Luego de que la Corte Constitucional determinara que el aborto en Colombia no está penalizado sino hasta la semana 24 de embarazo, varios dirigentes de la clase política colombiana han manifestado su intención de liderar un referendo que solo garantice esta práctica en las tres condiciones dadas por el tribunal en 2006 (peligro para la salud de la mujer, malformación del feto y acceso carnal violento).

Justamente, ante la Registraduría Nacional fue radicada una propuesta liderada por las candidatas al Congreso del Partido Liberal Sara Castellanos y Clara Lucía Sandoval, en la que se espera que esta sea respaldada por seis millones de colombianos.

“Se tienen que presentar por lo menos tres millones de firmas, pero obviamente sabemos que tenemos que ir por más, le estamos apuntando a más de seis millones de firmas para recoger. Lo que hemos visto a lo largo del territorio colombiano es indignación, al saber que un bebé de 24 semanas puede ser abortado”, expresó Castellanos.

Agregó que se planea modificar el artículo 11 de la Constitución Política, donde se enfatizará en la inviolabilidad del derecho a la vida. “Nosotros lo que queremos es poder ampliar ese derecho y que con este referendo los colombianos decidan que el derecho a la vida es inviolable desde la concepción, eso es lo que promovemos”, declaró.

Castellanos advirtió que “si bien este mecanismo de participación ciudadana debe ser revisado por la Corte Constitucional, los magistrados que votaron a favor de la despenalización del aborto tendrían que declararse impedidos para estudiar esta iniciativa (…) la mayoría de los colombianos no está de acuerdo con el aborto, entonces dejemos que el pueblo colombiano sea el que decida”.

En caso de ser avalada la proposición por la Registraduría, se espera que la recolección de firmas inicie en las próximas semanas, donde se busca que los colombianos acudan a las urnas y expresen su posición frente al tema.

Otras propuestas 

De igual forma, varios congresistas también manifestaron su intención de promover un referendo constitucional frente a la decisión de la Corte Constitucional sobre la despenalización del aborto en Colombia.

El presidente del Senado, Juan Diego Gómez, afirmó que el ente legislativo también se debe pronunciar sobre el tema, considerando que el tribunal actuó en contravía de los principios constitucionales, por lo que solicitó una revisión profunda.

“Pertenezco al Partido Conservador, que es un movimiento provida. No podemos aceptar esta decisión de la Corte Constitucional y se hace imperante que el Congreso se pronuncie al respecto. Pero, adicionalmente, deberíamos llevar esta decisión a un referendo con los colombianos, para que sean los ciudadanos quienes decidan frente a este tema en particular. Esto no es Colombia, estos no son nuestros principios, y creo que debemos revisar este tema de fondo”, expresó.

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Asimismo, la senadora María del Rosario Guerra, del partido Centro Democrático, indicó que no solamente impulsará esta figura ante la Registraduría, sino que, una vez se retomen las sesiones ordinarias del Congreso, continuará con su proyecto de ley que reglamentaría la objeción de conciencia.

“Con la decisión de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto dentro de los primeros seis meses de gestación, usurpando funciones del Congreso, que es el llamado a crear y a reglamentar derechos (…) no nos deja más camino que apelar al pueblo colombiano”, afirmó.

Posición del Gobierno

Frente a la posibilidad de realizar un referendo para rebatir la decisión de la Corte, el presidente Iván Duque le dijo a Semana que estaba de acuerdo con este mecanismo de participación ciudadana, pero sostuvo que es necesario tramitar una ley que debe pasar por la revisión del alto tribunal.

“A mí la idea del referendo me gusta como una propuesta para generar un debate sano y argumental en la sociedad, pero vuelvo y explico que la decisión que se ha tomado, cada vez que un referendo requiere de una ley, y esa ley de una revisión de la Corte, me parece que esta decisión también está limitando los mecanismos de participación ciudadana sobre esta materia”, manifestó el Jefe de Estado.

Por su parte, la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, indicó que "es apremiante una regulación del Congreso de la República que permita la razonabilidad y racionalidad de la práctica del aborto”, al considerar que la decisión de la Corte, “más que despenalizar el aborto, legitima la muerte de un ser humano formado, con una gestación de 24 semanas, que está en condiciones de sufrir dolor”.

Mientras que la Conferencia Episcopal de Colombia consideró que “la reivindicación de un derecho deja de ser legítima si implica negar o atropellar los derechos del prójimo. No se puede ocultar o minimizar el hecho de que todo embarazo implica la existencia de otro ser humano, distinto de la madre, en condiciones de indefensión y vulnerabilidad (…) tutelar el supuesto derecho a suprimir una vida humana inocente, pone en riesgo el fundamento mismo de nuestro orden social y del Estado de Derecho. El aborto directo es un acto inmoral y una práctica violenta contraria a la vida”.

Magistrados que salvaron voto

Los magistrados Cristina Pardo, Jorge Enrique Ibáñez, Paola Meneses y Gloria Ortiz aseguraron que salvaron su voto en el debate sobre la despenalización del aborto en la Corte Constitucional porque hubo ‘cosa juzgada’ frente a la determinación dada en la Sentencia C-007 de 2006.

Entre los argumentos expuestos para reafirmar su decisión estuvo el hecho de considerar el derecho fundamental a la vida humana, ninguna modificación a la sentencia mencionada o el despojo de funciones al Congreso y Gobierno nacional sobre políticas que eviten la desprotección a este grupo poblacional.