El detallito (I)

Mientras la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia como la Procuraduría estén encima de los senadores y representantes que votaron, primero, a favor de la polémica conciliación del proyecto de reforma a la justicia y, luego, de su archivo mediante la aceptación de las objeciones presidenciales, será muy difícil que las relaciones entre el Parlamento y la Casa de Nariño se puedan arreglar de manera sustancial y tangible. Por lo menos esa fue la sensación que dejaron las afirmaciones off the record de varios congresistas.

El detallito (II)

“… El problema aquí no es de tono ni de formas… El discurso del presidente Santos fue conciliador y amable, una mano tendida… Él dijo que pagó el costo político al salir del ministro (Esguerra) y caer en las encuestas, pero él no tiene a la Corte ni a la Procuraduría encima… El problema aquí no es político, no se trata de tener voluntad de dar el problema como superado, el problema es jurídico y que yo sepa al Presidente no lo han denunciado ante la Comisión de Acusación de la Cámara por lo que pasó con la reforma a la justicia, pero nosotros los congresistas sí tenemos dos investigaciones encima”, explicó un veterano senador, que pidió la reserva de su nombre.

Lupa a acuerdos

En medio de los movimientos que se están dando en Colombia en torno de grandes empresas que están siendo vendidas por parte de otros consorcios, algunos nacionales pero la mayoría internacionales, en el Congreso se piensa citar a varios ministros con el fin de que expliquen si esas transacciones afectan en alguna forma los acuerdos de protección de inversión y estabilidad en las reglas del juego jurídicas y tributarias que se firmaron en los gobiernos de Uribe con un grupo de compañías de primer nivel. Hay parlamentarios que consideran que tras esos negocios algunos de esos acuerdos deberían replantearse, pues una cosa era dar ciertas prebendas a una empresa pequeña o mediana, y otra muy distinta mantenerlas a multinacionales.

Pulla directa

En la entrevista que el general (r.) Héctor Fabio Velasco, vocero de los altos mandos retirados, dio a este diario en la edición de ayer, una de las afirmaciones más duras fue contra el exfiscal general Mario Iguarán, hoy en lides de abogado penalista. “El fiscal Iguarán nunca le concedió libertad provisional a un militar, menos aún casa por cárcel, pero ahora se lo ve pidiendo y obteniendo ese beneficio para su defendido, en el caso del estudiante Colmenares”, precisó Velasco. Sin comentarios.

Cautela, cautela…

Y hablando de militares retirados, la investigación que la Fiscalía inició para establecer qué había detrás de las declaraciones de algunos oficiales retirados que, incluso, fueron interpretadas como una incitación a un golpe de Estado, impactó fuertemente entre los ex altos mandos castrenses y policiales. Así lo dejó en evidencia una indagación que periodistas de EL NUEVO SIGLO adelantaron la semana pasada consultando la opinión de varios ex altos mandos castrenses y policiales sobre la situación del Cauca y qué tanta responsabilidad tenía allí la política de seguridad del Gobierno. “… Hay que tener cuidado con esas críticas al Ejecutivo, pues hay mucha melindrosidad y se corre el riesgo de que se quiera judicializar la opinión”, precisó un ex comandante del Ejército.