LAS ENCUESTAS para las elecciones presidenciales y legislativas del 2026 se realizarían con las mismas reglas que han imperado en las últimas décadas. Hay un proyecto de ley en el Senado, aprobado en primer debate, que establece medidas en la divulgación de estos estudios para garantizar su calidad y confiabilidad, sin embargo, aplicarlas en estos comicios no solo depende de que se convierta en ley, sino el tiempo que ello tome, pues si ocurre después del segundo semestre del 2025, es poco probable porque no faltará el que diga que se cambian las reglas del juego.

Entre los principales cambios que hacía esta reforma a las encuestas electorales es que cuando son comicios de tipo nacional, debería incluir municipios o distritos con una población igual o superior a 800.000 habitantes, tal y como un subconjunto de municipios pequeños, medianos y grandes de todas las regiones.

Igualmente, que cuando se tratara de investigaciones sobre preferencias políticas relacionadas con procesos electorales de carácter regional, la muestra debería incluir a la capital departamental y como mínimo el 20% de los municipios.

Así mismo, contemplaba esta reforma que las firmas con 24 horas de anticipación a la publicación de las encuestas deberían presentar ante el Consejo Nacional Electoral la ficha técnica, tal y como sería entregada a la persona natural o jurídica que encomendó el estudio, así como habría de ser publicada en los medios de comunicación.

Estos estudios tienen un papel fundamental en la democracia, pues miden qué tanta es la favorabilidad del presidente y el gobierno, así como de la gestión que desarrollan. En tanto que en las elecciones toman el pulso del nivel de aceptación de un candidato y con base en ello el electorado infiere qué tanta posibilidad tiene de ganar.

No obstante, los resultados de las encuestas siempre generan polémica, ya que muchos de los aspirantes que no marcan bien se quejan, por ejemplo, por la muestra porque esperaban que se consultara a un número mayor de personas, porque no se tuvieron en cuenta todos los estratos sociales o faltó un grupo etario, entre otros motivos.

Incluso se ha visto en anteriores elecciones aspirantes que cuestionan el resultado de las encuestas en plena campaña, no por aspectos técnicos en su elaboración, sino porque sostienen que no corresponde con la cantidad de personas que los sigue en los mítines en la plaza pública.

Por ello se ha vuelto costumbre en las distintas elecciones las protestas de algunos candidatos y sus seguidores, incluso con señalamientos sobre presuntos estudios amañados, más teniendo en cuenta que la realización de las encuestas es pagada por medios de comunicación e incluso por las colectividades políticas.

Por su parte, las firmas encuestadoras se defienden señalando que sus estudios tienen un carácter técnico y netamente probabilístico, no predictivo. Además, de que se realizan con base en la normatividad establecida en la ley y en resoluciones del Consejo Nacional Electoral.

Se habla de la Ley 130 de 1994; las resoluciones 23 y 50 del Consejo Nacional Electoral, la primera del año 1996 y la segunda de 1997; y la Ley 996 de 2005 (Ley de Garantías Electorales).

Vale recordar que la reforma al Código Electoral, que aprobó este Congreso, hizo más precisas las encuestas, teniendo en cuenta que la normatividad existente es antigua y muy general, ya que apenas recoge los elementos básicos que se consideran a nivel internacional para este tipo de estudios.

Sin embargo, en agosto pasado, la Corte Constitucional tumbó por segunda vez la reforma al Código Electoral, argumentando varios vicios de procedimiento en el trámite durante su estudio en el Congreso, según se explicó por no superar el análisis de impacto fiscal, la falta de consulta previa en algunos de sus artículos y la elusión de debate.

¿Qué dicen los encuestadores?

Carlos Lemoine, socio fundador del Centro Nacional de Consultoría, indicó a EL NUEVO SIGLO que “es importante decir que las encuestas no son actores principales en el proceso electoral, las encuestas son una parte importante del paisaje democrático. Me parece que ponerle tanto énfasis a la regulación de las encuestas es hacer mucho énfasis en el mensajero y no en el mensaje. Somos mensajeros de lo que piensa la gente”.

En tanto que César Caballero, gerente general de Cifras y Conceptos, dijo a este Diario sobre la iniciativa de ley que discute el Senado, que “es un proyecto que incorporó Clara López y Angélica Lozano, que de alguna manera recoge lo que había presentado Rodrigo Lara al final del pasado Congreso en 2022. Eso fue aprobado una ley estatutaria, pero como fue aprobada en sesiones extras eso se cayó”.

Agregó que “me parece que el proyecto que tenía Rodrigo Lara estaba bien encaminado y me parece que Colombia sí debería tener una regulación sobre el tema de encuestas que permita regular mejor el mercado”.

Añadió que el primero y más esencial es “la posibilidad de hacer auditorías serias y reales. La ley dice hoy que se deberían hacer, pero no hay un mecanismo en el cual se puede hacer. Entonces sí es importante que las firmas que publicamos encuestas tengamos un certificado de gestión de calidad, frente al cual alguien externo pueda hacer una auditoría. Y en ese caso el Consejo Nacional Electoral debería tener unos recursos para contratar unos expertos para que hagan la auditoría a las firmas encuestadoras”.

Complementó Caballero diciendo que “lo segundo es que los requisitos para crear una firma encuestadora son demasiado formales, y es simplemente un año de su existencia y dos recomendaciones. Creo que hay que demostrar más la suficiencia de las empresas, tener estadísticos, tener más elementos para poder hacerlas. Diría la posibilidad de hacer auditorías frente a que lo que asegura una firma encuestadora sobre el método que hizo es correcto y que uno pueda replicar eso y; dos, creo que los requisitos formales para poder publicar estudios”.

Otro asunto que preocupa es la proliferación en los últimos años en las redes sociales en época de campaña de encuestas o sondeos electorales sin cumplir los mínimos requisitos, como la ficha técnica, y sin que nadie se responsabilice.

Al respecto, César Caballero dijo que “frente a las encuestas los responsables son las empresas y los mismos que las publican. Entonces habría que hacer responsable a las redes sociales que publican o a quien publica en la red social una encuesta que no es encuesta sino un sondeo”.

Enfatizó que “primero evidentemente creo que no hay que pararle bolas, pero lo segundo es que la ley sí debería aplicarse y poner las sanciones de la misma manera que si un medio de comunicación pública una encuesta falsa sanciona al medio, pues si una persona en su cuenta en Twitter publica una encuesta falsa, pues deberían sancionar esa persona”.