En el presupuesto de este año para el sector de salud y protección social, $50,2 billones son para el funcionamiento del sector, en atención, suministros, medicación, especialistas, respaldo a los hospitales y centros públicos.

Ese total, hoy, no tiene en cuenta lo que se está perfilando con el proyecto de reforma a la salud, que, según costos extraoficiales, llegaría a $40 billones, es decir, dos veces lo que debe dejar cada año la reforma tributaria.

Con exactitud hoy nadie sabe en cuánto saldrá la reforma. EL NUEVO SIGLO consultó con el exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo, quien dijo: “Nadie sabe exactamente cuánto cuesta. La ministra Corcho ha dicho que es cero o insignificante. Otros cálculos hablan de $40 billones. Sería bueno que el ministro de Hacienda se pronunciara”.

Pero pese a que la jefe de la cartera de Salud precisa que en el tiempo el costo de la reforma será de cero, en la misma exposición de motivos, en el proyecto presentado al Congreso, se establece que los costos de llevarlo a cabo ascienden a $51,89 billones, un monto que representa el recaudo esperado de más de dos reformas tributarias como la que aprobó el Congreso el año pasado ($19,7 billones).

De ese total, $24,86 billones son para la prestación de servicios primarios (anual), $11,32 billones para la infraestructura, $9 billones para la formalización de trabajadores del sector salud, hasta $5,7 billones para la capitalización de la Nueva EPS como el gran receptor de afiliados (estaría contemplado en el PND), $1,01 billones para el funcionamiento de la Adres como pagador único (anual), y $73.000 millones para la inversión en el sistema de información.

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, quien no se ha observado en los eventos respectivos a esta reforma, aún no se ha pronunciado frente a los costos fiscales del proyecto que se discute en la Comisión Séptima del Senado y la Cámara de Representantes.

El personal

La iniciativa exige la formalización del personal de salud, la creación de nueva infraestructura, la transformación de la Adres y la disposición de Nueva EPS como receptora de afiliados durante la transición del sistema.

Aunque el articulado no determina el tiempo de la transición del modelo, en los anexos –donde se relacionan las cifras– se proyectan recursos hasta 2033. Es decir, la mayoría de los cálculos económicos se hicieron a diez años.

La ministra de Salud, Carolina Corcho, explicó que varios de estos recursos ya los tiene el sistema. "Por ejemplo, los $16,7 billones que se le darán a la Nueva EPS son los mismos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) (que es lo que paga el Gobierno por la atención de cada paciente), y la transformación de la Adres cuesta $1,3 billones, pero hoy las EPS cobran $6,6 billones por administrar", agregó la jefe de cartera.

Asimismo, la formalización del personal asistencial y administrativo de 928 hospitales públicos está proyectada para cuatro años. A 2023, el costo de la contratación por prestación de servicios es de $5,61 billones. La formalización laboral de estos trabajadores requiere $9 billones. Es decir, el costo fiscal neto de formalizar el talento humano en salud sería de $3,39 billones.

Infraestructura

Respecto a los costos de infraestructura, el Gobierno calcula que la inversión para los Centros de Atención Primaria (CAP) para este año será de $1,5 billones. Esos recursos se sostendrán durante diez años, a una tasa de crecimiento de 1,1% anual.

La transformación de Adres, que es una especie de banco de la salud que asumirá las funciones de administrador, pagador, organizador, gestor y contratante, implica crear siete sedes regionales y 33 oficinas departamentales. En este punto se calculó el costo con distintos escenarios que proyectan recursos entre $1 billón y $3,1 billones.

El proyecto de ley establece que las EPS no podrán dejar de afiliar y atender hasta que se realice la entrega ordenada de sus afiliados a los Centros de Atención Primaria. Durante esta transición, la Nueva EPS asumirá preferentemente el aseguramiento de 11,4 millones de diez EPS que está proyectado que se retiren, de los cuales 3,3 millones harían parte del régimen contributivo y los restantes 8,1 millones serían del régimen subsidiado. Por asumir esta operación, el Gobierno le dará $16,7 billones a la Nueva EPS.

Asimismo, la creación de un nuevo sistema de información se calcula que costará $73.000 millones.

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Presupuesto

El artículo 144 de la reforma precisa que las normas de dicha ley que afecten recursos del Presupuesto General de la Nación deberán sujetarse a las disponibilidades presupuestales, al Marco de Gasto de Mediano Plazo y al Marco Fiscal de Mediano Plazo. Por su parte, el artículo 151 le da facultades extraordinarias al presidente de la República, Gustavo Petro, para dictar las disposiciones y realizar las operaciones presupuestales que se requiera para capitalizar a la Nueva EPS en el periodo de transición, así como dictar las disposiciones orgánicas que corresponda para su adecuada operación.

Aunque no se habla de rubros por cada fuente, los recursos fiscales saldrán del Presupuesto General de la Nación, del Sistema General de Participaciones, de las rentas cedidas a las entidades territoriales por la operación y explotación de monopolios rentísticos y de los recursos propios de los departamentos y municipios. Por su parte, los recursos parafiscales comprenden los aportes de los cotizantes al régimen contributivo y los recursos del subsidio familiar que recaudan las Cajas de Compensación Familiar.

Otras cuentas

Sin embargo, con la reforma se hacen otras cuentas. Gustavo Campillo, presidente de la Fundación Red de Apoyo Social, dijo a varios medios que la sola construcción de 680 Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) costaría alrededor de $50 billones, es decir, más de dos reformas tributarias.

Al respecto Campillo, como representante de la entidad dedicada a la protección de los derechos de los usuarios en salud, dijo: “Esta no es una reforma. Es arrasar el sistema y arrancar de cero”.

Además, uno de los anexos del proyecto señaló que se fortalecerá el desarrollo de la infraestructura hospitalaria de Empresas Sociales del Estado de carácter nacional, de alta complejidad e impacto, estratégicas para el tratamiento de enfermedades que requieren de una atención altamente especializada, con tecnología médica de avanzada.

Para esta tarea se contemplan inversiones por $11,3 billones entre 2023 y 2026, mientras que el artículo 32 de la iniciativa menciona la estructuración de un Plan Nacional de Equipamiento en Salud, que se actualizaría entre 5 y 10 años, el cual se financiará con los recursos de una cuenta, pero sin fijarse el monto (ver gráfico).

Otro ejemplo de cómo se aumentarán los gastos del sector salud tiene que ver con la diferenciación del valor actual de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) planteada en la reforma. En este punto la intención es igualar los dos regímenes de salud, contributivo y subsidiado, y unificar el valor de la UPC, lo que demandaría otros $26 billones.

No obstante, Campillo y otros expertos de la salud insisten en que el sector tiene, como mínimo, un déficit anual de 1 punto del PIB ($11,7 billones), lo que equivale a decir que el gasto debería estar al menos en más de $74,5 billones.

Comparaciones con la OCDE

El texto del proyecto de ley señala que el promedio de gasto en salud de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) fue 12,5 puntos porcentuales del PIB, y el de América Latina y el Caribe es de 8,0 %.

También señala que las fuentes de financiamiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) pasaron en Colombia de 4,7 % del PIB en 2018 a 5,4 % en 2023 (año de partida de la reforma) y ascenderían 5,7 % en 2026, año de finalización del gobierno actual.

Según esa cuenta, el gasto en salud en el país es de $63,5 billones al año, cuando debería ser de $147,1 billones para estar en el nivel OCDE o de $94,1 billones para estar en el rango latinoamericano.