POLÍTICA. El país requiere un tribunal independiente para que no se presenten casos de impunidad, propuso el Centro Democrático en su modelo de Justicia Transicional. El senador Alfredo Rangel dijo a EL NUEVO SIGLO quela gran diferencia con la jurisdicción que plantea el Gobierno es que no se cree la impunidad y que el castigo con cárcel debe ser hasta de 5 años. Asimismo Rangel manifestó que la determinación de Diego Palacio de acogerse al tribunal del Gobierno, es por la preocupación sobre la situación de ellos como perseguidos políticos.
EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo es el modelo de Justicia transicional que ustedes proponen?
ALFREDO RANGEL: Lo que estamos planteado es un esquema sin impunidad. Con rebajas de penas pero sin impunidad para miembros de las Fuerzas Militares que hayan cometido delitos relacionados con el servicio, y para civiles que hayan cometido delitos relacionados con orden público y delitos políticos y conexos. Sería un tribunal independiente, cuyos magistrados no hayan sido parte de la carrera judicial.
ENS: ¿Qué penas plantean dentro del modelo?
AR:Las penas serían hasta 5 años de cárcel y quienes hayan sido condenados se les revisará su sentencia y si han cumplido más de cinco años quedarán automáticamente libres. Los procesos judiciales en curso serán asumidos por ese tribunal, y los que estén siendo procesados quedarían en libertad provisional para defenderse y quienes hayan cumplido al menos una tercera parte de la pena también podrían quedar en libertad.
ENS: ¿Ya socializaron el modelo?
AR: En el curso de esta semana vamos a radicar esa iniciativa paracomenzar un debate público sobre el tema. Esperamos que en el Congreso tenga mejor suerte que otras iniciativas que hemos presentado en el pasado.
ENS: ¿Cómo se creó ese modelo de Justicia Transicional?
AR:Porque no creemos que sea conveniente que haya impunidad para nadie y en segundo término, consideramos que debe establecerse un tribunal independiente porque la justicia ordinaria en Colombia ha estado muy sesgada en contra de los miembros de las Fuerzas Militares. A muchos de ellos se les han violado los derechos procesales, y por esa razón debería ser un nuevo tribunal. Muchos civiles, por ejemplo integrantes del Centro Democrático, también han sido objeto de una persecución política muy clara por parte de la Fiscalía y de ciertos tribunales y ciertos jueces, por esa razón esta iniciativa tiende a reparar esas falencias de la justicia.
ENS: ¿Cuál es su opinión de la solicitud de Diego Palacio de acogerse al tribunal propuesto por el Gobierno?
AR:Es comprensible que el exministro Diego Palacio esté preocupado por su situación, puesto que ha sido víctima de una persecución política, se le han negado sus derechos procesales, ha sido condenado de una manera muy injusta, al igual que otros integrantes del uribismo y muchos integrantes de las Fuerzas Miliares, que también han sido condenados injustamente, sin respetársele sus derechos. Esta sería una alternativa para miembros de las Fuerzas Militares y civiles que consideren que han sido maltratados por la justicia colombiana y que quisieran reivindicar su honor en algunos casos y tener un juicio justo, probar su inocencia u obtener una rebaja de penas sustancial.
ENS: ¿Han dialogado con el exministro Diego Palacios?
AR:Sí, yo he conversado con el exministro Palacio sobre estos temas, le remití el borrador de este proyecto de ley del Centro Democrático, y él sugirió algunas puntualizaciones en algunos temas que fueron incorporados al proyecto.
ENS: ¿Cree que esta es una forma de presión para que ustedes apoyen al tribunal del Gobierno?
AR:Sin lugar a dudas, que tanto el Gobierno como los asesores de las Farc como Álvaro Leyva y el abogado Enrique Santiago, quisieran que los perseguidos políticos del uribismo se acogieran a la jurisdicción de impunidad de La Habana. Nosotros creemos que para ellos debe haber justicia y respeto a sus garantías procesales.
ENS: ¿Qué piensa del Tribunal propuesto por el Gobierno?
AR:La jurisdicción especial para la paz del Gobierno es una jurisdicción de impunidad, que deja sin castigo penal a los responsables de crímenes de lesa humanidad y de crímenes de guerra.