunda y tercera legislatura comience el 16 de febrero, y no el 16 de marzo, como hoy ocurre. Falta que esto se ratifique en segunda vuelta del proyecto en 2023.

También en la reforma política se estableció un límite de permanencia de tres periodos en corporaciones públicas. Sin embargo, a este proyecto de acto legislativo le falta un debate en Cámara.