En la plenaria del senado de la República hubo un debate de control político sobre la planificación y la acción gubernamental para enfrentar las inundaciones en la subregión de La Mojana. a causa de la abertura ocasionada por el río Cauca en el dique Caregato.
Al debate, convocado por los senadores Antonio José Correa Jiménez (Partido de la U) y Karina Espinosa Oliver (Partido Liberal), comparecieron el director general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), el jefe de la Unidad en Sucre; asimismo el director del Instituto Nacional de Vías (Invías), el gerente del Fondo de Adaptación y el director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.
También se conoció la declaración del gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, quien dijo que el cierre del chorro de Caregato en el río Cauca es una necesidad, porque los municipios sucreños del San Jorge y La Mojana son los más afectados.
Aunque Caregato es jurisdicción de Bolívar, los municipios de Majagual, Guaranda, San Benito, San Marcos y Caimito se han afectado seriamente por el rompimiento del río por ese punto.
“Insistimos en el cierre de Caregato y nuestro objetivo principal es proteger lo que más podamos la margen izquierda del río Cauca y evitar, además, que el agua entre por otro lado diferente a este chorro”, manifestó el gobernador de Sucre.
El gobernador dijo que está esperanzado en que el presidente de la República, Gustavo Petro, decida iniciar las obras de este gran proyecto, que ya cuenta con $1,8 billones aprobados en un Conpes, en el que el Gobierno Nacional aporta $1,3 billones y las Gobernaciones de Córdoba, Sucre, Antioquia y Bolívar hacen sus aportes también por medio del OCAD regional.
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Lo que dijo la Defensoría
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, recomendó al Gobierno Nacional y al Congreso de la República que se evalúe la necesidad de aumentar, dentro del Presupuesto General de la Nación, los recursos para conocer, reducir y atender el riesgo de desastres como consecuencia del cambio climático y la temporada invernal que afecta al país.
La recomendación va encaminada a fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, el Fondo Nacional y los Fondos Territoriales de Gestión de Riesgo de Desastres.
“Es urgente que se incrementen los recursos destinados a la prevención de riesgos, a la atención de desastres y a la recuperación postemergencias y que estos sean adecuadamente priorizados con el fin proteger los derechos a la vida, a la vivienda digna, salud, educación, mínimo vital y seguridad alimentaria de las comunidades más vulnerables”, señaló Carlos Camargo.
Para la Defensoría es crucial que los planes de mitigación que se implementen se evalúen y fundamenten en la necesidad de proteger los derechos de las comunidades ante el riesgo que supone el cambio climático para el goce efectivo de los derechos y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La recomendación tiene un llamado de urgencia ante el inicio de la segunda temporada invernal, el aumento de las lluvias como consecuencia del fenómeno de La Niña, aunados a la severidad y atipicidad de las precipitaciones como efecto del cambio climático, que pueden generar las condiciones propicias para la ocurrencia de crecientes súbitas, avenidas torrenciales y deslizamientos, desastres naturales que vulneran los derechos de la población.
“El país no puede olvidar las lecciones que dejó la crisis humanitaria y económica por cuenta de las inundaciones de los años 2010-2011”, puntualizó el defensor del Pueblo.
La revisión de los datos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) ha permitido a la Defensoría del Pueblo identificar que en los últimos años se ha dado un aumento considerable de desastres naturales en el país. En el 2021 se presentaron 802 inundaciones, frente a las 428 que ocurrieron en el año 2020, lo que constituye un incremento del 87%.
Respecto a las crecientes súbitas se observó una tendencia al aumento desde el año 2019, que registró 11 eventos, pasando por el año 2020 con 164 y el año 2021 con 236, representando un incremento del 43% en este último período. Finalmente, las avenidas torrenciales pasaron de 46 en el año 2020 a 70 en el año 2021, para un aumento del 52%.
Ante esta situación, el pasado mes de agosto la Defensoría del Pueblo solicitó a la Ungrd y a los Consejos Territoriales de Gestión del Riesgo que adoptaran medidas urgentes para prevenir y atender las consecuencias de los eventos climáticos extremos.
Las inundaciones han afectado en gran medida a la región de La Mojana. A finales de septiembre, un equipo de la entidad adelantó una mesa de trabajo en el municipio de San Marcos (Sucre) con organizaciones campesinas, autoridades y gremios, con el fin de analizar la problemática causada e identificar alternativas para la protección de los derechos de las comunidades.
La Ungrd
Del mismo modo, la Ungrd recordó que en articulación con el Ministerio de Agricultura y el Banco Agrario de Colombia avanzan en la entrega de los subsidios a los 18.322 campesinos y agricultores damnificados en la región.
Igualmente, la Ungrd mantiene en cada uno de los nueve municipios (Achí, Ayapel, Caimito, Guaranda, Majagual, San Benito Abad, San Jacinto del Cauca, San Marcos y Sucre) la articulación con los Consejos Departamentales y Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres, a través del personal operativo y técnico que acompaña a las autoridades locales y las sucursales del Banco, en las actividades necesarias para garantizar la entrega del apoyo económico y atenuar el impacto generado por las inundaciones.
Por último, la Ungrd sostuvo que en su gestión de realizar los pagos asignados por el Ministerio de Agricultura mantiene la articulación permanente con el Banco Agrario y sus sucursales para llevar a buen término el plan de pagos y la programación establecida, para lo cual invita a la población campesina y agricultora beneficiaria a consultar los listados de programación en las sedes, páginas web y redes sociales de las alcaldías y también en las oficinas sucursales de la entidad bancaria.