El senador Antonio Zabaraín promoverá regular el uso de estas herramientas tecnológicas para preservar el buen nombre de las personas

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Vuelve y juega. El Congreso de la República buscará evitar que al amparo del anonimato que ofrecen las redes sociales se mancille el buen nombre de las personas e instituciones, y para ello se está pensando en un mecanismo que nunca dejará de ser polémico: la regulación del uso de las redes sociales.

Esta vez, quien plantea esa posibilidad es el senador de Cambio Radical, Antonio Zabaraín, el mismo que fue duramente cuestionado en las redes sociales en noviembre pasado con motivo del debate de control político al fiscal Néstor Humberto Martínez.

En esa oportunidad, el legislador tuvo que salir a desmentir que estuviera ebrio cuando hizo su intervención en defensa del jefe del ente acusador, pues utilizó una diatriba de citas históricas no todas precisas.

Zabaraín volvió a encender la polémica esta semana en un programa radial cuando le preguntaron su opinión sobre las críticas que ha recibido el fiscal Martínez Neira.

Su respuesta no pudo ser más controversial: “Lo que hay permanentemente, en las redes sociales, es una falta de respeto con las personas y con la institucionalidad. Hay que ver qué se hace para controlar las redes sociales. Es que las redes dejaron de ser sociales y, lamentablemente, se convirtieron en el arma predilecta de muchos antisociales. Esto se volvió demencial”.

Ante la avalancha de críticas, justamente en las redes, el parlamentario agregó en su cuenta de Twitter que “regularemos el uso de redes sociales. Legislaremos para que estas no sean un instrumento al servicio de resentidos sociales y sicarios morales”.

El comentario revivió el debate sobre los límites a la libertad de expresión en la Internet tomando como base un proyecto que ya fue radicado en octubre pasado por el senador del Partido de La U, José David Name.

Esta iniciativa –proyecto de ley No. 179/S de 2018 de Protección contra publicaciones abusivas en redes sociales- busca que por vía legal establecer una regulación nacional para proteger a los usuarios de Internet de “publicaciones abusivas, calumniosas e injuriantes que atenten contra los derechos fundamentales”.

Según Name, se trata de proteger el buen nombre de las personas ante posibles calumnias. “El aumento reciente de casos reportados de personas que han sido injuriadas o calumniadas por medio de redes sociales, y en general a través de plataformas en la web, hacen necesario crear un marco jurídico que permita a los afectados acudir a las autoridades correspondientes, incluidos los prestadores de servicios en la web, para que resuelvan de forma expedita las solicitudes de eliminación del contenido injurioso o calumnioso”, señaló el congresista al radicar la iniciativa.

Name, sin embargo, explicó que el proyecto respeta los límites impuestos por la Corte Constitucional y por los convenios internacionales relacionados con la protección al derecho a la libre expresión.

Antecedentes

El senador Zabaraín, consultado sobre la posible censura de prensa y a la libertad de expresión, advirtió que lo único que pretende es “buscar un mecanismo para que no se vulnere la buena imagen de las personas, que las respeten, que se respete al ser humano. Aquí la gente es agresiva, se esconde en el anonimato de las redes sociales”.

Pero no es la primera vez que por vía legal se pretende regular el uso de las redes sociales y las herramientas tecnológicas.

Al respecto, existen varias sentencias de la Corte Constitucional sobre el tema. En una decisión de tutela de 2017, la corporación consideró que las personas “son responsables de las publicaciones que hagan en redes sociales, tras advertir que “la libertad de información implica que el mensaje, dato, noticia o comunicación difundido sea contrastado con las fuentes y fundamentado en hechos reales”.

En la Sentencia T-050/16, la Corte Constitucional estableció que la libertad de expresión también tiene límites: “La libertad de expresión no es un derecho que carece de límites…el uso de frases injuriosas, insultos, expresiones desproporcionadas y humillantes, puede vulnerar los derechos fundamentales de terceros”.

Otro ejemplo. En marzo del año pasado, el Tribunal Superior de Bogotá le ordenó al senador y expresidente Álvaro Uribe rectificar sus afirmaciones en un trino en el que calificó al periodista Daniel Coronell de tener “actitud mafiosa”, y lo conminó a “no estigmatizar, exponer al odio o atribuir hechos falsos a periodistas”.

Proyectos innecesarios

Según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), el proyecto del senador Name es inviable e inconstitucional porque viola la libertad de expresión.

“Lo que está detrás de este proyecto, y seguramente lo que busca también el senador Zabaraín, es limitar la libertad de expresión. El Estado no puede ingresar a la cabeza de las personas y decirles qué es legal o ilegal, lo que se requiere en un Estado democrático, que aprendamos a vivir con todo tipo de expresiones”, dijo a EL NUEVO SIGLO, Luisa Fernanda Isaza, coordinadora de Defensa y Atención de Periodistas de la FLIP.

Mientras tanto, el expresidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, recordó que el ejercicio de la libertad de expresión está garantizado en el Artículo 20 de la Constitución, que establece que no habrá censura.

Asimismo indicó que “de manera que una regulación que permita a las autoridades intervenir respecto de una expresión u opinión implica censura y está prohibida en la Carta”.

Hernández Galindo, no obstante, está de acuerdo en que debe haber autorregulación en el uso de las redes sociales.

“No hay que olvidar que existe una responsabilidad, incluso penal y administrativa, cuando se amenaza de muerte o se calumnia o se lanzan frases injuriosas contra una persona o hay instigación al delito, etc.”, concluyó,