Las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y ASOCARS cuestionaron la firma del decreto 1275 de 2024, el cual otorgar competencias ambientales a las autoridades indígenas. Según el gremio, el Gobierno nacional tomó esta decisión sin considerar el trabajo y la experiencia acumulada por estas entidades en la implementación de políticas y proyectos ambientales.
El Decreto 1275 establece que las comunidades indígenas tendrán la misma autoridad que las CAR en la gestión de sus territorios, lo que incluye la formulación de planes de ordenamiento ambiental y la capacidad de sancionar a miembros de sus comunidades bajo su propia justicia.
Esta medida ha suscitado preocupación entre las CAR y ASOCARS, quienes argumentan que tanto este decreto como el Decreto 1094 de 2024 (ATEA) afectan severamente su autonomía y competencias, además de transgredir principios fundamentales del Sistema Nacional Ambiental (SINA)
A través de una misiva, las entidades argumentaron que la delegación de competencias a las autoridades indígenas podría llevar a una fragmentación en la gestión ambiental regional. Además, la superposición de funciones entre las CAR y las nuevas autoridades indígenas podría generar confusiones y conflictos legales.
Según manifiestan, en lugar de facilitar la gestión, creen que estos cambios entorpecen los esfuerzos realizados hasta ahora y generan conflictos adicionales. Yesid González Duque, director ejecutivo de ASOCARS, enfatizó que es fundamental reconocer los logros y esfuerzos realizados por las CAR en colaboración con comunidades indígenas en áreas como reforestación, manejo de cuencas y proyectos educativos.
Lo anterior en relación a las declaraciones del presidente Gustavo Petro en donde se refería a las CAR de forma negativa. "Se insta al presidente a denunciar ante las entidades competentes, los presuntos hechos de corrupción a que se refiere", indicó Gonzáles.
ASOCARS y las CAR coinciden en que tras más de tres décadas desde la creación del SINA, es imperativo realizar una revisión integral del sistema. Esta revisión debería basarse en un diagnóstico objetivo sobre el desarrollo institucional para fortalecer su capacidad de respuesta ante los nuevos retos ambientales. La experiencia acumulada por las CAR es crucial para abordar efectivamente estos desafíos.