Error estratégico, excesiva confianza, impericia o velada connivencia. Estas son las dudas que desde el mismo momento del masivo asalto de bolsonaristas a las sedes de los tres poderes públicos -el domingo- crecen en el ambiente político de Brasil.

El mandatario Luis Inácio Lula da Silva, que retomó las riendas de Brasilia, fue uno de los primeros en hacer públicas estas inquietudes al señalar que “hubo, diría yo, incompetencia, mala voluntad o mala fe de las personas que cuidan de la seguridad pública del Distrito Federal".

A éstas se sumaron las expresadas por dirigentes políticos y medios de comunicación, atizando aún más los temores por un gobierno de izquierda y la polarización política que vive el gigante sudamericano tras la victoria, en octubre pasado, de Lula frente al candidato-presidente, Jair Bolsonaro por un estrecho margen (1.8% de los votos en el balotaje).

¿Cómo es que los invasores pudieron acceder tan fácilmente a sitios clave del poder en Brasil? ¿Alguien financió este ataque perpetrado contra la democracia brasileña? ¿Por qué las fuerzas del orden no desmantelaron antes los campamentos de partidarios del expresidente Bolsonaro, instalados desde hace dos meses delante de edificios militares de todo el país, en reclamo de una intervención militar para impedir que Lula da Silva volviera al poder?

Estas preguntas dominaban desde la noche del domingo las conversaciones entre los dirigentes lulistas y ciudadanos del común ya que, como se sabe, las protestas contra el recién posesionado mandatario iniciaron al otro día de su victoria con bloqueos a vías y multitudinarias manifestaciones en varias ciudades. Posteriormente se trasladaron en las afueras de instalaciones militares para exigir la intervención de las Fuerzas Armadas.

Y, desde la noche de este sábado, arribaron a Brasilia un centenar de buses con unos cuatro mil partidarios del expresidente y se unieron al campamento ubicado frente al cuartel general del Ejército. Además, las autoridades civiles y de seguridad conocían que se realizaría el domingo una multitudinaria protesta en la ciudad.

Mucho antes de la llegada de los buses, muchas publicaciones en redes sociales aludían a la concentración en Brasilia. "Todos los gastos pagos. Agua, desayuno, almuerzo y cena. Y acamparán en Planalto", el palacio presidencial, señalaba un mensaje en un grupo de partidarios de Bolsonaro en Telegram.

El ministro de Justicia, Flavio Dino, autorizó ese día el despliegue de agentes de la Fuerza Nacional de Seguridad Pública, un cuerpo policial especial enviado a diferentes estados en caso de amenaza contra la ley y el orden. Y el domingo, pese a ello, los manifestantes recorrieron 8 km desde el mencionado campamento hasta la Plaza de los Tres poderes, en cuyas inmediaciones se ubican el palacio presidencial, la sede del Supremo Tribunal Federal, y el Congreso, sin ser bloqueados en ningún momento por las fuerzas del orden.

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Prueba de ello es que minutos antes de que se registraran los asaltos a las sedes del Ejecutivo, el legislativo y el judicial, un responsable de la seguridad en Brasilia, Fernando de Sousa Oliveira, envió un mensaje al gobernador del distrito federal, Ibaneis Rocha, (hoy suspendido por tres meses) señalando: "Los manifestantes son escoltados por la policía (...) y el clima es tranquilo, es una manifestación totalmente pacífica".

"Hemos negociado para que bajen de forma pacífica, organizada, acompañada. Acordado. No es necesario contener ahí el autobús. Es otro autobús el que va a descender. Si bajan cerca de la carretera, lo hacen ahí en el lado este y siguen acompañados por la Policía Militar", cuenta Oliveira, quien agregó que “es un ambiente muy tranquilo, bien ameno. Una manifestación bien suave, totalmente pacífica".

Oliveira, despedido a primera hora del este lunes, tenía el control de la Secretaría de Seguridad de Brasil porque el titular, Anderson Torres, quien ya ha sido cesado, se encontraba de vacaciones en Estados Unidos. Por su parte, Rocha también ha sido apartado temporalmente por orden del juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes.

Tras los incidentes del domingo, Rocha grabó un video de disculpas por lo sucedido, reconociendo que no evaluó el riesgo de aquellas protestas "tomarían las proporciones que tomaron". 

