Polémica por Corte Agraria

La polémica por la creación de Corte Agraria y Rural, que se contempla en el proyecto de acto legislativo 173 de 2022/Cámara - 035 de 2022/Senado, que da vida a la jurisdicción agraria en Colombia, se ahondó ayer. Como se sabe, los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura le insistieron al Congreso que con la actual infraestructura, capacidad e idoneidad del sistema judicial colombiano, es innecesaria la creación e implementación de una nueva Corte Agraria y Rural para cubrir la urgencia de una justicia especializada que dirima los conflictos del uso, tenencia y propiedad de la tierra en el país. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Fernando Castillo Cadena, en carta enviada al presidente de la Comisión Primera de la Cámara y a los ponentes de la iniciativa, respaldó la propuesta de implementación de una Jurisdicción Agraria Rural sin necesidad de crear otra Corte Agraria, cuyas funciones ya ejerce y cumple la Sala de Casación Civil y Agraria del máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria.

Razones de las cortes

Según lo precisó la Corte Suprema, para hacerlo de una forma pronta y oportuna, y reconociendo que el país se encuentra en mora de poner en marcha un sistema especial de justicia para la resolución de los conflictos del campo referidos a la tierra, los máximos tribunales propusieron la puesta en marcha de una Jurisdicción Agraria Rural que tenga una base judicial sólida de juzgados y tribunales especializados que se dediquen a dirimir exclusivamente estos conflictos. “Por lo tanto, la reforma constitucional en trámite en el Congreso debe centrarse en disponer la creación amplia y suficiente de cargos de jueces y magistrados agrarios y rurales. Este es el eje del cambio. Esta es la única forma de dotar de elementos materiales y herramientas jurídicas reales, mediante los cuales se cristalice y garantice el funcionamiento de la verdadera Jurisdicción Agraria y Rural…”, señaló la carta.

Réplica de Uprimny

A esta postura le salió al paso el exmagistrado, jurista e investigador de Dejusticia, Rodrigo Uprimny, que consideró equivocada la posición de las altas cortes de que la jurisdicción agraria es inconveniente e innecesaria. “Colombia necesita una justicia agraria eficiente, accesible, que entienda las complejidades del mundo rural y permita el acceso efectivo del campesinado a la justicia. En eso todo el mundo está de acuerdo, incluso las cortes y eso es positivo. Igualmente hay acuerdo en que para que esa justicia agraria sea efectiva es necesario crear jueces agrarios accesibles en los territorios y que decidan, no con los criterios del derecho civil o administrativo, sino los propios del derecho agrario. En eso también hay consenso. El debate es que la reforma constitucional en curso crea jurisdicción agraria, con nueva corte (la corte agraria), pero las actuales altas cortes (Suprema y Consejo de Estado) junto con el Consejo de la Judicatura, se oponen”.

Fragmentación judicial

Para Uprimny “la fragmentación de los temas agrarios entre la Corte Suprema y el Consejo de Estado ha generado graves problemas, al menos dos: decisiones dispersas y a veces contradictorias y falta de jurisprudencia agraria unificada. Primero, sin jurisdicción agraria, el tema seguiría fragmentado pues Consejo de Estado decidiría sobre actos administrativos en lo rural y la Corte Suprema sobre conflictos entre particulares, sin poder abordar el conflicto en toda su dimensión… Es, pues, necesaria jurisdicción agraria que, con base en principios sustantivos y procedimentales propios, resuelva la totalidad de los conflictos agrarios, tanto las disputas entre particulares como, cuando sea necesario, sobre validez de actos administrativos en lo rural. Segundo, esa fragmentación ha debilitado gravemente el derecho agrario (con sus principios propios y conocimiento de la realidad rural) con lo cual las decisiones judiciales agrarias han sido inconsistentes y no han tomado en serio la especificidad del mundo rural”.