SIGUEN LAS conjeturas sobre qué pasa con el nuevo proyecto de reforma a la salud que anunció el Gobierno y cuándo lo radicará, después de que el pasado 4 de abril se hundió una primera iniciativa en medio de la polémica por sus alcances.

Hay extrañeza porque han pasado 55 días del inicio de esta tercera legislatura y la propuesta no llega al Congreso. EL NUEVO SIGLO conoció por una alta fuente gubernamental que posiblemente la presentarán la semana entrante.

El pasado miércoles, el ministro del Interior, Juan Cristo, dijo, ante la insistencia de los periodistas que le preguntaron sobre cuándo radicarían la reforma, que “estamos dedicados a la ley de financiamiento hoy, al monto del presupuesto. Tenemos reunión con el ministro de Salud hoy; yo pensaría que mañana o el viernes podemos estar radicando la reforma para que comience su trámite”.

Añadió que “ya está lista, ya se escuchó a todos los sectores. Había unas últimas discusiones con respecto al costo de la reforma en el Ministerio de Hacienda, que ya también han terminado. Luego, creo que estamos listos para radicarla en cualquier momento. Estoy pendiente de hablar con el ministro de Salud”.

Este diario conoció que si bien el texto de la reforma está prácticamente listo, los ministros del Interior y de Salud, Guillermo Jaramillo, todavía no han definido si radican el proyecto como ley ordinaria, por lo cual comenzaría el trámite en la Comisión Séptima, o como ley estatutaria, lo que implica que inicie en la Comisión Primera.

Una de las principales discusiones en torno al primer proyecto de reforma de salud del Gobierno es que la presentó como ley estatutaria; sin embargo, las bancadas de oposición e independientes sostuvieron que es estatutaria porque en algunos de sus aspectos regula materias relacionadas con derechos y deberes fundamentales de las personas y los mecanismos para su protección.

La Casa de Nariño reafirmó en esa oportunidad que la reforma de salud que presentó es una ley ordinaria. El ministro Jaramillo señaló, cuando se tramitaba este proyecto, que “pretende organizar los servicios para garantizar el derecho que ya está estipulado en leyes, en reformas estatutarias".

Hay grandes diferencias entre la ley estatutaria y la ordinaria. Una es que la primera se debe tramitar en una legislatura, mientras que la segunda se puede en dos legislaturas.

En cuanto a la votación, las leyes ordinarias requieren mayoría de los asistentes a la sesión, mientras que las estatutarias exigen mayoría absoluta en las comisiones y en las plenarias.

De otro lado, las leyes ordinarias entran en vigencia al momento de la sanción presidencial; mientras que las estatutarias, tras la aprobación del proyecto en el Congreso pasan a revisión de la Corte Constitucional. Si superan este examen, quedan listas para que el jefe de Estado estampe su rúbrica.

Se cree que para el Gobierno es más factible tramitar la reforma de salud como ley ordinaria, primero porque puede entrar en vigor más rápidamente que la estatutaria; y segundo, por las dificultades para conseguir los votos a favor, pues tiene con esfuerzo las mayorías en la Cámara, pero pierde con los independientes y la oposición en el Senado.

Pero, este asunto no es de cálculo político, sino que depende de lo que establecen la Constitución y la ley sobre el trámite de los proyectos, pues si eventualmente el Gobierno se equivoca tramitando la reforma como ordinaria, se caerá en la Corte Constitucional. 

El pasado 28 de agosto, el ministro Cristo dijo que “estamos pendientes. Entre hoy y mañana tenemos reuniones. Mañana debemos tener un horizonte más claro para conversar con el presidente (Petro) y tomar una decisión sobre si va por Senado o por Cámara, y si va como ley estatutaria o no. Aspiramos a radicar el viernes, vamos a ver si alcanzamos. Si no, sería a comienzos de la otra semana”.

Vale recordar que hace unas semanas el presidente de la Corte Constitucional, magistrado José Reyes, explicó a EL NUEVO SIGLO sobre la figura que el alto tribunal anunció que implementará para que mientras emite un fallo de fondo, pueda suspender los efectos de una norma cuando en el examen inicial encuentre que es incompatible y produciría efectos irremediables.

Reyes dijo que “el problema con ciertos trámites legislativos es que elude el rol de la Corte Constitucional. Por ejemplo, cuando se exige que los procedimientos sean por medio de la ley estatutaria; sin embargo, lo hacen a través de una ley ordinaria, que se sustenta de una manera más fácil y más dúctil. Pero se elude que la Corte se ocupe de estos temas antes de la vigencia de las leyes… Cuando sea absolutamente evidente que hay una elusión constitucional en el trámite de la ley, la Corte podrá suspender la vigencia de la misma como una medida cautelar, mientras se tramita el proceso constitucional de inconstitucionalidad”.

Ya corre el reloj en contra

El presidente de la Cámara, Jaime Salamanca, manifestó su extrañeza porque la prometida reforma a la salud no ha sido radicada por el Gobierno a estas alturas de la legislatura.

“Ya se le está haciendo tarde al Gobierno para radicar la reforma a la salud, a las carreras no se va a aprobar ninguna reforma y es importante que inicie su trámite o por el contrario no se radique”, dijo Salamanca a Caracol Radio.

En tanto que el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Christian Garcés, considera que difícilmente el Gobierno presentará esta reforma, por la crisis fiscal que afronta.

“La reforma de la salud está muerta porque no hay forma de adquirir nuevos compromisos en el sistema de salud que signifiquen mayor gasto, dada la crisis financiera por la que atraviesa el Estado colombiano”, dijo Garcés.

Sin embargo, el tiempo que ha transcurrido en esta legislatura sin discutir la reforma de salud no sería la principal preocupación del Gobierno porque, según la alta fuente gubernamental consultada, lo presentarían con mensaje de urgencia.

Borrador del proyecto 

De lo que se ha conocido del proyecto que alistó el Gobierno, contempla un modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo fundamentado en la atención primaria. 

El Gobierno insiste en que la Adres (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) pasará a recaudar todos los recursos fiscales y parafiscales del sistema, y realizará los giros a los hospitales y demás IPS, tarea que hoy cumplen las EPS.

La reforma del Gobierno indica que el Ministerio de Salud, tomando en cuenta las recomendaciones de la Comisión Asesora de Beneficios, Costos, Tarifas y Condiciones de Operación del Aseguramiento en Salud y del Consejo Nacional de Salud, actualizará el valor anual de la UPC.

En ese sentido, la iniciativa no hace mayores modificaciones al mecanismo que se utiliza en la actualidad para actualizar el valor de la UPC, que ha sido motivo en los últimos meses de gran polémica porque las EPS señalan que los valores establecidos por el Ministerio en esta unidad, así como en presupuestos máximos, no son suficientes para cubrir los costos de los servicios.

El Gobierno insiste en su proyecto en la desaparición de las EPS, dándoles la posibilidad a las que operan actualmente de transformarse en gestoras de salud y vida. Para ello tienen dos años.

Las gestoras tendrán entre sus funciones coordinar con los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) acciones para identificar los riesgos de salud para la población a cargo en el territorio; también, en coordinación con las direcciones departamentales y distritales, participar en la organización y conformación de redes integrales e integradas de los servicios.