Continúan las reacciones después de la destitución del presidente peruano Pedro Castillo. Desde Colombia, el jefe de Estado, Gustavo Petro, se ha expresado en numerosas ocasiones sobre lo ocurrido a través de sus redes sociales. Lo mismo algunos expresidentes colombianos.

El expresidente Andrés Pastrana, apenas conoció el hecho publicó en su cuenta de Twitter: "La Internacional Demócrata de Centro en su calidad de organización defensora de la Democracia, rechaza el golpe de Estado y la instauración de la dictadura en Perú mediante el abusivo cierre del Congreso por el presidente Pedro Castillo y solicita a la OEA la aplicación inmediata de la Carta Democrática".

Luego, al conocer la solicitud de Petro de medidas cautelares a la CIDH, a favor de Pedro Castillo, Pastrana le replicó: “Presidente Petro, la Convención Americana de Derechos Humanos está para proteger los derechos humanos y la democracia, no para defender golpistas y dictadores de izquierda”.  

Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe indicó: “El Gobierno del Perú ratifica que para el socialismo lo que importa es la dictadura socialista, no la democracia, que la utilizan para llegar y la destruyen para quedarse”.

“El cuidado y el respeto por la democracia corresponde tanto a quienes ejercen el Gobierno como a quienes estamos en la oposición. Se requiere tanto la confrontación argumental como la disposición de acercar diferencias para el claro discurrir democrático”, escribió luego Uribe.

Asimismo, el expresidente Iván Duque escribió en sus redes sociales: "En Perú triunfó la institucionalidad sobre el deseo torpe y arbitrario de imponer por la fuerza un modelo populista, demagógico, ideologizado y autoritario. Es un mensaje a quienes desde el fallido socialismo del siglo XXI creen que pueden doblegar la democracia a su servicio".

Equivocación

Por su parte, el presidente Petro escribió: “Lo que significa separarse del pueblo: la derrota. Una transformación democrática de un país implica la plena movilidad de su sociedad. Separarse del pueblo y pensar el gobierno como un simple ejercicio tecnoburocrático, no lleva sino a la derrota histórica”.

También contó que cuando tuvo la oportunidad de hablar con Castillo, el exmandatario estaba “atribulado” porque intentaban allanar la sede del Ejecutivo peruano, donde vive con su esposa, Lilia Paredes, y su hija. Sin embargo, repudió las acciones de Castillo al querer diluir al parlamento de ese país.

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El mandatario colombiano cuestionó a Luis Almagro, secretario general de la OEA, por no “respetar” a Castillo y, de nuevo, invitó a los países de la región al diálogo “sin juicios, sin delito, o con golpes parlamentarios, que el progresismo no debe jamás imitar”.

“Lo que se intenta revivir, desde el golpe parlamentario en Paraguay y Honduras, es el camino de la eliminación del contrincante, irrespetando las decisiones populares en las urnas. Ese es el camino que acabó con Allende y sumió las Américas en la dictadura”, sostuvo Petro.

Solicitud a la CIDH

Más tarde el mandatario, también por la misma vía, expresó: “Solicito a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos y expedir medidas cautelares en favor del presidente del Perú, Pedro Castillo. Se ha conculcado el derecho a elegir y ser elegido y el tener un tribunal independiente de juzgamiento”.

Sin embargo, minutos antes de que Petro enviara su trino solicitando las medidas cautelares a favor de Castillo, la misma CIDH publicaba un comunicado de prensa en el que, no solo condena la decisión del destituido Castillo de haber cerrado el Congreso, sino que “reconoce la actuación inmediata de las instituciones del Perú en defensa de la democracia para evitar la concreción del quiebre institucional y reafirma que aquella debe ser resguardada por la vigencia del Estado de derecho”.

Igualmente la Comisión  recordó que Perú ha vivido una sucesión de crisis constitucionales, que a juicio de la Convención seguirán presentándose hasta que “no existan definiciones objetivas de figuras constitucionales como la disolución unilateral del Congreso, la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente y la acusación constitucional”.

Por último, la CIDH recomendó que el Estado peruano continúe con “sus esfuerzos para garantizar la gobernabilidad en el país, así como asegurar que los enfrentamientos entre los poderes estatales no tengan impactos en la gobernabilidad y la vigencia de los derechos humanos”.