Cinco meses cumplió ayer el gobierno Petro. Y en ese lapso, al decir de analistas y críticos, la política más accidentada en cuanto a formulación y arranque ha sido la de paz.

En la campaña las propuestas del entonces candidato del Pacto Histórico generaron muchas polémicas. Se recuerda, por ejemplo, cuando planteó una especie de “perdón social” a dirigentes políticos procesados por corrupción, señalando que era necesario para concretar la paz y la reconciliación. Fue tal el revuelo, que tuvo que morigerar la idea y casi que archivarla.

Pero no fue la única. Al describir las bases de un “proceso de paz integral”, señaló que desde el primer día de un eventual gobierno suyo reactivaría la negociación con el Eln y hablaría con el régimen Maduro y Cuba para retomar su rol de garantes, en abierta contravía a la política de Duque. También dijo que “descongelaría” la implementación del acuerdo de paz con las Farc y buscaría una fórmula jurídica para desactivar a grupos narcotraficantes y bandas criminales de alto espectro… Incluso, defendió la tesis de que los capturados por distintos delitos durante la ola de protestas del segundo trimestre del año pasado deberían salir en libertad. La restricción de la extradición, mesas de diálogo con grupos residuales de las Farc y la necesidad de subvencionar a los jóvenes en riesgo de caer en el delito, completaban la formulación teórica.

Muchas de esas propuestas generaron controversias con sus rivales en la contienda presidencial y dieron paso a denuncias de presuntos pactos de esa campaña con grupos de extraditables, integrantes presos de la llamada “primera línea”, así como con las guerrillas para que movilizaran votos para el candidato de izquierda.

Pasadas las urnas, confirmado el triunfo de Petro y concretado el relevo en la Casa de Nariño, entre las primeras decisiones estuvo la reanudación de las relaciones políticas con el régimen Maduro, al tiempo que delegados gubernamentales, encabezados por el canciller Álvaro Leyva y el alto comisionado de Paz, Danilo Rueda, hicieron rápidos acercamientos con la cúpula del Eln que permanecía en Venezuela y La Habana.

De forma paralela, se dieron contactos con la cúpula de las reincidencias de las Farc (‘Nueva Marquetalia’, en cabeza de ‘Iván Márquez’) y las disidencias (comandadas por alias ‘Iván Mordisco’). Asimismo, se comenzó a hablar de diálogos con el ‘Clan del Golfo’, bandas multicrimen de Buenaventura y otras ciudades…

En medio de todo ello sobrevinieron los primeros ataques a la Fuerza Pública, como los de las disidencias en zona rural de Huila o el ‘plan pistola’ del ‘Clan del Golfo’ contra la Policía. En uno y otro caso, la respuesta gubernamental incluyó advertencias en torno a que no entrarían dentro de la llamada “paz total” aquellos grupos guerrilleros o de delincuencia común organizada que persistieran en la violencia y los asesinatos. Las primeras siguieron hostigando y el segundo frenó su macabra estrategia.

Modelo complejo

En medio de ello quedó claro que el Gobierno tendría dos vías en su política de paz: con el Eln y las disidencias de las Farc se plantearía una negociación previo reconocimiento de estatus político, en tanto que con las reincidencias de Farc, ‘Clan del Golfo’, otras bandas multicrimen localizadas y grupos narcotraficantes se emprendería un proceso de sometimiento a la justicia (inicialmente llamado de “acogimiento”).

De hecho, la ruta normativa también se tornó compleja, ya que se empezó a hablar de un proceso con tres fases. La primera, la reforma a la Ley 418, el marco legal de la “paz total” aprobado en tiempo récord en el Congreso a finales de octubre y sancionado a comienzos de noviembre por el presidente Petro.

En dicha reforma, acudiendo al viejo concepto de la “seguridad humana”, acuñado por la ONU décadas atrás, el Gobierno delineó el concepto de la “paz total”, que para muchos congresistas opositores y analistas termina siendo una peligrosa vía a la impunidad general, pero que para el Ejecutivo y sus mayorías engloba el objetivo final de su política de pacificación: neutralizar todo actor violento, sin importar su naturaleza delictiva, móvil, caracterización, estatus o fines.

Pese a sus mayorías, el Ejecutivo sufrió derrotas en el trámite, como cuando intentó introducir un beneficio penal a los condenados o sindicados de la llamada “primera línea” o la eliminación del servicio militar obligatorio.

