La Comisión Primera del Senado hundió la reforma a la justicia, la cual pretendía modificar los procedimientos de elección de magistrados en la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y otros altos dignatarios colombianos.

El motivo de que no avanzara esta propuesta legislativa en el Congreso fue la falta de quórum durante el tercer y último debate. Debido a que se trata de un acto legislativo, al no votarse los tiempos no le alcanzaron para que pasara a plenaria del Senado y se registrara el cuarto debate.

Varios congresistas habían presentado ponencia negativa; uno de ellos fue Roosvelt Rodríguez, del Partido de la U, quien mencionó que “la reforma alimenta una autonomía descontrolada, perniciosa e impensada que han pedido los altos magistrados en las diferentes reformas que se han presentado. Se trata de superpoderes como en las antiguas monarquías”, argumentó.

“La actual propuesta de reforma a la justicia es insuficiente, después de leerla no encontré nada distinto a unos artículos larguísimos, pero ninguna acción concreta”, añadió.

Asimismo, se pronunció la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, quien sostuvo que “esta reforma no solamente busca acabar con el Consejo Superior de la Judicatura, sino que está retrocediendo con el equilibrio de poderes. Es muy grave que se vuelva a hablar de cooptación directa (designación de las vacantes mediante el voto de los integrantes de la misma)”.

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Añadió que “creo que el país está esperando una reforma profunda que solucione los problemas que tienen los colombianos frente a la politización, frente a una justicia que en muchos casos genera una impunidad, según los estudios, de más del 96% en materia penal. Hoy esta reforma solo busca acabar con el Consejo Superior de la Judicatura, en el que todos coincidimos no funciona bien, pero tampoco se está dando una respuesta al tema de la administración de la rama”.

En el mismo sentido, Juan Carlos Losada, del Partido Liberal, estuvo en desacuerdo porque “en el artículo tercero le quitan a la Corte Suprema la facultad de juzgamiento de esos dignatarios, todos ellos fundamentales para las garantías democráticas del país, y lo que hacen es llevarla a la Comisión de Acusaciones que, todos sabemos, es de una absoluta inoperancia”.

Curiosamente, el copartidario Miguel Ángel Pinto fue uno de los que respaldó el proyecto. “Básicamente hoy lo que opera en Colombia es que el Consejo Superior de la Judicatura realiza los concursos y selecciona 10 personas que se envían para cada una de las cortes para que ellos hagan la evaluación. La modificación que representa este acto legislativo es que sean las propias cortes las que hagan los concursos, tengan una selección de un número más amplio que permita la posibilidad de entrevistas de un número mayor de aspirantes a ser magistrados que nos permitan tener personas con mayor idoneidad”.

El proyecto también planteaba que quienes quisieran aspirar a cargos como Fiscal General, Procurador General, Defensor del Pueblo y Contralor General debían acreditar un “título universitario de abogado con experiencia profesional mínima de 15 años y experiencia profesional simultánea o complementaria no menor a 15 años en ciencias sociales, humanas, económicas, financieras, administrativas, o como docente universitario por el mismo tiempo”.

Adicionalmente, se proponía elevar a rango de alta corte a la Comisión de Disciplina Judicial, y revivir constitucionalmente el fuero para los integrantes de esa corporación.