Ajuste a la vista

Una de las más importantes tareas que tendrá quien sea nombrado embajador de Colombia en Estados Unidos será la creación de un mecanismo de verificación sobre la situación judicial y penitenciaria de los cabecillas paramilitares, narcotraficantes y otros delincuentes de primer nivel que hayan sido extraditados. La preocupación de las autoridades colombianas es notoria porque no está claro cómo se garantizará en cada caso el compromiso puntual de E.U. en torno de que una vez cumplan su pena allí, los extraditados serán deportados de inmediato a nuestro país para responder por los procesos que aquí tienen pendientes.

Preocupaciones

Y es que el tema de los cabecillas de los paramilitares extraditados y que podrían quedar en libertad en corto tiempo debido a acuerdos de colaboración con la justicia de E.U., representa para Colombia una preocupación porque es mucho el esfuerzo que realizan las autoridades locales para capturarlos o someterlos, pero una vez llegan a las cárceles norteamericanas contratan expertos abogados que delinean acuerdos que les permiten penas bajas a cambio de entrega de bienes y delación de rutas y cómplices. Por eso la extradición -se sabe- ya no asusta a los narcos, a tal punto que, incluso, la opción de entregarse a las autoridades de E.U. ha sido el camino de muchos cabecillas de carteles y varios más hacen fila para el mismo procedimiento.

Gabelas allá

Así, condenas que en Colombia podrían haber superado 20 años de prisión, en E.U. terminan reducidas, en la práctica, a no más de seis o siete, con el agravante de que losparas y narcos reciben residencia y nuevas identidades, e incluso promesas de no deportación, debido a que se convierten en testigos estrella contra otros capos del narcotráfico. Como no existe un tratado de extradición binacional, no hay posibilidad de exigibilidad de la deportación a Colombia una vez los entregados a la justicia de E.U. hayan pagado allí sus penas.

CPI con lupa

Si bien ese es un fenómeno ya advertido, preocupa de forma sustancial a las autoridades colombianas que dentro de las demandas que algunas ONG quieren elevar ante la Corte Penal Internacional (CPI) por los alcances de la Ley de Justicia y Paz, se alega que el Estado, por la vía de la extradición, renunció a aplicar castigo proporcional a los jefes paramilitares, pues no existe ninguna obligación de Estados Unidos de devolver a los cabecillas y, por lo tanto, la posibilidad de aplicar los principios de verdad, justicia y reparación queda en veremos, afectando claramente los derechos de las víctimas.

Reglas escritas

Si bien la CPI tiene bajo la lupa al esquema de la ley de Justicia y Paz desde hace tiempo, e incluso hace pocos meses una delegación de ese instancia judicial estuvo en el país revisando el tema, el Gobierno quiere ser previsivo y buscar con la Casa Blanca que el compromiso de deportación de los paras no sea opcional y de voluntad política, sino obligatorio y reglado de manera muy puntual, con sistemas de seguimiento y alertas tempranas.