En el debate sobre el tema de seguridad, la realidad que hay que tener en cuenta es que la gestión de Álvaro Uribe no resolvió el conflicto armado, expresó Marco Romero, catedrático de la Universidad Nacional y director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES).

Para Romero, no hay deterioro de la seguridad, sino que “se ha mantenido una dinámica de conflicto”.

Como síntoma, mencionó que “el año anterior nos arrojó un dato de 260.000 desplazados. Este nivel se mantiene porque el conflicto no se acabó en la era de Uribe y no es cierto que todo se haya deteriorado”.

En cambio, anotó, en la gestión de Juan Manuel Santos “ha mejorado la respuesta del Estado” frente a las víctimas, aunque “nosotros quisiéramos que fuera más rápido” y “lo que no vemos aún es una política social. Es decir, ahí vemos limitaciones”.

Por otra parte, “la política de seguridad se mantiene en las mismas condiciones. Solo que hay que decirle la verdad al país: el conflicto no se ha resuelto”.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo está ese tema de la población en condición de desplazamiento en Colombia?

MARCO ROMERO:Se ha mantenido una dinámica de conflicto. Nosotros valoramos que el Gobierno del presidente Santos reconozca que hay un conflicto, reconozca que hay que atender a las víctimas, ha mejorado la respuesta del Estado.

Nosotros quisiéramos que fuera más rápido. Sin embargo, mientras exista conflicto existirá desplazamiento. Pero se ha mantenido y no ha aumentado.

El año anterior nos arrojó un dato de 260.000 desplazados. Este nivel se mantiene porque el conflicto no se acabó en la era de Uribe y no es cierto que todo se haya deteriorado.

La política de seguridad se mantiene en las mismas condiciones.

Solo que hay que decirle la verdad al país: el conflicto no se ha resuelto.

ENS: ¿Hay nuevas políticas sociales para afrontarlo?

MR:Nosotros reconocemos que en algunos temas hay determinaciones importantes. Por ejemplo, que un Conpes reconozca billones de pesos en 10 años, es favorable, aunque creemos que el dinero para indemnizaciones es muy poco.

Lo que no vemos aún es una política social. Es decir, ahí vemos limitaciones.

ENS: ¿Cómo está viendo el inicio de la legislatura?

MR:Creo que el Gobierno del presidente Santos está sometido a dos dinámicas en este tiempo.

Una, el tema de la tensión con Uribe. Creo que se está debilitando la bancada del Presidente, que podría ser eventualmente en oposición. Eso va a determinar la suerte de la legislatura.

Pero por otro lado los proyectos que van a entrar al Congreso tendrán una vigilancia extrema y el Congreso tendrá un poco de margen de maniobra para sacar los proyectos, después de todo el fracaso de la reforma a la Justicia.

Creo que el Jefe del Estado tiene una oportunidad de rectificar el curso y ojalá que las iniciativas que presenten se puedan blindar de las interferencias que se vieron en épocas de la reforma a la Justicia; y por otro lado, que la agenda que el Gobierno presente tenga en cuenta los pueblos, porque de alguna manera varias de ellas tienen que ver con consultas previas a los pueblos indígenas y afrodescendientes.

Por ejemplo, el Código Minero. Ya se están perdiendo los dos años que entregó la Corte para que la reforma se mantuviera. Es decir, que el Gobierno debe sacar otra ley. Y la Ley de Tierras dependerá de que se hagan las consultas con esta comunidad.

ENS: ¿Usted le recomienda al Gobierno mucha concertación con las comunidades indígenas?

MR:Los proyectos que tienen impacto sobre los territorios indígenas y afrodescendientes, particularmente Tierras y Código Minero, porque el subsuelo es de propiedad de la Nación, pero los indígenas tienen derecho a decidir qué tipo de desarrollo quieren que se adelanten en sus zonas.

Estas dos iniciativas tienen que ser consultadas y el Presidente tiene ese deber.

Creo que la reforma a la Ley de Regalías se va a caer en la Corte Constitucional, si mantiene su jurisprudencia, porque la Corte dijo, cuando se pronunció sobre el acto legislativo, que debía ser consultada en su desarrollo legislativo con indígenas y afrodescendientes. Eso no se hizo.

El Gobierno en ese tema tiene una deuda pendiente y creo que es importante que la opinión pública entienda que aquí no estamos ante unos pueblos que están siendo un obstáculo para el desarrollo, sino que está de por medio la suerte de sus territorios.

Consulta previa

Romero les sugiere a los ministros tener siempre en cuenta que “la consulta previa no es un obstáculo sino un deber del Estado, es la manera de articular en términos modernos el interés de los grupos mayoritarios de la Nación con los grupos que tienen temor y que tienen una situación de minoría”.

“Creo que no les podemos pedir a los pueblos indígenas que algún día sean mayoría en Colombia” y “por esa razón, hay que hacer una consulta adecuada”, sostuvo; y concluyó: “Lo que hay que hacer son acuerdos sólidos con las comunidades indígenas y afrodescendientes”.