Hacia finales de 2011, hace ya 7 años, el gobierno nacional comenzó a implementar algunas medidas que permitieran contrarrestar los impactos negativos producidos por el llamado “fenómeno de la niña” que fue el detonante de la ola invernal de los años 2010-2011; adicionalmente aprovechó para vincular de una vez todos los efectos que se puedan llegar a producir como consecuencia de la ocurrencia de eventos de cambios climáticos extremos. Como en otras muchas ocasiones las medidas solo se tomaron una vez ocurrido el desastre y como medida reactiva y no preventiva.
Las principales medidas puestas en marcha fueron: la creación del Fondo Adaptación, con un presupuesto anual cercano a los 900.000 millones de pesos y vigencia hasta 2019; la promulgación del Plan Nacional de Adaptación al cambio climático, la estrategia nacional de reducción de emisiones por deforestación, la creación del sistema nacional de adaptación al cambio climático, y la expedición del documento Conpes 3700 que genera los recursos y mecanismos para enfrentar el fenómeno.
Absolutamente todas las iniciativas mencionadas obedecieron a una necesidad urgente de paliar la vulnerabilidad mostrada con la ocurrencia del mencionado fenómeno, los presupuestos asignados son risibles si se comparan con algunos esfuerzos locales (Bogotá asignó casi 5 veces mas presupuesto en 4 años a enfrentar el cambio climático que el entregado al Fondo adaptación en 8 años para todo el país). Lo anterior nos muestra como el gobierno nacional ha venido percibiendo la vulnerabilidad existente en el territorio nacional al cambio climático como un fenómeno antrópico en la lucha del hombre por la supervivencia, contra la naturaleza que se ve como el enemigo perverso al que se debe vencer; por alguna razón esta situación me recuerda el viejo dicho de mi abuela “Está brava mi vecina porque se comió mi gallina.”
Siempre será más fácil culpar a la naturaleza de la torpeza humana; prueba de ello es la frase pronunciada por el presidente Santos en entrevista a la revista Semana en el año 2011, “Esta maldita ‘niña’ ha sido el karma de mi gobierno, contra ella seguimos combatiendo” Esta simple frase nos muestra la visión del gobierno y su creencia de que la naturaleza es culpable de estos fenómenos; si bien es cierto que los cambios climáticos en el Pacífico sur desatan los fenómenos del niño y de la niña, no es menos cierto que las consecuencias se agravan cuando se evidencia una intervención antrópica que causa el cambio climático actual.
El país demoró seis años para radicar, en 2017, un proyecto de ley para proteger al país contra los efectos del cambio climático. Digamos que un poco demorado para un país que ha suscrito todos los tratados internacionales al respecto, pero algo es algo; la ley ya aprobada por el Congreso de la República debe reposar en algún cajón de las cosas menos importantes por hace esperando la firma del ejecutivo; el hecho real es que aún hoy no se ha resarcido el daño causado a más de 3’800.000 personas en la ola invernal 2010-2011.
Es muy poco probable que la nueva ley sea suficiente para frenar la destrucción de nuestro patrimonio natural por cuenta de los cambios radicales del clima, se hace necesario tomar medidas urgentes que garanticen la autoridad del Estado para evitar que las acciones de algunos ciudadanos nos lleven a un punto de no retorno que acabaría por hacer prácticamente invivible nuestro territorio, en un no muy largo plazo. Las herramientas jurídicas están disponibles, la nueva ley está lista para sanción presidencial, la necesidad es palpable, solo falta la voluntad política y el ejercicio de la autoridad del Estado. Por favor presidente Santos, no le de mas largas a la sanción de la ley.
@alvaro080255