Tampoco le fue fácil aterrizar el modelo de diálogo para el sometimiento a la justicia y desmantelamiento de “estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto”. Otros conceptos relacionados con un “gabinete de paz”, “regiones de paz”, la creación del “servicio social para la paz” o establecer como “medida de reparación la reconciliación con la naturaleza”, fueron blanco de muchas críticas sobre su alcance y funcionalidad real.

Sin embargo, esta reforma es apenas el primer paso en la estrategia. La segunda es la referida a un ajuste al Código Penal y de Procedimiento Penal. Días atrás ya se dio un primer anuncio al respecto, dirigido a sentar las bases de la flexibilidad en materia de condenas y condiciones penitenciarias para los jefes y estructuras que se sometan a la justicia bajo este modelo.

Y en tercer lugar, vendría una serie de reformas legales e incluso constitucionales muy puntuales en donde se aterrizarían los acuerdos a los que se llegue tanto con el Eln y las disidencias (a las que se les reconoce estatus político) como con los “estructuras multicrimen” de alto impacto, tipo ‘Clan del Golfo’ o ‘Nueva Marquetalia’.

Accidentado arranque

Pero si ese proceso de confección de la política de paz del Gobierno ha sido complicado, con múltiples ajustes sobre la marcha e incluso reversazos a bordo, el comienzo de la implementación ha estado marcado por la improvisación, los descaches discursivos y bandazos.

Por ejemplo, en la mesa de negociación con el Eln no está claro a qué se refieren las partes cuando han afirmado que algo de lo acordado podría irse aplicando de inmediato.

De igual manera, Petro llegó a insinuar que los campesinos cocaleros podrían “mantener” sus cosechas mientras avanzaba la sustitución por sembradíos legales. La idea generó polémica y obligó a varias aclaraciones, algunas de ellas igualmente confusas.

En cuanto a la “primera línea” (tras el fracaso de un beneficio directo en la reforma a la ley 418), se han planteado otros caminos. Inicialmente se dijo que varios de sus integrantes serían designados como “gestores de paz”. Pero luego, ante los vacíos legales, se cambió la estrategia. Ya no se excarcelaría a todos los procesados por delitos cometidos en los paros del año pasado. Luego se aclaró que tampoco saldrían los condenados. Después, que ya no serían “gestores de paz” sino “voceros de paz” de organizaciones sociales inmersas en actos de conflictividad, razón por la cual se incluiría también a sindicados por invasión de tierras y otros delitos. Hasta se quiere involucrar a integrantes de la Fuerza Pública presos. A hoy la discusión jurídica es creciente, con demandas a bordo.

En otro giro sorpresivo, el Ejecutivo indicó que lo que sí  haría sería designar a 100 mil jóvenes en riesgo de caer en la delincuencia como “gestores de paz” e incluso se les pagaría un millón de pesos mensuales. Luego de una amplia polémica, las aclaraciones ministeriales evidenciaron que la idea se lanzó sin estar estructurada, sustentada legalmente ni definido a quiénes beneficiaría, por cuánto tiempo y cuáles compromisos se exigirían a cambio…

También hay que citar el caso de una ‘tregua’ entre bandas criminales en Buenaventura que arrancó sin que estuviera claro el marco legal que la sustentaba y, sobre todo, a qué se comprometía el Estado con estos grupos delincuenciales…

Ya esta semana se dio el mayor descache. El 31 de diciembre el presidente Petro anunció intempestivamente un cese el fuego bilateral entre el 1 de enero y el 30 de junio de este año con el Eln, ‘Segunda Marquetalia’ (reincidencias), ‘Estado Mayor Central’ (disidencias), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (‘Clan del Golfo’) y el grupo ‘Sierra Nevada’.

El anuncio se hizo sin que existieran protocolos específicos ni caracterización territorial, reglas del juego, mecanismos operativos para la Fuerza Pública, instancias de monitoreo ni todos los elementos propios de una figura tan compleja y determinante. Todo se dejaba a decretos posteriores. Y, como si fuera poco, el Eln desmintió la existencia de dicho acuerdo para un cese el fuego y recalcó que ese tema apenas si está agendado para el segundo ciclo de negociación, a finales de enero. Las explicaciones gubernamentales, que incluyeron reversar el decreto respectivo, fueron muy confusas y dejaron muy mal parada a la Casa de Nariño, su estrategia de paz y la credibilidad de la negociación con los elenos.

Como se ve, el ‘descache’ con el Eln no se puede considerar un hecho aislado. Por el contrario, es una evidencia más de que la política de “paz total” tiene una accidentada formulación y un arranque lleno de bandazos e improvisación. Avanza, como suele decirse de los cangrejos: un paso adelante y dos hacia atrás.