No para la controversia alrededor de la acción de tutela fallada por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia que ordenó, el pasado 22 de septiembre, al Gobierno, la Fuerza Pública y demás autoridades involucradas en el manejo de las movilizaciones sociales, “adoptar acciones para garantizar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica y no destructiva”.
En ese recurso amparo los magistrados no solo ordenaron al Ministro de Defensa pedir perdón por los excesos de la Fuerza Pública en el control de las marchas de finales del año pasado, sino la implementación de un protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores que se denominará “Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado, y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana”.
También se ordenó la suspensión de las escopetas calibre 12 usadas por los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional (Esmad), así como la conformación de una “mesa de trabajo” para reestructurar las directrices del uso de la fuerza. Un auto del Tribunal Administrativo de Cundinamarca también ordenó este último punto.
Como se sabe, un día después de dicho fallo el Gobierno no solo reiteró que la Fuerza Pública estaba cumpliendo los protocolos operacionales en el control de las marchas, sino que recalcó que cualquier exceso por parte de uniformados aislados era investigado y castigado drásticamente por las autoridades castrenses, policiales, disciplinarias y penales.
Si bien reiteró que cumpliría el fallo, el Ejecutivo pidió a la Corte Constitucional revisar la sentencia de la Sala de Casación. De igual manera, el titular de la cartera de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, hizo una declaración pública reiterando que ya días atrás, con ocasión del caso de Javier Ordóñez, que murió en medio de un procedimiento policial en Bogotá (lo que dio origen a violentas protestas en la ciudad que dejaron el 9 de septiembre una decena de civiles muertos y más de 400 uniformados heridos así como más de 80 CAIs destruidos), había pedido perdón a los colombianos por los actos irregulares de unos pocos uniformados.
Tanto el presidente Duque, como Trujillo y otros altos funcionarios indicaron que no se podía debilitar la capacidad operacional de la Fuerza Pública para enfrentar al vandalismo y, sobre todo, a las facciones milicianas del Eln y las disidencias de las Farc que se infiltraron en las marchas del 9 de septiembre generando caos en todo el país.
“El Gobierno nacional está preparado siempre para garantizar el ejercicio de la protesta y la manifestación pública y pacífica. Es un derecho fundamental, sagrado, que debe ser respetado y garantizado plenamente por parte de las autoridades. Un gobierno democrático como el del presidente Duque celebra las manifestaciones ciudadanas como expresiones de pluralismo político y demostración de gestión pacífica de los conflictos sociales. El problema no es la protesta, es el vandalismo y las acciones de terrorismo de baja intensidad que pretenden excusarse en la protesta pero que son incompatibles con ella. La Constitución protege la protesta y ordena perseguir a los delincuentes”, precisó Rafael Guarín Cotrino, alto consejero para la Seguridad Nacional, en entrevista dominical con este diario.
Tanto el presidente Duque, como Trujillo y otros altos funcionarios indicaron que no se podía debilitar la capacidad operacional de la Fuerza Pública para enfrentar al vandalismo
Lo cierto es que a los 49 firmantes de la acción de tutela no les pareció que el Gobierno esté cumpliendo el fallo y, por lo mismo, desde la semana pasada anunciaron que interpondrían un incidente de desacato contra la Casa de Nariño y el ministro de Defensa, a quien incluso los partidos de izquierda quieren adelantarle, el próximo 13 de octubre, un debate de moción de censura en el Congreso.
Este miércoles se conoció, precisamente, que Alirio Uribe Muñoz, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, formuló el mencionado incidente de desacato por posible incumplimiento de la tutela. Sin embargo, la Corte Suprema no tiene competencia para conocer ese recurso por ser el juez de segunda instancia. Así las cosas, lo remitió a la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, juez de primera instancia de este recurso de amparo.
Según el abogado, en su pronunciamiento Trujillo hizo referencia “a esta acción de tutela indicando su radicado, y se remite a enunciar una petición de perdón del 11 de septiembre, en la que según él la Policía Nacional pidió perdón de manera espontánea y que se refiere a cualquier violación a la ley en cualquier tiempo”.
