Mientras que el partido Farc y otros sectores insisten en que el gobierno Duque no ha cumplido con la implementación del acuerdo de paz con esa guerrilla, el Ejecutivo replica que eso no es cierto y que, incluso, en algunos temas ha ido más allá de lo pactado.
Por lo menos así lo indica el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, quien hizo para EL NUEVO SIGLO un balance de los asuntos en los que el Gobierno ha ido más allá de lo pactado en La Habana.
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También aclaró Archila que “hay un montonón de temas que el país debió haber abordado con o sin acuerdos, desde hace décadas”.
Entre los primeros asuntos a los que se refirió Archila está “el proceso de reincorporación de los excombatientes. Básicamente todo lo que hay hoy en día es porque el presidente Duque entendió que para poder acompañar a 13.000 excombatientes había que ir más allá a lo que estaba previsto en la legislación”.
“Las garantías para los excombatientes, casi todas, si no todas, estaban previstas para terminar en agosto del año antepasado. Nosotros las incluimos en el Plan Nacional de Desarrollo, para seguir dándoles el apoyo financiero a la totalidad de ellos y a los que están en los Espacios Territoriales, que son alrededor de 3.000. Seguir con la protección, con el pago de los arriendos, el suministro de alimentos, el suministro de frutos secos, el sistema especial de salud y todo lo que hemos hecho alrededor del Covid”, explicó.
En el informe de la Consejería, que cubre 28 meses de gestión, de agosto de 2018 a diciembre de 2020, se señaló que “el Gobierno nacional ha tomado la determinación de avanzar hacia una figura permanente en el marco del ordenamiento territorial. Se han dispuesto $16.000 millones para la compra de predios”.
En este tiempo, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), que administra 24 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), “ha destinado recursos por valor de $54.771.684.148 pesos con el fin de atender los gastos de personal, arriendos, mantenimiento y suministros, a fin de garantizar las condiciones necesarias para el correcto funcionamiento de los antiguos ETCR; como también aquellos derivados de los procesos de reubicación y transformación de estos lugares”.
Según Archila, en la reincorporación de los excombatientes, el Gobierno incluyó garantías no contempladas, como es el caso de la vivienda, tema en el que “cambiamos la ley de la destinación de los bienes que tiene la SAE. Tenemos 500 lotes para sus viviendas y sus proyectos productivos. Estamos comprando la mitad de los antiguos Espacios Territoriales y los otros los vamos a trasladar a otros lotes puestos por nosotros. Eso que acabo de mencionar tampoco estaba en los acuerdos”.
El informe indica que para el tema de vivienda fueron objeto principal de interés 2.974 personas identificadas por el Registro Nacional de Reincorporación (RNR) antiguos ETCR.
También reseña el informe que el Ministerio de Agricultura “realizó la adjudicación condicionada de 501 subsidios familiares de vivienda rural (SFVISR) a igual número de personas en reincorporación”, en tanto que para la intervención en los antiguos ETCR de Santa Lucía (Mutatá), Filipinas (Arauquita), La Fila (Icononzo), Llano Grande (Dabeiba) y Los Monos (Caldono), el Ministerio de Vivienda “destinó la suma de $1.987.133.401 para realizar los estudios de prefactibilidad de los antiguos ETCR referenciados, para lo cual celebró un convenio con la Universidad Nacional con sede en Medellín”.
Narcocultivos
Un campo en el que también el Gobierno ha ido más allá de los acuerdos es el de los cultivos ilícitos. Manifestó Archila que “en el caso de las 100.000 familias que están en proceso de sustitución voluntaria de cultivos, lo que ocurrió es que cuando llegamos se les había hecho a ellos una cantidad de promesas sin los contratos para la asistencia técnica, sin los contratos para los proyectos productivos, sin los proveedores locales para las huertas caseras y, más grave, sin los recursos. Ese programa vale unos $3 billones y habían conseguido apenas $500.000 millones. Nosotros hemos invertido en ellos más de $1 billón y gracias a eso están esas 100.000 familias dejando la coca”.
“Por encima de eso”, agregó, “creamos otros mecanismos de sustitución de cultivos como el formalizar para sustituir, que implica que se entrega la titularidad de los predios o el derecho de uso para que no tengan que volver a cultivar coca; también el de pago por servicios ambientales, que es por ejemplo lo que tenemos en el Catatumbo con la Fundación Buffet. Ahí hay alrededor de 1.500 familias nuevas”.
Archila también indicó que “en el tema de catastro lo que había cuando llegamos eran dos intentos de ley. Ninguno de los dos pasó. Nosotros entendimos que no se necesitaba una ley. Expedimos un documento Conpes, conseguimos un préstamo de 150 millones de dólares, le quitamos el monopolio al IGAC, convertimos el catastro en un servicio público, previmos las reglas para que hubiera nuevos oferentes catastrales, hoy en día hay un número plural. Vamos a llegar a 70 municipios con ese préstamo. Eso ha atraído la cooperación internacional. Están ayudándonos los Estados Unidos con otros nueve municipios en el Tolima; nos están ayudando los ingleses con más; nos están ayudando los alemanes, los holandeses…”.
Finalmente, anotó, “tenemos los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial. Esos son 150 municipios que están agrupados en 16 regiones. Cuando llegamos lo que había era una idea. Había dos de esos formulados. Nosotros formulamos en este tiempo los 14 restantes. No había ni un peso. Cero pesos destinados a cumplir con 33.000 iniciativas de las comunidades, esos pueden ser 150.000 proyectos. Hicimos un cambio de la ley y de la Constitución para poder usar el 7% de las regalías. Hicimos el cambio de un esquema que, ese sí venía del ministro Pardo, permite obras por impuestos”.
Fuentes de la Consejería plantearon que “en 2020 obras PDET continuó su ritmo de la mano de las comunidades: 406 proyectos entregados y 600 en estructuración. 1.051 proyectos terminados en el actual Gobierno, más de uno por día”.
Apuntaron que “en 2020 terminamos 406 obras PDET frente a 419 en 2019. Además, estructuramos 600 proyectos para seguir nuestro ritmo de avance. Y estábamos en confinamiento”.
“Entre uno y otro, el marcador presupuestal, que tampoco existía antes, y la cooperación internacional, estamos ejecutando $4,9 billones para esos municipios. Esa plata es como la tercera parte del valor del Metro y nunca habían soñado los 6,5 millones de colombianos que viven en esos territorios obtener algo parecido”, puntualizó el Consejero Presidencial.