Este martes, en la Comisión Primera del Senado, se pondrá a consideración y votación el proyecto de ley por la cual se otorgan facultades extraordinarias al presidente de la República con el fin de garantizar la continuidad a la Función Pública de Control Fiscal al Sistema General de Regalías en el Bienio 2023-2024.

La iniciativa fue presentada por el Gobierno Nacional por intermedio del ministro del Interior, Alfonso Prada Gil, y el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, y en primer lugar, pretende garantizar la continuidad de la función pública de control fiscal y en segundo término, se otorgan precisas facultades extraordinarias al jefe de Estado por un plazo de seis meses para emitir decretos con fuerza de ley que se sustenten en el marco de la jurisprudencia.

Las facultades extraordinarias

Dentro del proyecto se justifican las facultades extraordinarias del presidente en razón a que a la fecha de presentación del proyecto no se tiene certeza del monto que será asignado a la Contraloría General de la República para el ejercicio de sus funciones de vigilancia y control fiscal en el marco del Sistema General de Regalías, lo que podrá conllevar ajustes en la planta vigente.

Igualmente se presentaron algunos resultados de la Contraloría en el ejercicio de su función de control los cuales justifican las facultades extraordinarias. Desde el segundo semestre de 2018 hasta el 30 de junio de 2022, se logró consolidar un total de 1.578 hallazgos con incidencia fiscal, por valor de $3"134.235'089.955. Se destaca la gestión adelantada en el año 2020, para el cual se lograron consolidar 390 hallazgos con incidencia fiscal por valor de $884.157'547.644.

De igual manera, en el período 2018 a 2022 se auditaron proyectos por valor de $41"971.685'908.860, generando un aumento del 42,1 % en el valor auditado con respecto al cuatrienio anterior, en el cual se auditaron proyectos por valor $29"536.263'000.000. Esto se logró gracias a la inclusión en el Plan Nacional de Vigilancia y Control Fiscal de los proyectos de minas y energía, entre otros.  

Es importante aclarar que en la información del cuatrienio no se incluye información del primer semestre de 2018, dado que en esta vigencia las auditorías se realizaban por contratos, caso contrario a los períodos comprendidos entre 2019 y 2022, donde se realizaron actuaciones especiales de fiscalización y se auditó de manera integral cada proyecto.

Para el cuatrienio 2018-2022 se registraron un total de 116 beneficios de auditoría, por valor de $360.724'222.752.

Las Investigaciones Preliminares-IP correspondientes a los años 2020 a 2022 se encuentran reportadas semestralmente en la Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías, obteniendo una mayor cuantía para los meses enero a junio de 2022 con 70 IP y un incremento del 195 % con relación a los períodos anteriores.

Los procesos ordinarios en trámite durante el periodo 2020-2022 están representados en una mayor cuantía para el periodo de junio de 2021 a junio de 2022, por valor de $2.781 millones, con 263 procesos reflejando un incremento de 226 % con respecto al periodo anterior, que comprende junio de 2020 a mayo de 2021.

Los fallos con responsabilidad fiscal ejecutoriados durante el periodo 2020-2022 presentan una mayor cuantía para el periodo de junio de 2021 a junio de 2022 por valor de $45.940 millones, con 18 procesos, de manera que hubo un incremento de 687 % respecto al periodo anterior, que comprende junio de 2020 a mayo de 2021.

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En los procesos de responsabilidad fiscal (ordinarios y verbales) con auto de cesación de la acción fiscal y archivo por resarcimiento por pago o reintegro de bienes y procesos en trámite con resarcimiento parcial 2020-2022, se presenta un mayor aumento para el periodo de junio de 2021 a junio de 2022, con 16 procesos por valor de $31.154 millones, lo que representa un incremento de 607 % respecto a los periodos anteriores.

El proyecto concluye que el no prorrogar la planta de personal le impediría a la Contraloría General de la República continuar cumpliendo su función constitucional, con un grave riesgo para la protección y buen uso de los recursos públicos provenientes de las regalías, es decir, de la extracción de recursos naturales no renovables.

El impacto fiscal del proyecto

Los proyectos de ley de iniciativa gubernamental que planteen un gasto adicional o una reducción de ingresos, deberán contener la correspondiente fuente sustitutiva por disminución de gasto o aumentos de ingresos, lo cual deberá ser analizado y aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Por eso, al respecto el proyecto señala que, como se indicó anteriormente, los recursos con los que se financiaría la planta temporal de regalías de la CGR se encuentran contemplados para tal finalidad en el artículo 361 de la Constitución Política, y en los artículos 22 y 183 de la Ley 2056 de 2020, de conformidad con las normas citadas en la exposición de motivos del presente proyecto de ley, por lo que no representan erogación adicional más allá de la contemplada a rango constitucional.

Presupuesto del Sistema General de Regalías

Vale recordar que el Ministerio de Hacienda de Colombia dio a conocer que fue radicado el proyecto de ley de presupuesto del Sistema General de Regalías (SGR) para el bienio 2023-2024, por un monto de $31,3 billones, cifra equivalente al 2,1 % del PIB.

El monto es sustancialmente más alto que el presupuesto bienal presentado para 2021-2022, que era de $17,3 billones.

José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda, dijo que los recursos irán para la ejecución de proyectos estratégicos de inversión que además permitan combatir la corrupción y potenciar los efectos benéficos de la inversión pública en aras del bienestar colectivo.

Entre otros, $7,5 billones serán asignados directamente para entidades territoriales productoras y puertos. Asimismo, $3,8 billones van para los municipios más pobres. $10,1 billones serán asignados a los departamentos y regiones del país para la aprobación de proyectos de alto impacto regional. Unos $6,1 billones serán probados directamente por los departamentos y $3 billones serán utilizados para financiar proyectos en ciencia, tecnología e innovación. De este total, $600.000 millones tendrán que ir a planes de impacto en favor del ambiente y desarrollo sostenible.