Rechazan carta de presidentes de Senado y Cámara a CIDH | El Nuevo Siglo
Senado
Miércoles, 5 de Enero de 2022
Redacción Política

Por medio de una carta, 22 congresistas dijeron no sentirse representados por Jennifer Arias y Juan Diego Gómez, quienes presiden la Cámara y el Senado, y que hace unos días remitieron un oficio a la Corte Interamericana de Derechos Humanos mostrando descontento por la presunta intromisión de ese tribunal internacional en los asuntos internos del Estado colombiano.

No obstante, en cinco páginas, representantes y senadores subrayan que la comunicación de los presidentes no fue admitida por la totalidad del Congreso, “por lo que su pronunciamiento es individual”. Incluso, alegan que como ellos son miembros del Legislativo, si las cabezas iban a hablar en nombre de todos, primero tenían que compartir el contenido del documento enviado.

“La decisión de los referidos funcionarios de emitir esa comunicación no fue discutida ni aprobada por las plenarias de la Cámara y del Senado, es decir, no cuenta con el aval de las Corporaciones que presiden; por lo que su pronunciamiento es individual, dado que como miembros de Corporación y de partidos declarados en oposición, no conocíamos, ni compartimos el contenido de la misiva enviada a la Corte”, señala el documento.

En la carta se asegura que las aseveraciones que hicieron el presidente del Senado y la presidenta a la Cámara no representan la posición institucional del Congreso y, por el contrario, obedecen a una valoración personal de estos congresistas. Además, afirmaron que desde la oposición manifestaron inconformidad frente al proyecto de ley que respondía a la sentencia de la Corte Interamericana, pues según ellos constituye una clara elusión al fallo.


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A su vez, señalaron que en el caso de Gustavo Petro se estableció que las garantías para el ejercicio de los derechos políticos suponen la protección de la democracia representativa, razón por la cual los estándares de protección de los derechos políticos que deben cumplir de manera inexorable los Estados se deben traducir en obligaciones de adecuar los ordenamientos internos.

“No existe consenso al interior del Congreso de en cuanto a que la ley 2094 de 2021 y así se expresó durante los debates dados en la Corporación. Debido a que un número considerable de congresistas durante el trámite legislativo votó negativamente este proyecto dejando constancia de que el texto aprobado por las mayorías era contrario al fallo de la Corte”, señalaron.

Una de las firmantes, Katherine Miranda, expresó en su cuenta de Twitter: “¡Qué les pasa a estos abusivos! ¡Respeten! ¡Esa comunicación no es oficial! ¡Ustedes no hablan en mi nombre!”.