El ministro del Interior, Alfonso Prada, en la Comisión Primera de la Cámara, en donde con una audiencia pública se inició la discusión en tercer debate de la reforma política, reiteró que el presidente Gustavo Petro no está de acuerdo con ampliar el período presidencial a cinco años. La propuesta, que también cobija a gobernadores, alcaldes, diputados y concejales, no fue incluida en la ponencia pero será presentada como una proposición en esta célula legislativa. 

Prada explicó que “hicimos la audiencia pública de Comisión Primera de la Cámara donde intervino la ciudadanía, los partidos políticos y organizaciones dedicadas a estos temas políticos y electorales, y allí una vez más ratifiqué, a nombre del presidente Gustavo Petro, como lo hice en Senado, que el presidente y este Gobierno fue elegido constitucionalmente para cuatro años”. 

En ese sentido, agregó el ministro del Interior que “como respetuosos que somos del Estado de derecho y de nuestra Constitución política, entregaremos el gobierno al elegido, democrática, popular y constitucionalmente, en cuatro años para reemplazar a nuestro presidente y vicepresidenta, de tal manera que no apoyamos prórrogas a los actuales elegidos”. 

La polémica por esta propuesta surgió al final de la semana anterior, cuando se conoció que algunos de los ponentes de la reforma política para el tercer debate en la Comisión Primera de la Cámara querían incluir en el respectivo informe ampliar en un año el periodo del Presidente de la República, de los gobernantes territoriales, así como de los integrantes de las corporaciones públicas. 

Sin embargo, la propuesta no aplicaría al presidente Petro ni a los actuales gobernadores, alcaldes e integrantes de los cuerpos colegiados, sino a quienes sean elegidos a partir del 2026. 

Cuando se conoció la noticia la semana pasada sobre esta propuesta, la primera reacción del ministro Prada fue señalar que el Gobierno no respalda ampliar un solo día del actual periodo presidencial. 

Por su parte, el representante Heráclito Landínez, del Pacto Histórico, coordinador ponente de la reforma política para el tercer debate, indicó que "el Gobierno no lo había previsto y dijo: ‘bueno, es un tema de ustedes’. Vamos a estudiarlo y conversarlo". 

Le puede interesar: Ley de seguridad no se está implementando adecuadamente

Otra propuesta que se presentará en la Comisión Primera de la Cámara en el tercer debate de la reforma política es revivir el voto obligatorio, lo cual fue suprimido durante la discusión en el Senado. 

Al respecto Landínez dijo en Noticias Caracol que “incluir el voto obligatorio, aumentar en un año el periodo del presidente, congresistas y funcionarios… esta modificación en la Constitución será a partir del 2026 y 2027, respectivamente”.

Otra proposición que se presentará en la Comisión Primera de la Cámara es implementar la segunda vuelta para la elección de alcaldes en ciudades con más de dos millones de habitantes. 

Vale recordar que en el anterior Congreso se aprobó una reforma constitucional en ese sentido, pero que solo aplica para la capital de la República. 

Los mayores pulsos

Más allá de si se acoge o no la propuesta de extender el período del presidente y los gobernantes territoriales a cinco años, los pulsos que se esperan de la reforma política aprobada en Senado en el tercer debate en la Cámara tienen que ver con reducir de 12 a seis meses la obligación de renunciar a la curul a quienes quieran presentarse por un partido distinto en la siguiente elección; la financiación de campañas preponderantemente estatal; la paridad y la alternancia en las listas a corporaciones públicas para aplicarse a partir de 2026.

También generaría fuerte debate la reelección limitada a tres periodos en el Congreso, Asamblea Departamental, Concejo Distrital o Municipal o Junta Administradora Local. 

Uno de los artículos más polémicos en la reforma política es el que suprime la incompatibilidad de un año a los congresistas para ser ministros o desempeñar otros cargos públicos. 

Colectividades como el Centro Democrático consideran que con ello el Legislativo pierde independencia, pues un parlamentario difícilmente se daría la pela de criticar al gobierno si tiene la perspectiva de ser nombrado ministro.