Los medios de comunicación destacaron las dudas frente a los masivos asaltos del domingo. El editorialista Eliomar de Lima, en una crónica para el diario O Povo de Fortaleza tituló “Tragedia más que anunciada en Brasil”, mientras que el diario O Estado de Sao Paulo destacó "la facilidad sorprendente con la que los vándalos invadieron los sitios de poder en Brasilia, en el peor ataque contra la democracia brasileña desde el final de la dictadura militar (1964-1985)".

Las dudas también planean sobre los servicios de inteligencia del Estado. La actitud de algunos policías también fue cuestionada, a través de videos que muestran a agentes filmando la invasión con sus teléfonos en lugar de intervenir.

Lula, al mando

Tras estos multitudinarios asaltos a Planalto, el Congreso y el Tribunal Supremo, que fueron recuperados horas después por las fuerzas de seguridad, el presidente Lula da Silva, volvió en la noche del domingo a la sede presidencial y ayer se reunió con los titulares de esos poderes públicos para cerrar filas contra “los actos terroristas”. 

En una inusual declaración conjunta, publicada en la cuenta de Twitter de Lula, los jefes del Congreso y del Supremo Tribunal Federal, rechazaron los "actos terroristas, de vandalismo, criminales y golpistas sucedidos la tarde de ayer en Brasilia", al tiempo que convocaron “a la sociedad a mantener la serenidad, en defensa de la paz y la democracia”.

Los actos del domingo fueron condenados al unísono por la comunidad internacional, desde los gobiernos de Estados Unidos y Francia hasta Rusia y China, así como por el propio expresidente derechista Jair Bolsonaro, quien rechazó las acusaciones sin fundamento que le hiciera Lula da Silva.

Las autoridades brasileñas aceleran las investigaciones para encontrar a los responsables de los disturbios y a sus eventuales financiadores. Hasta ayer se había detenido a unas 1.500 personas, informó el ministro de Justicia Dino, precisando que la mayoría de ellos estaban en un campamento en Brasilia desde donde salieron buena parte de los atacantes.

Cientos de policías y militares fueron desplegados ayer en diferentes puntos del país, como Brasilia, Rio y Sao Paulo, para desmantelar estructuras similares, desde donde hace dos meses se exigía una intervención militar que pretendía impedir el regreso de Lula al poder.

El despeje respondió a una orden de un juez de la Corte Suprema para desocupar totalmente "en 24 horas" las acampadas, levantadas frente a cuarteles militares por seguidores de Bolsonaro descontentos por su estrecha derrota ante Lula en el balotaje presidencial del 30 de octubre. 

De otra parte, el expresidente del Senado, Renan Calheiros, confirmó que se está trabajando en el Congreso para formar una comisión de investigación sobre el papel que habría desempeñado el expresidente Jair Bolsonaro en la crisis política y que una de sus primeras medidas será la de reclamar su regreso a Brasil porque, como se sabe, está desde finales de diciembre en Estados Unidos.

"Bolsonaro puede y va a ser convocado. Tiene que venir a responder por los crímenes que cometió. Además de esto, él ahora será investigado en primera instancia", confirmó Calheiros al diario económico 'Valor'.

Calheiros, quien ya participó en la comisión especial encargada de investigar la gestión del gobierno de Bolsonaro durante la crisis del coronavirus, ha señalado que confía en que para principios de febrero puedan dar comienzo los trabajos de este nuevo comité parlamentario.

Anticipó que nadie dejará de ser investigado. "Hay que ser objetivos…Tenemos la oportunidad de investigar todo, quiénes en las Fuerzas Armadas colaboró, qué empresarios financiaron estos actos, quién en la clase política ayudó".

Nadie esperaba que el descontento político contra Lula se diera tan masiva y rápidamente (una semana después de asumir la presidencia). Otros gobiernos de izquierda en la región, como el de Gabriel Boric en Chile o el de Pedro Castillo en Perú (hoy encarcelado) tuvieron su campanazo de alerta con un fuerte y también rápido bajonazo en su popularidad. Y todo ello evidencia, como lo dijo el papa Francisco, un debilitamiento en la democracia. /Redacción internacional con agencias