En el diálogo que inició Fecode (Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación) con el nuevo Gobierno, se contempla la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) para mejorar los recursos de la educación, una propuesta que sin éxito han puesto sobre la mesa en anteriores administraciones.

El presidente de Fecode, Carlos Rivas, aseguró que por el cambio de fórmula en la actualización anual del SGP, que se hizo en el 2002, la educación ha perdido cerca de $200 billones.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo van las conversaciones de los educadores con el nuevo gobierno? 

CARLOS ENRIQUE RIVAS: Tenemos una mesa separada que hace parte del marco de toda la negociación, en este momento estamos con el Gobierno intentando la implementación de los acuerdos que suscribimos en el 2019 para la educación pública.

ENS: De los acuerdos de 2019 que firmaron los educadores con el anterior gobierno, ¿qué está pendiente de implementar? 

CER: Lo que falta por implementar es el 70% de lo acordado con el Gobierno. Se sabe que a través del Decreto 160 es ley para las partes, y desde luego el de Duque fue un gobierno del fracaso. La ministra salía a decir que ya había logrado con Fecode un acuerdo, cuando eso fue falso.

No se dieron los tres grados de preescolar, no se convocó al estatuto de la profesión docente, no se convocó a la mesa de alto nivel para discutir lo del Sistema General de Participaciones, no se discutieron aspectos tan importantes como el PAE, no se avanzó en situaciones como infraestructura, como accesibilidad, como canasta educativa, como jornada única, como educación rural y tampoco en lo que tiene que ver con la conectividad. 

Le queremos anunciar al país que Fecode se va a convertir en representante de las víctimas, los niños, niñas y los jóvenes, por la pérdida de $70 mil millones. Vamos a acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se tomen unas decisiones muy importantes, preliminares, para poder lograr que en esas medidas cautelares, $53 mil millones que están en Estados Unidos se puedan reinvertir en tablets, en conectividad, en computadores para los niños y niñas de los Centros Poblados, que fue un fracaso en este país donde la mentira primó y donde la corrupción se fue campante. 

En este Gobierno hemos avanzado por lo menos en lo que tiene que ver con el retroactivo para el pago de los maestros del curso 8 mil, lo que hemos planteado a partir del 1 de noviembre del año 2022 hasta abril del 2023.

Esto es un avance muy importante, pero también tenemos que decir que no nos gusta la decisión que acaba de plantear el señor ministro de Educación en el caso de la universidad, y me imagino que de las universidades de toda naturaleza, públicas y privadas, van a aumentar las matrículas casi el 14%. Esto es ahuyentar a los estudiantes de la posibilidad de ingresar a las universidades, a ese ciclo tan importante de formación y que se requiere para el desarrollo del país.

ENS: ¿Cuáles son las expectativas que tienen los docentes en cuanto a la reforma al SGP? 

CER: Tenemos una propuesta en el Sistema General de Participaciones que tiene que ver con salud, agua potable, saneamiento básico y educación. 

En el caso concreto de educación, tenemos una propuesta de incremento sobre la base de los ingresos corrientes de la Nación. Tenemos un estudio que nos realizó la Universidad Nacional con unos econometristas para poder recuperar parte de los recursos que se perdieron entre el 2002 al 2020, que son alrededor de $400 billones, lo que afecta a la educación en $200 billones. 

Por eso nuestro afán en que este Gobierno ayude a resolver esa situación, que nos sentemos con el Senado de la República, con alcaldes, con gobernadores, a mirar cómo podemos encontrar los recursos que se desaparecieron por arte de magia de la corrupción, en el caso concreto de educación. 

ENS: ¿Cómo se haría entonces el cálculo para la distribución de los recursos del SGP? 

CER: La propuesta es que hagamos una reforma constitucional a los artículos 356 y 357 para que sea como otrora, que había 42,7%, de los cuales 22% eran para educación y los otros 20,7% para salud, agua potable y saneamiento básico. 

Había una fórmula en la Constitución que era permanente, no permitía ningún tipo de variable ni disminución sino de aumento permanente de los recursos para el sector educativo.