“Cómo puede observar la Magistratura esta intervención no cumple con lo ordenado por la sentencia de tutela, primero por cuanto no se pide perdón a los accionantes de la tutela por los hechos acaecidos en 2019; segundo, porque el fallo de tutela es del 22 de septiembre y la petición de perdón es del 11 de septiembre y corresponde a hechos diferentes ocurridos el 9 de septiembre… Es decir, no es posible que la orden referida se cumpliera 11 días antes; y tercero, porque la que pidió perdón fue la Policía y no el Ministro de Defensa”.
Por lo anterior, Uribe pidió que se requiera al ministro cumplir el fallo de tutela y si no lo hace que se proceda al incidente de desacato y se le investigue por el delito de fraude a resolución judicial.
Mesa de trabajo
Mientras se define ese tema, el Gobierno, la Alcaldía de Bogotá, la Policía, la Gobernación de Cundinamarca y otra serie de instituciones e instancias vienen sesionando en la mesa de trabajo ordenada por la acción de tutela y el auto del Tribunal.
Se sabe que ya hay varias propuestas respecto a la reforma de los protocolos operacionales. Este miércoles por ejemplo, trascendió que una iniciativa plantea que la Fuerza Pública no porte armas de fuego letales en las marchas, sino solo “no letales” e “inmovilizantes” (gas lacrimógeno, cartuchos con carga química, granadas de aturdimiento y otro tipo de armas mecánicas cinéticas…). Tampoco se permitiría gente encapuchada en las marchas e igual se prohibiría el porte de envases de pintura que se utilizan para dañar fachadas. Los organizadores, además, no solo tendrían que pedir permiso para las marchas sino firmar una póliza de responsabilidad civil extracontractual.
Uno de los temas más polémicos sería la propuesta de que la intervención del Esmad no sería autorizada por los alcaldes sino por el comandante policial respectivo. Es muy seguro que los mandatarios locales no aceptarían este mecanismo.
Este miércoles por ejemplo, trascendió que una iniciativa plantea que la Fuerza Pública no porte armas de fuego letales en las marchas, sino solo “no letales” e “inmovilizantes”
La mesa urgió al Tribunal que le diera 60 días de plazo para formular los protocolos, pero solo se le concedieron tres.
Delegado de Procuraduría
De otro lado, el procurador general, Fernando Carrillo, designó al Delegado para la Defensa de los Derechos Humanos como coordinador de las acciones a cargo del Ministerio Público para el cumplimiento de la sentencia de la Corte.
Carrillo comunicó al presidente Iván Duque que el delegado Carlos Medina Ramírez será el funcionario especial de la Procuraduría para participar en las instancias que el Gobierno nacional establezca para la elaboración del “Estatuto de reacción, uso, verificación de la fuerza legítima del Estado, y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana”.
De igual manera, a través de la resolución 394 del 24 de septiembre, el procurador también autorizó al delegado a emprender las acciones necesarias para la articulación interna e interinstitucional para la expedición del protocolo, los planes de acción y los cambios ordenados por la sala civil del alto tribunal.
Fiscalía fue, pero…
A su turno, la Fiscalía también envió un oficio a la magistrada Nelly Yolanda Villamizar, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en donde señala que acudió a la instalación de la mesa de trabajo ordenada para evaluar los nuevos protocolos de protección de la protesta social pacífica.
Reiteró que ha cumplido con las investigaciones alrededor de las protestas, tanto en lo relativo a esclarecer los hechos de vandalismo y presunta infiltración por parte de grupos armados organizados, como ante los posibles excesos contra la población civil por parte de la Fuerza Pública.
La Fiscalía, aun así, indicó que “… no comprende la competencia para tomar parte en la formulación de los protocolos dirigidos a solucionar el ‘antagonismo violento entre las fuerzas militares y la población civil’”.
De acuerdo con el ente acusador, tales protocolos son “insumos de política pública” que escapan del resorte de la Fiscalía y, además, de hecho son “susceptibles de valoración dentro de las respectivas investigaciones penales, promovidas por los delitos que se cometen en el marco de la protesta social”.
Así las cosas, la Fiscalía precisó que asistirá a esta mesa, pero no suscribirá el informe que debe remitirse al Tribunal ni participará en la formulación de los protocolos. “Lo anterior sin perjuicio de toda la colaboración e información que podamos brindar a la mesa y al proceso de tutela, siempre en el marco de nuestras estrictas competencias constitucionales y legales”, puntualizó el fiscal general Francisco Barbosa en su oficio al tribunal.