La arquitectura del proceso de paz con el Eln será muy similar a la implementada con las Farc, pero los tiempos de la primera etapa -es decir, la de los diálogos exploratorios- tendrán una duración muy corta. Según trascendió, el Gobierno le dejó saber al llamado ‘Comando Central’ del Eln (Coce) que no habrá una mesa conjunta de negociación con las Farc. De igual manera, está definido que Venezuela y Uruguay podrían ser la sede de las tratativas preliminares, pero nunca Cuba. Incluso no se descarta que se busque la sombrilla de la Unasur para que un edificio de esta organización albergue los primeros contactos formales, y discretos, entre delegados de ambas partes.
¿Demanda externa?
En los pasillos de la Procuraduría se dice que en la cúpula de la entidad se está analizando si es viable elevar ante instancias internacionales una denuncia contra los alcances del Marco Legal para la Paz, que fue avalado por la Corte Constitucional la semana pasada. No hay que olvidar que el propio jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez, había dicho antes del fallo del máximo tribunal que custodia el cumplimiento de la Carta Magna, que si la norma favorecía la impunidad, no dudaría en acudir a instancias internacionales para denunciar el hecho.
¿Campaña por el No?
Pero las reservas del Procurador frente al proceso de paz no se quedarían ahí. Por ejemplo, se dice en altas fuentes judiciales que incluso en la Procuraduría se habría analizado si esa institución podría abanderar institucionalmente una campaña para votar negativamente el llamado “referendo por la paz”, en caso de que el acuerdo a que lleguen Gobierno y Farc lesione los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas. La posibilidad de abanderar dicha campaña dependería del alcance que se le dé al concepto amplio de Ministerio Público y su función de garante y vigilante del cumplimiento y respeto por las garantías fundamentales.
Lucro cesante
Un grupo de abogados está evaluando la posibilidad de demandar al Estado por el lucro cesante que los distintos paros agrarios producen en varias empresas de Antioquia, Cauca y Valle. Según trascendió, si bien la jurisprudencia del Consejo de Estado y otras instancias de la jurisdicción contencioso-administrativa siempre se han abstenido de culpar a la Nación por la afectación a particulares por cuenta de bloqueos y asonadas, y los fallos condenatorios se han limitado a actuaciones anómalas de la Fuerza Pública en desarrollo de los mismos, la nueva demanda buscaría probar que el Estado no actuó con diligencia para evitar los bloqueos o al utilizar la fuerza legítima para levantarlos, lo que vulneró los derechos económicos de las empresas perjudicadas por la parálisis.
¿Reclutamiento?
Se afirma en algunos círculos políticos bogotanos que los promotores y contradictores del proceso de revocatoria del mandato del alcalde Gustavo Petro han entrado en contacto con los líderes de los principales gremios de la producción en la capital del país. La idea es tratar de ‘reclutar’ a dichos voceros y agremiaciones, pues es claro que si los nichos productivos toman un papel activo en materia de apoyo o respaldo a la revocatoria, la posibilidad de que la votación logre pasar el umbral electoral mínimo, sería muy alta.