La Procuraduría General de la Nación urgió establecer medidas, para la recuperación y descontaminación de la cuenca hidrográfica del río Guatapurí, a Ernesto Miguel Orozco, alcalde de Valledupar y Adraiana Margarita García, directora de la Corporación Autónoma del Cesar (Coporcesar).
De igual forma, el organismo pidió a las autoridades locales "enviar información precisa acerca de los sitios críticos de disposición de residuos de construcción y demolición en el área del afluente de la ciudad", esto con el objeto de establecer una zona precisa, en la que, en el futuro, la Policía Nacional pueda asegurar el lugar con rondas permanentes y se pueda instalar un CAI.
Con ello, se incluyó ejecutar en su totalidad los lugares previstos para desechar basuras y escombros del lugar, esto se deberá hacer, según pidió la Procuraduría, junto al "acompañamiento de campañas de educación que divulguen los daños causados al ecosistema por hacer el uso inadecuado de los residuos".
El fallo de segunda instancia del Consejo de Estado preciso que es urgente elaborar y ejecutar un plan de descontaminación del río Guatapurí, en el cual sea posible evidenciar resultados a mediano y largo plazo.
El Alto Tribunal, también pidió garantizar que existan medidas de orden coercitivo para que los ciudadanos de Valledupar que persistan en intoxicar el cuerpo de agua tengan que responder por sus acciones.