Se conoció un nuevo llamado de organismos internacionales al Estado Colombiano frente a la implementación del Acuerdo de Paz firmado con las Farc en 2016. En esta ocasión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al Gobierno nacional para que adopte medidas urgentes que garanticen los derechos de los pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueras del país.

En un comunicado, la organización señala que, aunque reconoce los esfuerzos brindados por el Gobierno colombiano en el Capítulo Étnico del Acuerdo, invita a que estos se redoblen, tanto institucional como presupuestalmente, para avanzar en el cumplimiento de varios puntos como el acceso a la legalización de tierras a favor de estos pueblos, garantizando el respeto y la protección efectiva de sus territorios y recursos naturales.

“La Comisión urge al Estado a fortalecer los esfuerzos para asegurar una acción institucional oportuna y eficaz con enfoque intercultural y colectivo en la implementación de medidas diferenciales respecto de los contextos y riesgos específicos de los pueblos y comunidades étnicas, lo que incluye fortalecer sus propios sistemas de autoprotección, como la Guardia Indígena y Cimarrona”, se lee en el documento.

Además, la CIDH recordó que, durante el 2021, se realizó un monitoreo sobre la situación de derechos humanos de los pueblos y comunidades étnicas del país, donde se abordaron los avances en este punto pactado en los diálogos de La Habana (Cuba).

“La Comisión escuchó testimonios sobre el recrudecimiento de la violencia a causa de la ocupación de los territorios por parte de grupos armados, actividades de cultivo y tráfico de drogas, armas y personas, así como la deforestación y minería ilegal. Según la información presentada, la confrontación generada por la disputa de estos territorios entre distintos actores externos ha resultado en un creciente número de asesinatos, masacres, amenazas en contra de la vida e integridad y hostigamientos de las personas integrantes de los pueblos y comunidades étnicas, en particular de sus líderes y lideresas, así como en situaciones de confinamiento y desplazamiento masivo”, mencionaron.

De igual manera, la Comisión declaró que “esta violencia se da en áreas del país con limitada presencia del Estado y con un impacto agravado en las mujeres indígenas y afrodescendientes, en las niñas, niños y adolescentes y personas que ejercen liderazgos en los pueblos y comunidades”.

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Sustitución de tierras

Frente al Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS), la Comisión “llama a su implementación efectiva, incluyendo a través de acuerdos de sustitución de cultivos ilícitos con los pueblos y comunidades étnicas como sujetos colectivos, ya sea a nivel de pueblos, de resguardo o de organización, y asegurando la pertinencia cultural de las medidas adoptadas para cumplir con este punto del Acuerdo”.

Agregaron que “la Comisión reitera la importancia de consultar en forma previa, libre e informada a los pueblos y comunidades étnicas, las iniciativas administrativas y legislativas que pudiesen afectar sus derechos, con el fin de obtener su consentimiento. Ello incluye cualquier iniciativa del Estado para la reglamentación de dicho derecho”.

Finalmente, la CIDH le dijo al Estado colombiano que “hay que tomar en cuenta e incorporar las propuestas formuladas por los propios pueblos y comunidades étnicas para su efectiva implementación”.

Estado del Acuerdo

La CIDH también recordó que el último informe del Instituto Kroc sobre el estado de la implementación del Acuerdo, reveló que de las 578 disposiciones, solo se ha cumplido el 30 por ciento, mientras que el 18 por ciento se encuentra en un nivel intermedio de implementación.

En cuanto a los compromisos que tienen enfoque étnico, la entidad mencionó que el cumplimiento de estos “no supera el 13 por ciento de las disposiciones completas y el 13 por ciento de las disposiciones en estado intermedio de implementación”.

“Los puntos con un estado de nula o mínima implementación se relacionan con la Reforma Rural Integral y Participación Política, dada su gran envergadura por tratarse de problemas estructurales como el acceso a la tierra”, concluyeron.

Cabe recordar que la Contraloría Delegada para el Posconflicto advirtió que “de mantenerse la proyección dada por el Gobierno, el tiempo estimado para el cumplimiento total del Acuerdo de Paz entre el Estado y la extinta guerrilla de las Farc será de 26 años, porque a la fecha de hoy las inversiones han sido de 28 billones de pesos, aproximadamente”.